La estrategia comenzará en Coquimbo y Atacama, con apoyo técnico, financiero y operacional para restablecer caminos, reforzar la seguridad y reactivar la producción de pequeños y medianos mineros.
El Gobierno puso en marcha un plan especial para acelerar la recuperación de las faenas de pequeña y mediana minería afectadas por el sistema frontal que golpeó al norte y centro de Chile. La iniciativa, denominada “Minería en Marcha”, concentrará su primera etapa en las regiones de Coquimbo y Atacama, donde las lluvias, nevazones, aluviones y remociones en masa interrumpieron accesos, dañaron infraestructura y obligaron a suspender operaciones.
La estrategia será coordinada por el Ministerio de Minería junto con el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Empresa Nacional de Minería y BancoEstado. También incorporará recursos aportados por compañías de la gran y mediana minería, además de la participación de gobiernos regionales, asociaciones de productores y organismos vinculados a la recuperación de caminos.
El despliegue considera tres frentes: rehabilitación de accesos, fortalecimiento de la seguridad operacional y recuperación de la actividad productiva. El objetivo es evitar que las paralizaciones temporales se transformen en cierres prolongados, especialmente entre productores que operan con menor capacidad financiera y dependen de una continuidad regular para sostener sus faenas.
Recuperación de caminos y accesos críticos
Uno de los principales efectos de los temporales fue el deterioro de rutas secundarias y caminos interiores utilizados para transportar trabajadores, combustibles, insumos y minerales. En numerosas operaciones de menor escala, la interrupción de un acceso puede detener completamente la extracción y el despacho, incluso cuando las instalaciones productivas no presentan daños estructurales.
El primer eje de “Minería en Marcha” contempla levantar un catastro de las operaciones afectadas, identificar los puntos de mayor urgencia y priorizar la recuperación de los caminos indispensables para restablecer la circulación. Este trabajo será coordinado con el Ministerio de Obras Públicas y con las autoridades regionales.
La disponibilidad de maquinaria será determinante para remover material, estabilizar terrenos, reconstruir plataformas y recuperar vías dañadas por escurrimientos o deslizamientos. Para reforzar esa capacidad, la iniciativa Mineras por Chile puso a disposición 974 recursos aportados por 23 compañías, entre equipos, maquinaria, profesionales y otros activos destinados a responder ante la emergencia.
Este apoyo permitirá complementar la capacidad de los organismos públicos en zonas alejadas o de difícil acceso. Sin embargo, la reanudación de cada operación dependerá de la evaluación técnica del terreno y de que existan condiciones seguras para el desplazamiento de personas y equipos.
Inspecciones antes del retorno a las operaciones
La reapertura de caminos no implica automáticamente que una faena pueda volver a producir. Las precipitaciones pueden modificar taludes, debilitar sectores rocosos, saturar suelos, afectar botaderos y generar inestabilidad en labores superficiales o subterráneas.
Por esa razón, el segundo componente del plan estará enfocado en la seguridad operacional. Sernageomin reforzará las inspecciones, los catastros y la vigilancia de las áreas expuestas a remociones en masa. El monitoreo incluirá imágenes satelitales, tecnología de radar de apertura sintética y el Visor Público de Remociones en Masa.
Estas herramientas permitirán reconocer cambios en el terreno y apoyar la priorización de las fiscalizaciones presenciales. En el caso de la pequeña minería, este acompañamiento resulta especialmente relevante, debido a que muchas faenas no cuentan con equipos propios de geotecnia o con capacidad permanente para realizar estudios después de una emergencia climática.
ENAMI también activará el programa de Apoyo a la Producción Segura, destinado a financiar trabajos que permitan recuperar condiciones adecuadas dentro de las operaciones. Las intervenciones podrán involucrar fortificación, habilitación de accesos, manejo de aguas, reparación de instalaciones y otras obras necesarias para reducir riesgos.
El desafío será compatibilizar la urgencia económica de volver a producir con la obligación de revisar cada faena antes de autorizar el ingreso de trabajadores. Una reactivación apresurada podría elevar la exposición a derrumbes, desprendimientos o fallas de infraestructura en terrenos todavía inestables.
Créditos para sostener la continuidad productiva
El tercer eje busca enfrentar la pérdida de liquidez provocada por la paralización. Cuando una faena deja de extraer o despachar mineral, sus ingresos se reducen mientras continúan los gastos asociados a personal, maquinaria, combustible, mantención y recuperación de instalaciones.
Entre los instrumentos considerados se encuentra el Crédito para la Emergencia de ENAMI, con financiamiento de hasta US$25.000 para productores de minerales y US$50.000 para productores mineros que cumplan las condiciones definidas por la estatal. También estarán disponibles el Crédito para la Operación, el Crédito de Apoyo a la Producción y el programa Reactivación de Faena Minera.
Los recursos podrán utilizarse en la rehabilitación de caminos, compra de combustible, contratación de maquinaria y ejecución de obras requeridas para retomar la actividad. Adicionalmente, se evaluarán reasignaciones presupuestarias para ampliar los programas de apoyo del Ministerio de Minería y articular iniciativas con los gobiernos regionales.
BancoEstado incorporará medidas como la postergación de cuotas y dividendos, renovación automática de líneas de crédito y alternativas de renegociación. Además, mantendrá una línea especial para micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas de catástrofe, disponible hasta el 30 de septiembre de 2026.
El acceso efectivo a estos instrumentos será uno de los factores que determinará la velocidad de la recuperación. Parte relevante de la pequeña minería trabaja con márgenes estrechos y limitada capacidad para absorber gastos extraordinarios, por lo que una interrupción extensa puede comprometer la viabilidad de las operaciones.
Impacto para Coquimbo y Atacama
La primera etapa del plan se concentrará en dos regiones con una fuerte presencia de productores de cobre, oro y otros minerales. La actividad de estas faenas sostiene empleo local y genera demanda para transportistas, talleres, proveedores de explosivos, servicios de perforación, contratistas y plantas de procesamiento.
Aunque su producción individual es menor frente a la gran minería, el conjunto de pequeñas y medianas operaciones tiene un impacto directo sobre las economías de comunas interiores. Una paralización prolongada no solo afecta al titular de la faena, sino también a una cadena de proveedores que depende del movimiento de minerales y del funcionamiento de los poderes de compra.
La recuperación también importa para ENAMI, cuyo modelo de fomento requiere mantener un flujo estable de mineral hacia sus plantas y puntos de recepción. Una caída sostenida en las entregas puede reducir la utilización de instalaciones, afectar la programación metalúrgica y debilitar la continuidad de productores que necesitan comercializar a través de la empresa estatal.
El clima entra en la planificación minera
Los temporales volvieron a exponer la vulnerabilidad de caminos, quebradas e infraestructura minera frente a eventos meteorológicos intensos. La recuperación inmediata resolverá las necesidades más urgentes, pero el sector deberá avanzar hacia una preparación que incorpore mejores drenajes, rutas alternativas, monitoreo temprano y protocolos de cierre preventivo.
Para la pequeña minería, esa adaptación requerirá asistencia técnica y financiamiento permanente. Muchas operaciones fueron diseñadas bajo condiciones climáticas distintas a las observadas durante los últimos eventos y no disponen de recursos suficientes para ejecutar por sí solas obras de resiliencia.
“Minería en Marcha” será medido por su capacidad de llevar maquinaria y financiamiento hasta las faenas afectadas, reducir los tiempos administrativos y garantizar que el retorno se produzca sin comprometer la seguridad. La coordinación entre organismos públicos, empresas, banca y productores será clave para evitar que la emergencia profundice la pérdida de actividad y empleo en las zonas mineras de Coquimbo y Atacama.
