La Justicia de Mendoza ha dado un importante respaldo al desarrollo minero en Malargüe al rechazar un amparo presentado por organizaciones ambientalistas. Este fallo ratifica la validez de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de proyectos clave en el distrito, lo que refuerza el camino para la exploración inicial y nuevas inversiones en el sector.
La decisión judicial y las Declaraciones de Impacto Ambiental
El Tribunal de Gestión Asociada-Tercero de Argentina, bajo la resolución de la jueza María Angélica Gamboa, rechazó un amparo impulsado por la Fundación Cullunche y el abogado Eduardo Sosa, quienes habían cuestionado la constitucionalidad de la Ley 9.588. Dicha norma habilita las Declaraciones de Impacto Ambiental para los primeros proyectos del Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO). En total, los demandantes buscaban detener hasta 34 iniciativas mineras mediante esta acción judicial.
La sentencia estableció que no existieron irregularidades significativas en el proceso de evaluación ambiental. Un elemento clave fue la falta de especificación del daño ambiental que podría atribuirse a los proyectos, ya que se cuestionaron en bloque sin considerar las características individuales de cada propuesta. También se subrayó que las iniciativas corresponden a una etapa inicial de exploración bajo supervisión de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), asegurando controles progresivos.
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Repercusiones para el sector minero en Mendoza
La resolución judicial representa no solo un alivio para el gobierno de Mendoza, sino también un mensaje positivo para los inversores interesados en el desarrollo minero de la provincia. Según el fallo, el control estatal en la etapa de exploración resulta adecuado, eliminando una de las principales fuentes de incertidumbre jurídica que enfrentaban los proyectos en el sur mendocino.
De acuerdo a lo señalado, esta decisión fortalece el marco técnico y político que busca prever el desarrollo minero en la región. Esto podría adelantar el inicio de perforaciones de cobre en Malargüe para principios de 2026, consolidando la importancia estratégica del sur mendocino como eje del nuevo impulso minero en la provincia. Mientras tanto, se espera que las organizaciones ambientalistas evalúen futuras acciones judiciales en instancias superiores, aunque por ahora el avance de estos proyectos cuenta con la validación legal y gubernamental necesarias.
