La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Arica y Parinacota aprobó por unanimidad el proyecto de planta desalinizadora de Aguas del Altiplano, perteneciente al holding Aguas Nuevas, que contempla una inversión estimada de US$64,5 millones para reforzar el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Arica.
La iniciativa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el 9 de abril de 2024 y logró superar su proceso de evaluación después de más de dos años. El proyecto considera la construcción de una planta en el sector de Caleta Quiane, en el borde costero sur de Arica, que funcionará como una fuente complementaria a las actuales captaciones de agua potable, en una región que enfrenta dificultades asociadas a la escasez hídrica.
La tramitación había registrado escasos avances desde diciembre de 2025, pero se reactivó durante este año. El 27 de octubre, la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) solicitó a 17 organismos públicos pronunciarse sobre el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), estableciendo como plazo máximo el 2 de noviembre. Todos los servicios consultados manifestaron su conformidad, lo que permitió llevar la iniciativa a votación y obtener su aprobación unánime.
Con este resultado, la construcción podría comenzar en 2027, de acuerdo con el cronograma presentado por la sanitaria durante la evaluación ambiental. Sin embargo, el inicio de las obras todavía está sujeto a los pasos administrativos correspondientes y a la resolución de eventuales reclamaciones.
Aguas del Altiplano destaca nueva fuente de abastecimiento
La aprobación representa un avance para una iniciativa que ha sido discutida durante décadas. La construcción de una desalinizadora en Arica fue anunciada originalmente en 1998, durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, como parte de un conjunto de medidas destinadas a impulsar el desarrollo económico de la entonces provincia.
Tras la decisión de la comisión ambiental, Aguas del Altiplano valoró el resultado y destacó que la infraestructura permitirá fortalecer el sistema sanitario regional, incorporando una fuente adicional de suministro para enfrentar los efectos de la escasez de agua.
El gerente de Regulación y Medio Ambiente del Grupo Aguas Nuevas, Mario Calderón Barbas, sostuvo que "la aprobación ambiental representa un hito clave, ya que la desalinizadora permitirá incorporar una nueva fuente de abastecimiento para consumo humano, fortaleciendo la resiliencia del sistema de producción de agua potable y aportando una alternativa adicional para enfrentar los desafíos hídricos que experimentan las ciudades del norte del país".
La empresa también proyecta que el desarrollo de las obras contribuirá a dinamizar la economía local mediante la generación de empleos durante la construcción y posterior operación de las instalaciones.
No obstante, el proyecto ha enfrentado cuestionamientos de organizaciones de pescadores y mariscadores, que han advertido sobre sus posibles efectos en los recursos marinos del sector. Durante la evaluación, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura solicitó precisar la metodología para identificar los bancos naturales de recursos hidrobiológicos presentes en el área de emplazamiento.
¿Quién financiará la desaladora y qué pasará con las tarifas?
Pese a la aprobación ambiental, el financiamiento de los US$64,5 millones necesarios para construir la planta continúa sin resolverse. La definición es relevante porque el mecanismo elegido podría tener consecuencias sobre las tarifas que pagan los usuarios del servicio de agua potable.
Una alternativa es que Aguas del Altiplano financie directamente la infraestructura, lo que podría traducirse en mayores tarifas para los consumidores, dependiendo de cómo se reconozca esa inversión en el sistema tarifario. El antecedente de Antofagasta, donde se desarrolló una desalinizadora con recursos de la sanitaria concesionaria, forma parte de las experiencias consideradas para evaluar esta posibilidad.
Otra opción es recurrir a un esquema de financiamiento estatal, similar al utilizado en la Región de Atacama. En ese caso, la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios Chile S.A. (ECONSSA) destinó aproximadamente US$150 millones a la construcción de una planta desalinizadora, inaugurada en enero de 2022.
Este último mecanismo aparece entre las alternativas de interés para Aguas del Altiplano. Bajo ese modelo, la sanitaria podría asumir la operación y administración de la infraestructura durante el período restante de su concesión, que vence en 2034, mientras que la propiedad permanecería en manos del Estado. Una vez concluido ese plazo, su operación tendría que definirse conforme a los mecanismos establecidos en la regulación vigente.
También existe el precedente de Coquimbo, donde el Ministerio de Obras Públicas impulsó una licitación para construir una desalinizadora por aproximadamente US$350 millones, mediante un esquema de inversión pública.
Por ahora, no existe una definición formal sobre un eventual aporte estatal para la planta de Arica ni sobre sus posibles consecuencias tarifarias. De esta manera, aunque el proyecto logró superar una de sus principales etapas administrativas, la decisión sobre cómo financiar su construcción sigue siendo determinante para concretar las obras previstas para 2027.
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¿Qué proyecto fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Arica y Parinacota?
La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Arica y Parinacota aprobó el proyecto de planta desalinizadora de Aguas del Altiplano, perteneciente al holding Aguas Nuevas, con una inversión estimada de US$64,5 millones.
¿Dónde se construirá la planta desalinizadora y cuál es su propósito?
La planta desalinizadora se construirá en el sector de Caleta Quiane, en el borde costero sur de Arica, y su propósito es reforzar el abastecimiento de agua potable en una región que enfrenta dificultades por la escasez hídrica.
¿Cuándo podría comenzar la construcción de la planta desalinizadora?
La construcción de la planta desalinizadora podría comenzar en 2027, de acuerdo con el cronograma presentado durante la evaluación ambiental, aunque está sujeta a pasos administrativos y la resolución de eventuales reclamaciones.
¿Qué preocupaciones han expresado las organizaciones de pescadores y mariscadores sobre el proyecto?
Las organizaciones de pescadores y mariscadores han expresado preocupaciones sobre los posibles efectos del proyecto en los recursos marinos del sector, y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura solicitó precisar la metodología para identificar los bancos naturales de recursos hidrobiológicos en el área.
¿Qué opciones de financiamiento se están considerando para la planta desalinizadora?
Se están considerando varias opciones de financiamiento, incluyendo que Aguas del Altiplano financie directamente la infraestructura, lo que podría afectar las tarifas, o un esquema de financiamiento estatal similar al utilizado en la Región de Atacama, donde la propiedad permanecería en manos del Estado y la operación sería asumida por la sanitaria durante el período restante de su concesión.
