El gobierno noruego suspendió las licencias para minería en aguas profundas del Ártico tras un acuerdo parlamentario, en lo que representa una victoria clave para la protección oceánica y un duro revés para la industria de minerales críticos.
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El Gobierno de Noruega anunció una suspensión total de las licencias de exploración y explotación de minería submarina hasta al menos 2029, tras alcanzar un acuerdo parlamentario que replantea por completo la estrategia minera del país en aguas profundas del Ártico.
La medida implica frenar la apertura de 386 bloques marinos, equivalentes a cerca del 38% del área previamente aprobada para actividades de extracción en el lecho oceánico. El cambio de postura sorprende, considerando que en 2024 Noruega se había convertido en el primer país del mundo en autorizar la minería comercial en su plataforma continental, abriendo más de 280.000 km² —una superficie comparable al Reino Unido— a la exploración de minerales críticos como cobre, níquel y tierras raras.
La decisión responde a un creciente consenso político y social sobre la falta de garantías científicas respecto a los impactos ambientales de estas operaciones. Voceros parlamentarios señalaron que “no se avanzará en nuevas licencias hasta contar con información científica suficiente; la protección del océano debe situarse por encima de cualquier presión industrial”.
Organizaciones ambientalistas celebraron la pausa como “una victoria histórica para los océanos y la biodiversidad”, subrayando que los ecosistemas de aguas profundas son extremadamente frágiles y que muchos tardan siglos o incluso milenios en regenerarse. Científicos consultados destacan que alterar estos territorios “sería un experimento sin retorno”, dada la falta de conocimiento sobre su funcionamiento ecológico.
El giro también tiene un fuerte componente económico y político. La suspensión detiene el financiamiento estatal destinado al mapeo y análisis de minerales en el fondo marino, ralentizando una industria que comenzaba a atraer startups y proveedores tecnológicos. Desde el sector privado expresaron preocupación, calificando la decisión como “un golpe duro para la oferta futura de minerales críticos necesarios para la transición energética”.
Sin embargo, la postura del gobierno refleja la prioridad de asegurar una regulación robusta, basada en ciencia y con legitimidad social antes de avanzar en un sector altamente controvertido a nivel global.
