La investigación apunta al Servicio de Salud de Arica y Parinacota y a la Delegación Presidencial Regional por fallas detectadas en el almacenamiento, traslado y tratamiento de acetato de etilo incautado en el puerto de Arica.
La gestión de un cargamento de sustancias químicas peligrosas incautado en el norte del país abrió un nuevo frente administrativo en Arica. Contraloría inició procedimientos disciplinarios en el Servicio de Salud de Arica y Parinacota y en la Delegación Presidencial Regional, luego de detectar irregularidades vinculadas al almacenamiento, transporte, inutilización y condiciones de seguridad aplicadas al acetato de etilo.
El compuesto formaba parte de un cargamento decomisado en el puerto de Arica y tiene especial relevancia debido a que se trata de una sustancia química controlada que puede ser utilizada como insumo en procesos vinculados a la producción de drogas. El caso también expone problemas de coordinación entre organismos públicos y deficiencias en el manejo de materiales que, por sus características, requieren estrictos protocolos sanitarios y de seguridad.
Un cargamento incautado que permaneció durante años en Arica
El origen del caso se remonta a una operación conjunta entre la Policía de Investigaciones y Aduanas, que permitió incautar 41 contenedores que se encontraban en tránsito hacia Bolivia y que permanecían rezagados desde 2020 en el terminal portuario de Arica. La carga había sido declarada como precursores químicos.
Dentro de los contenedores se encontraba acetato de etilo, un líquido altamente inflamable y volátil cuya manipulación exige medidas especiales de almacenamiento, transporte y control.
La magnitud del decomiso también elevó la preocupación institucional. Estimaciones policiales asociadas al procedimiento determinaron que la cantidad de sustancia incautada podría haber sido utilizada para elaborar más de 60 toneladas de droga.
El problema no terminó con la incautación. Una parte importante de la carga permaneció durante un período prolongado en el puerto, generando la necesidad de organizar su traslado hacia una instalación capaz de realizar el tratamiento y disposición final.
Contraloría detectó problemas en documentación y coordinación
La fiscalización revisó actuaciones desarrolladas por distintos organismos encargados del manejo de la sustancia.
Uno de los puntos observados corresponde al Servicio de Salud de Arica y Parinacota. No fue posible acreditar que el organismo hubiera remitido a la Fiscalía Local de Alto Hospicio el protocolo del análisis químico requerido para establecer con precisión la naturaleza, composición, contenido y grado de pureza del material.
También se detectaron problemas relacionados con antecedentes sobre sus componentes, efectos y nivel de peligrosidad para la salud pública, materias vinculadas a las exigencias que existen para el control de sustancias relacionadas con la Ley 20.000.
La revisión incluyó una inspección en terreno realizada durante 2025. A julio de ese año todavía permanecían en el terminal portuario 36 contenedores con acetato de etilo almacenado en tambores de 200 litros, una situación que obligaba a mantener medidas especiales debido a las características inflamables y volátiles del producto.
El traslado a Antofagasta quedó bajo cuestionamiento
El plan definido por los organismos involucrados contemplaba transportar los tambores desde Arica hasta una planta ubicada en la Región de Antofagasta, donde debía ejecutarse su tratamiento y disposición final.
La contratación debía ser gestionada mediante trato directo por la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota.
Sin embargo, la fiscalización detectó deficiencias en el seguimiento de ese proceso, incluyendo problemas de coordinación entre instituciones, demoras en la formalización de la contratación y observaciones relacionadas con las normas de compras públicas.
La situación adquirió mayor gravedad porque las empresas involucradas en el traslado y en las primeras etapas del tratamiento del acetato de etilo no figuraban inscritas en el Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas, administrado por el Ministerio del Interior.
Planta receptora no tenía autorización sanitaria para procesar la sustancia
Otro de los puntos relevantes detectados se relaciona con las condiciones de la instalación que recibió el cargamento en Antofagasta.
La planta de la empresa contratada no contaba con una resolución sanitaria que la habilitara para procesar acetato de etilo. Tampoco disponía de las condiciones de seguridad necesarias ni de bodegas adecuadas para almacenar sustancias peligrosas.
También se identificaron incumplimientos durante el transporte desde el puerto de Arica hacia Antofagasta.
A ello se sumó un problema de comunicación institucional: organismos y autoridades de la Región de Antofagasta no habrían sido oportunamente incorporados a la coordinación del traslado y tomaron conocimiento de la llegada del cargamento a través de publicaciones de prensa.
La situación resulta particularmente relevante porque el movimiento de sustancias inflamables entre regiones requiere coordinación operativa, sanitaria y de emergencia, especialmente cuando atraviesa rutas públicas y termina en instalaciones industriales.
Antecedentes fueron enviados a Interior
Los antecedentes de la fiscalización fueron remitidos a la Subsecretaría del Interior para evaluar posibles incumplimientos vinculados a la Ley 20.000 y a la normativa que regula el control de sustancias químicas utilizadas como precursores.
Paralelamente, la Contraloría Regional de Arica y Parinacota mantiene una segunda investigación especial destinada a revisar el proceso de traslado, destrucción y disposición final del cargamento, considerando una contratación aprobada durante 2026.
Los sumarios administrativos deberán determinar eventuales responsabilidades de funcionarios en las decisiones, controles y procedimientos cuestionados.
Por qué el caso importa para Arica y el norte del país
El episodio va más allá de una discusión administrativa. El puerto de Arica cumple un papel estratégico en el tránsito internacional de mercancías y en el comercio con países vecinos, por lo que el control de sustancias químicas, cargas peligrosas y productos en tránsito representa una tarea permanente para organismos policiales, sanitarios, aduaneros y de seguridad.
Cuando una sustancia incautada permanece almacenada durante períodos prolongados, el desafío deja de limitarse al decomiso. El Estado debe garantizar que su custodia, traslado y eliminación se realicen sin generar riesgos adicionales para trabajadores, habitantes, transportistas o instalaciones cercanas.
La investigación ahora deberá establecer si las deficiencias detectadas tuvieron responsabilidades administrativas individuales y si existieron infracciones adicionales a la normativa de control de sustancias químicas.
Para Arica y Antofagasta, el resultado también será relevante porque puede derivar en mayores exigencias de coordinación institucional, trazabilidad y fiscalización para futuros procedimientos relacionados con cargas peligrosas y sustancias químicas controladas que circulen por el norte de Chile.
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