El sondeo muestra una fuerte resistencia ciudadana a vender parte de la cuprífera, aunque registra mayor apertura a las asociaciones con compañías privadas para desarrollar yacimientos.
El 75% de los encuestados considera que Codelco debe continuar siendo completamente propiedad del Estado, una señal que instala una barrera política relevante frente a las propuestas de incorporar capital privado a la mayor empresa minera del país.
Los resultados corresponden al más reciente Termómetro Político de Descifra, publicado el 31 de julio, en medio del debate abierto por sectores políticos que han planteado vender una participación de la Corporación Nacional del Cobre como mecanismo para obtener recursos, reforzar su gestión y enfrentar sus crecientes necesidades financieras.
Solo un 24% se manifestó favorable a abrir una parte de la propiedad de la estatal a inversionistas privados. La diferencia refleja que, pese a los cuestionamientos sobre los costos, la deuda y el desempeño productivo de la compañía, la mayoría de la ciudadanía continúa asociando el control público de Codelco con la administración de un recurso estratégico para Chile.
El rechazo se mantiene incluso cuando la propuesta de apertura es presentada como una fórmula limitada para incorporar capital y mejorar la rentabilidad. Ante esa alternativa, el 71% expresó desacuerdo, mientras un 25% respaldó la posibilidad de vender una fracción de la minera.
Asociaciones privadas generan una respuesta distinta
El escenario cambia cuando la participación privada no implica modificar directamente la propiedad de Codelco.
Un 52% de los consultados considera favorable que la corporación se asocie con empresas mineras privadas para explotar yacimientos en conjunto, frente a un 44% que rechaza esa estrategia.
La diferencia entre ambas respuestas resulta relevante para la industria. Mientras existe una oposición mayoritaria a vender acciones o participaciones de la estatal, aparece una disposición más amplia a utilizar alianzas empresariales para desarrollar proyectos específicos, compartir inversiones y distribuir riesgos operacionales.
Este tipo de estructuras no es ajeno al sector minero chileno. Codelco participa en iniciativas con terceros y mantiene acuerdos de colaboración que permiten acceder a financiamiento, conocimiento técnico, infraestructura o activos complementarios sin que el Estado pierda el control de la corporación.
El respaldo relativo a las asociaciones abre espacio para discutir alternativas distintas a la privatización. Entre ellas se encuentran las sociedades por proyecto, acuerdos para explotar pertenencias mineras, colaboración tecnológica, contratos de largo plazo y modelos conjuntos para infraestructura, energía, agua o procesamiento de minerales.
Para Codelco, estas fórmulas pueden adquirir mayor relevancia ante la magnitud de los recursos requeridos para reemplazar yacimientos envejecidos, modernizar instalaciones y sostener su producción de cobre durante las próximas décadas.
La deuda y el desempeño presionan el debate
La discusión sobre la propiedad de la empresa se intensificó luego de que el presidente de su directorio, Bernardo Fontaine, situara la deuda de Codelco en torno a US$25.000 millones y advirtiera sobre la necesidad de introducir cambios estructurales para mejorar sus resultados.
El nivel de endeudamiento limita el margen financiero de la corporación en un momento especialmente exigente. La estatal debe ejecutar proyectos para extender la vida útil de sus principales divisiones, recuperar producción y reducir costos, mientras mantiene transferencias al fisco y enfrenta mayores exigencias operacionales, ambientales y tecnológicas.
Codelco también debe administrar una cartera de inversiones de largo plazo que incluye iniciativas subterráneas, ampliaciones de minas, renovación de plantas, nuevas obras de infraestructura y proyectos asociados al abastecimiento de agua y energía.
La presión financiera ha llevado a distintos actores a proponer una revisión de su estructura de propiedad. Los defensores de una apertura parcial sostienen que el ingreso de capital privado permitiría disminuir las necesidades de endeudamiento, introducir nuevos estándares de gestión y fortalecer la fiscalización sobre las decisiones de inversión.
Quienes rechazan esa alternativa advierten que vender parte de la compañía reduciría el control estatal sobre un activo estratégico y podría disminuir la proporción de los excedentes futuros que recibe el país. También plantean que los problemas operacionales pueden abordarse mediante cambios de administración, disciplina financiera y mayor autonomía empresarial, sin modificar la propiedad.
Ciudadanía atribuye los problemas a la influencia política
La encuesta también consultó por las causas de las dificultades que enfrenta la corporación. Un 80% atribuyó sus problemas a la existencia de intereses políticos que afectan sus resultados, mientras un 16% los relacionó principalmente con factores económicos externos.
La percepción representa una señal crítica para la gobernanza de Codelco. El resultado sugiere que una parte importante de la ciudadanía no identifica la propiedad estatal como el problema principal, sino la interferencia política en la administración y en las decisiones estratégicas de la compañía.
Este diagnóstico desplaza el foco hacia la composición del directorio, la selección de ejecutivos, la continuidad de los planes de inversión y la capacidad de mantener criterios técnicos más allá de los ciclos de gobierno.
Para una empresa que desarrolla proyectos cuya construcción puede prolongarse durante varios años, los cambios frecuentes de prioridades pueden traducirse en mayores costos, atrasos y dificultades para cumplir metas productivas. La continuidad de las decisiones resulta especialmente relevante en operaciones complejas, donde las inversiones realizadas hoy determinan la producción disponible durante la próxima década.
La ciudadanía también se mostró escéptica frente al supuesto efecto de la inversión privada sobre la administración. Un 66% considera que una eventual apertura de la propiedad no mejoraría la transparencia ni la gestión, mientras un 30% cree que sí produciría avances en esas materias.
Modernización sin perder el control estatal
El sondeo muestra que el debate no se limita a una evaluación financiera. Para el 67% de los encuestados, abrir la discusión sobre la propiedad de Codelco representa una amenaza al control estatal de un recurso estratégico. Un 29%, en cambio, considera que el debate es necesario para modernizar la empresa.
Los resultados evidencian que cualquier propuesta destinada a modificar la estructura de propiedad enfrentaría una resistencia social considerable. También indican que los argumentos centrados exclusivamente en capitalización, eficiencia o rentabilidad no han logrado desplazar la valoración histórica de Codelco como patrimonio público.
La discusión podría orientarse, por tanto, hacia mecanismos de modernización que no impliquen una venta. Entre los asuntos que deberá abordar la industria se encuentran el fortalecimiento del gobierno corporativo, la evaluación rigurosa de proyectos, el control de costos, la productividad laboral y la definición de una política de reinversión compatible con las necesidades del Estado.
Otro punto central será la relación financiera entre Codelco y el fisco. Durante décadas, la corporación ha transferido recursos públicos relevantes, pero ese aporte también ha restringido su capacidad para financiar internamente nuevas operaciones. La búsqueda de un equilibrio entre excedentes fiscales y reinversión será decisiva para reducir la dependencia de deuda.
Una señal para las futuras decisiones mineras
El respaldo ciudadano a la propiedad estatal no elimina las dificultades que enfrenta Codelco. La compañía debe mejorar su producción, controlar gastos y ejecutar proyectos estructurales en un escenario marcado por minas maduras, menores leyes minerales y mayores requerimientos ambientales.
La encuesta sí delimita el espacio político disponible. La privatización total o parcial aparece como una alternativa con bajo respaldo, mientras las asociaciones por proyecto obtienen una recepción comparativamente más favorable.
Para el sector minero, esta diferencia puede definir el rumbo de las próximas decisiones. El desafío será atraer inversión, tecnología y capacidad operativa sin debilitar el control estatal que la mayoría de la ciudadanía busca conservar.
Codelco seguirá bajo presión para demostrar que su condición de empresa pública es compatible con eficiencia, disciplina financiera y continuidad productiva. El resultado de ese proceso tendrá efectos directos sobre los ingresos fiscales, la cadena de proveedores, el empleo minero y la capacidad de Chile para sostener su posición entre los principales productores mundiales de cobre.