El Ejecutivo informó que todos los menores que figuraban como inubicables en un preinforme de la Contraloría fueron contactados. La PDI señaló que se encuentran en buenas condiciones, con situación regular y, en su mayoría, escolarizados.
El Gobierno confirmó este martes 23 de junio de 2026 que fueron localizados los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que aparecían como “inubicables” en un preinforme de la Contraloría General de la República sobre procesos de reunificación familiar e ingreso al país.
La información fue entregada en un punto de prensa por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, junto al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.
De acuerdo con lo informado, todos los menores fueron contactados y se mantienen en buenas condiciones. Cerna agregó que los niños se encuentran en situación regular y que la mayoría está incorporada al sistema escolar, un antecedente clave para despejar la preocupación inicial generada por el documento preliminar de Contraloría.
Qué había observado Contraloría
El caso se originó a partir de un preinforme de la Contraloría que revisó una muestra de 105 menores haitianos vinculados a procesos de ingreso por reunificación familiar. Según los antecedentes conocidos públicamente, 64 de esos niños no fueron encontrados en los domicilios declarados durante las primeras verificaciones en terreno, lo que activó una respuesta interinstitucional del Estado.
La alerta derivó en diligencias de la PDI, coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y acciones del Servicio Nacional de Migraciones. El SERMIG ya había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un eventual delito de tráfico de menores relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití entre enero y octubre de 2025.
El giro del caso: de “inubicables” a localizados
La actualización entregada por el Gobierno modifica el eje inicial del caso: los menores no fueron reportados ahora como desaparecidos, sino como niños que no habían podido ser ubicados en una primera fiscalización administrativa. La PDI informó que los menores fueron contactados y que se encontraban vinculados a sus familias o adultos responsables.
El director de la PDI, Eduardo Cerna, sostuvo que los niños “se encuentran bien”, en una declaración breve pero relevante para acotar el alcance de la alarma pública. También indicó que su situación migratoria es regular y que, en su mayoría, están escolarizados.
Datos clave
Caso revisado: menores haitianos ingresados bajo procesos de reunificación familiar.
Muestra inicial de Contraloría: 105 menores.
Menores observados como no localizados: 64.
Estado informado por el Gobierno: los 64 fueron localizados.
Instituciones involucradas: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, PDI, Contraloría, SERMIG y Fiscalía.
Situación reportada: buenas condiciones, situación regular y mayoría escolarizada.
Investigación y responsabilidades pendientes
Aunque la localización de los 64 menores reduce la incertidumbre inmediata sobre su paradero, la investigación no queda cerrada. El foco pendiente está en determinar si hubo irregularidades en los procesos de ingreso, documentación, acompañamiento de menores y eventuales responsabilidades de adultos, intermediarios, agencias o entidades que participaron en los traslados.
El Servicio Nacional de Migraciones señaló en su denuncia que las fiscalizaciones conjuntas con Contraloría y la PDI detectaron casos de adultos que habrían ingresado reiteradamente al país como responsables de grupos de niños, niñas y adolescentes haitianos.
Según SERMIG, algunos antecedentes apuntaban a adultos sin vínculos familiares ni de consanguinidad con los menores, lo que motivó la entrega de antecedentes al Ministerio Público.
Ese punto es central: una cosa es el paradero actual de los menores y otra distinta es la trazabilidad administrativa y legal de los procesos mediante los cuales ingresaron al país. La investigación deberá establecer si los procedimientos cumplieron con las exigencias de la Ley de Migración y Extranjería, especialmente en materia de autorizaciones, adultos responsables y resguardo del interés superior del niño.
Por qué importa para el sistema migratorio
El caso expone una debilidad sensible para la administración pública: la capacidad del Estado para cruzar información migratoria, domicilios, registros de salud, escolaridad y protección de infancia. En procesos de reunificación familiar, especialmente cuando involucran menores de edad y vuelos internacionales, la trazabilidad no puede depender solo de registros iniciales o domicilios declarados.
La localización de los niños permite bajar la alarma sobre una eventual desaparición masiva, pero no elimina las preguntas sobre los controles previos, el seguimiento posterior al ingreso y la coordinación entre instituciones.
En este caso, la intervención de Contraloría, PDI, SERMIG, Ministerio de Desarrollo Social y Fiscalía muestra que el problema dejó de ser solo migratorio y pasó a involucrar protección de infancia, persecución penal y gestión administrativa del Estado.
Qué observará ahora la investigación
El siguiente paso estará en el Ministerio Público, que deberá evaluar los antecedentes entregados por SERMIG y las diligencias policiales. También será relevante conocer si el preinforme de Contraloría deriva en un informe final con observaciones administrativas, eventuales responsabilidades funcionarias o recomendaciones para reforzar los controles en procesos de reunificación familiar.
El dato principal de esta jornada es que los 64 menores fueron localizados y se encontrarían en buenas condiciones. Sin embargo, el caso seguirá abierto mientras no se esclarezca si las fallas detectadas respondieron a problemas de registro, descoordinación estatal o eventuales delitos asociados al ingreso de menores al país.
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