La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) enfrenta un bloqueo legal que impide autorizar la minería submarina comercial. Según expertos, el organismo no puede aprobar faenas sin establecer primero reglas claras para el reparto de beneficios, una obligación central del tratado que sigue sin resolverse a pesar de la presión para iniciar la extracción a gran escala.
Esta obligación es un pilar fundamental de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). El tratado establece que los recursos del lecho marino más allá de las jurisdicciones nacionales son patrimonio común de la humanidad y requiere que la ISA garantice que los beneficios financieros y económicos se compartan de manera equitativa.
Los especialistas Aline Jaeckel y Erik van Doorn, académicos legales, sostienen que las normativas de explotación son insuficientes por sí solas. Para los expertos, el cumplimiento del tratado exige un marco regulatorio específico y distinto para la distribución de ganancias, el cual se encuentra todavía en una etapa temprana de desarrollo.
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Oposición internacional y riesgos ambientales
Hasta diciembre de 2025, cerca de 40 países se han sumado al respaldo de una moratoria o pausa precautoria contra la minería en aguas profundas. Esta postura responde a la incertidumbre sobre el impacto ambiental y los vacíos en la gobernanza global.
Estudios científicos han demostrado una disminución drástica en la abundancia y diversidad de especies tras las perturbaciones en el fondo marino. Ante esta evidencia, varios gobiernos han frenado sus planes; entre ellos, Noruega pausó sus ambiciones mineras en aguas profundas debido a la oposición interna e internacional.
El conflicto legal radica en que la potestad sobre el reparto de beneficios recae en la Asamblea de la ISA y no en su Consejo. Este proceso es independiente y considerablemente más lento que la adopción de las reglas técnicas de explotación. Sin reglas claras sobre quién se beneficia y cómo, los Estados no pueden determinar si la minería cumple con el requisito del tratado de servir a la humanidad en su conjunto.
Movimientos corporativos y financiamiento
Pese a la incertidumbre regulatoria, diversas compañías han avanzado en sus planes de extracción. La firma canadiense The Metals Company (TMC) solicitó un permiso comercial en abril y recibió una inversión de US$ 85,2 millones por parte de Korea Zinc en junio. El acuerdo posiciona a la empresa surcoreana como una alternativa capaz de refinar materiales extraídos en metales de grado batería.
Por su parte, la gigante de defensa estadounidense Lockheed Martin reactivó sus planes en el Pacífico a través de su filial británica. En paralelo, la firma Impossible Metals busca derechos de exploración en la Zona Clarion-Clipperton (CCZ), área rica en nódulos de cobre, níquel y manganeso, vitales para la industria de vehículos eléctricos.
Naciones africanas han advertido que la minería solo debe proceder si garantiza beneficios compartidos demostrables. Los estados de la región rechazan los modelos extractivos tradicionales que históricamente han concentrado la riqueza en países industrializados, dejando atrás a las naciones en desarrollo.
El debate del Fondo de Patrimonio Común
El progreso en esta materia ha sido pausado. El Comité de Finanzas de la ISA presentó su primer borrador de marco regulatorio recién en 2024, décadas después de que el concepto surgiera en las negociaciones de los años 70. Los oficiales reconocen que la minería temprana generaría ingresos limitados, destinados inicialmente a cubrir costos operativos de la ISA y compensaciones para países en desarrollo afectados por la producción mineral submarina.
Las conversaciones actuales se centran en la creación de un Fondo de Patrimonio Común. Este mecanismo priorizaría el financiamiento de investigación y el desarrollo de capacidades técnicas, en lugar de realizar pagos directos a los Estados. Sin embargo, estados africanos se han opuesto a usar estos fondos para remediación ambiental, insistiendo en que dicha responsabilidad recae en los contratistas.
En julio de 2025, el Consejo de la ISA instruyó a su Secretaría profundizar en el concepto del fondo. No obstante, Jaeckel y van Doorn advierten que autorizar faenas antes de resolver estos puntos vulneraría la UNCLOS y socavaría futuras negociaciones internacionales, incluyendo los acuerdos sobre recursos genéticos marinos bajo el nuevo tratado BBNJ.
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