La revisión considera activos acumulados por distintos organismos públicos que no cumplen una función estratégica. El Ejecutivo espera definir eventuales operaciones antes de que termine 2026, en medio del debate sobre financiamiento estatal y capital para empresas públicas.
El Gobierno abrió la puerta a vender terrenos, participaciones minoritarias en empresas sanitarias y otros bienes considerados prescindibles, como parte de una revisión del patrimonio estatal destinada a obtener recursos y ordenar activos que actualmente tienen baja rentabilidad o escasa utilidad pública.
El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que distintos ministerios y reparticiones mantienen propiedades, acciones y derechos acumulados durante años, cuya permanencia bajo control estatal está siendo evaluada. El análisis busca determinar si conservar esos bienes entrega un beneficio superior al que podría obtenerse mediante su venta y la posterior reasignación de los recursos.
La revisión incluye participaciones administradas por la Corporación de Fomento de la Producción, terrenos fiscales con potencial habitacional y activos menores que no guardan relación con los objetivos centrales de los organismos que los poseen. El Ejecutivo prevé que las primeras definiciones puedan conocerse antes del cierre de 2026.
Activos prescindibles bajo revisión
La iniciativa no corresponde, por ahora, a un plan general de privatizaciones ni considera formalmente la apertura de la propiedad de Codelco. El foco se encuentra en identificar activos que no son esenciales para el funcionamiento del Estado, que generan retornos limitados o cuya administración implica costos que no se justifican desde una perspectiva fiscal.
Entre los bienes examinados aparecen participaciones en empresas sanitarias mantenidas a través de Corfo. También se estudian terrenos bajo administración del Ministerio de Bienes Nacionales, particularmente propiedades bien ubicadas que podrían destinarse a proyectos inmobiliarios o habitacionales.
El inventario incluiría además activos de menor escala, entre ellos acciones o cuotas vinculadas a una institución deportiva de Santiago. La autoridad calificó este tipo de posesiones como bienes sin una justificación clara dentro del patrimonio público.
El proceso supone una tarea más compleja que una venta inmediata. Antes de concretar cualquier operación, el Estado deberá establecer la propiedad efectiva de cada activo, revisar restricciones legales, actualizar tasaciones, determinar su valor económico y definir el mecanismo de enajenación correspondiente.
En el caso de terrenos fiscales, la evaluación deberá considerar además su potencial para infraestructura, vivienda, equipamiento público o desarrollo productivo. Una venta apresurada podría generar ingresos de corto plazo, pero también significar la pérdida de suelo estratégico para proyectos futuros.
La participación estatal en sanitarias
La relación de Corfo con el sector sanitario se remonta al proceso de privatización de empresas de agua potable y tratamiento de aguas servidas desarrollado en décadas anteriores. Parte de los registros financieros de la corporación todavía incluye operaciones, derechos y obligaciones vinculadas a esas transacciones.
Los estados financieros de Corfo han registrado cuentas relacionadas con la venta de acciones sanitarias a antiguos trabajadores, incluyendo operaciones asociadas a Aguas Andinas y Essbio. Al cierre de 2022, estos conceptos sumaban cerca de $24.344 millones contabilizados entre activos corrientes y no corrientes. La cifra corresponde principalmente a saldos por operaciones históricas y no necesariamente al valor de mercado de participaciones accionarias disponibles para una venta inmediata.
La distinción será relevante para dimensionar el alcance fiscal real del anuncio. La presencia de activos vinculados a sanitarias en los balances públicos no significa que todos ellos puedan monetizarse rápidamente ni que exista una participación de control susceptible de ser transferida.
Cualquier desinversión deberá precisar qué títulos posee efectivamente el Estado, qué derechos económicos entregan, su liquidez y las condiciones regulatorias aplicables. El sector sanitario opera bajo concesiones y tarifas reguladas, por lo que un cambio de propiedad puede requerir revisiones adicionales y coordinación con los organismos fiscalizadores.
El trasfondo fiscal de la medida
La búsqueda de activos prescindibles ocurre en un escenario de presión sobre las cuentas públicas. Las necesidades de financiamiento proyectadas para 2026 y los años siguientes obligan al Estado a equilibrar gasto, deuda, ingresos tributarios y venta de activos financieros.
La enajenación de bienes puede entregar liquidez extraordinaria, pero no constituye una fuente permanente de ingresos. Su efecto fiscal se concentra en el ejercicio en que se concreta la transacción y no reemplaza medidas estructurales para reducir déficits o aumentar la recaudación.
Por esa razón, la calidad de la operación dependerá tanto del monto obtenido como del destino de los recursos. Vender un activo con baja rentabilidad para financiar inversión pública, reducir deuda o fortalecer empresas estratégicas puede mejorar la posición patrimonial del Estado. Utilizar esos ingresos exclusivamente para cubrir gasto corriente tendría un efecto más acotado y transitorio.
El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido que los déficits proyectados para el período 2027-2030 elevan las necesidades de financiamiento y pueden aumentar la presión sobre la deuda pública. En ese contexto, la venta de activos aparece como una herramienta complementaria, pero insuficiente por sí sola para corregir el desequilibrio fiscal.
La discusión llega en medio del debate sobre Codelco
Aunque el Gobierno ha separado esta revisión patrimonial de una eventual apertura de Codelco a capital privado, ambos temas se cruzan en la discusión sobre cómo administrar los activos públicos y financiar inversiones de largo plazo.
La estatal enfrenta una cartera intensiva en capital para sostener sus operaciones, renovar infraestructura y recuperar producción. La suspensión temporal de las obras de Andes Norte, en El Teniente, volvió a poner atención sobre los riesgos técnicos, laborales y financieros asociados a los proyectos estructurales de la corporación.
El proyecto fue detenido como medida preventiva mientras se recopila información adicional sobre las condiciones geomecánicas y los riesgos de sismicidad en el área. La decisión se adoptó un año después del accidente ocurrido el 31 de julio de 2025, que dejó seis trabajadores fallecidos y nueve heridos.
Daniel Mas sostuvo que la prioridad debe ser la seguridad de las personas y planteó que la suspensión no debería afectar la producción actual, debido a que Andes Norte corresponde a zonas preparadas para explotación futura. Sin embargo, la paralización podría tener efectos sobre empleo, contratistas, proveedores y el calendario de desarrollo de El Teniente si se extiende durante un periodo prolongado.
Capital estatal y prioridades productivas
Para la industria minera, el proceso de venta de activos prescindibles será relevante en la medida en que permita liberar capital para áreas estratégicas. Chile enfrenta necesidades de inversión en expansión minera, fundiciones, transmisión eléctrica, desalación, infraestructura logística y desarrollo tecnológico.
El Estado también debe financiar programas de exploración, pequeña y mediana minería, innovación, formación laboral y encadenamientos productivos. Corfo desempeña un papel central en varias de estas áreas, incluyendo instrumentos de financiamiento, apoyo tecnológico y promoción de nuevas industrias asociadas al litio, el hidrógeno y la manufactura avanzada.
La venta de activos sin función productiva podría mejorar la capacidad de concentrar recursos en esas prioridades, siempre que exista una política clara de reinversión. La operación tendría menos impacto estructural si los fondos se diluyen en necesidades generales de caja.
El mercado seguirá de cerca tres elementos: el listado definitivo de bienes, la valorización utilizada y el destino de los ingresos. También será necesario observar si las operaciones se realizan mediante licitaciones abiertas, subastas u otros mecanismos que aseguren competencia y transparencia.
Las primeras decisiones podrían conocerse antes de finalizar el año. Hasta entonces, la magnitud fiscal del plan seguirá siendo incierta, porque el Gobierno no ha detallado cuántos activos serán vendidos, cuánto espera recaudar ni cuáles participaciones sanitarias están efectivamente disponibles.
La discusión de fondo no será únicamente qué puede vender el Estado, sino qué activos debe conservar para sostener su capacidad de inversión, regulación y desarrollo productivo. Para la minería, esa definición será especialmente sensible en un periodo marcado por elevados requerimientos de capital, presión fiscal y la necesidad de asegurar continuidad operacional en las principales empresas públicas.
