Expulsiones de inmigrantes se ha convertido en el eje prioritario del gobierno de José Antonio Kast a menos de un mes de iniciado su mandato, en un intento por retomar el control de la agenda política y responder a una de sus principales promesas de campaña. Tras semanas marcadas por presiones económicas —como el alza de los combustibles— y una baja en la aprobación ciudadana, La Moneda busca dar una señal concreta con el inicio de vuelos de deportación durante abril. El desafío no es menor: existen cerca de 46 mil decretos de expulsión vigentes sin ejecutar, en un sistema que arrastra problemas administrativos, trabas operativas y complejidades diplomáticas, especialmente con Venezuela, país que concentra el 60% de los casos. En este escenario, el Ejecutivo apuesta a que el primer operativo no solo tenga impacto práctico, sino también político, instalándose como un hito que marque el rumbo de su política migratoria.
Primeros vuelos y nudos críticos en la implementación
El encargado de ejecutar esta estrategia será el Servicio Nacional de Migraciones, liderado por Frank Sauerbaum, quien confirmó que ya se están realizando gestiones para concretar los primeros vuelos de expulsión en las próximas semanas. Uno de los principales obstáculos es la coordinación con países de destino, particularmente Venezuela, lo que ha retrasado históricamente estos procesos.
A ello se suma un diagnóstico interno complejo. Desde el propio servicio reconocen rezagos administrativos importantes, incluyendo sistemas aún basados en procesos manuales, lo que dificulta acelerar las expulsiones. Este escenario obliga a una modernización operativa paralela a la implementación de medidas urgentes.
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Estrategia combinada: expulsión, fiscalización y salidas voluntarias
El plan del Ejecutivo no se limita a las expulsiones forzadas. La estrategia contempla una combinación de herramientas orientadas a regularizar y ordenar el sistema migratorio, incluyendo:
Ejecución de vuelos de expulsión con coordinación internacional
Programas de retorno voluntario asistido
Fiscalización a empresas que emplean trabajadores en situación irregular
Coordinación interinstitucional con la PDI, el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo
Este enfoque busca no solo reducir el número de migrantes irregulares, sino también desincentivar la informalidad laboral, uno de los factores que contribuyen a la permanencia de extranjeros fuera del sistema legal.
Presión política y expectativas en el oficialismo
La implementación de esta agenda enfrenta crecientes expectativas dentro del propio oficialismo. Parlamentarios han manifestado la necesidad de acelerar los resultados, advirtiendo que la ciudadanía espera medidas concretas en el corto plazo.
Desde el Congreso, si bien existe respaldo a la estrategia, también surgen matices respecto de las prioridades. Algunos sectores plantean que la situación económica —particularmente el costo de la vida— compite directamente con la agenda migratoria en la percepción ciudadana.
Aun así, la mayoría coincide en que el éxito de esta política dependerá de su capacidad de التنفيذ efectiva, especialmente en los primeros 90 días de gobierno, periodo considerado clave para consolidar la credibilidad del Ejecutivo.
Un hito político en desarrollo
El eventual primer vuelo de expulsión se proyecta como un momento simbólico para el gobierno, que buscará capitalizarlo como señal de cumplimiento de compromisos. Más allá del impacto inmediato, el desafío de fondo será sostener una política migratoria consistente en el tiempo, capaz de equilibrar control, legalidad y viabilidad operativa.
En un contexto de alta sensibilidad social frente al fenómeno migratorio, la efectividad de estas medidas no solo incidirá en las cifras, sino también en la percepción de gobernabilidad y capacidad de gestión del Ejecutivo.
