La subasta, prevista para noviembre de 2026, contempla dos extensas áreas del fondo marino con potencial para contener nódulos polimetálicos y costras de ferromanganeso.
Estados Unidos avanzó en su estrategia para desarrollar minerales críticos desde el fondo oceánico al proponer la licitación de dos bloques ubicados frente a Samoa Americana, en el Pacífico Sur. Las áreas suman cerca de 31,5 millones de acres, equivalentes a unos 127.500 kilómetros cuadrados, y podrían ser ofrecidas mediante una subasta competitiva el 19 de noviembre de 2026.
La iniciativa es administrada por la Oficina de Gestión de Energía Oceánica de Estados Unidos, organismo responsable del aprovechamiento de recursos minerales dentro de la plataforma continental exterior estadounidense. El proceso busca adjudicar derechos sobre depósitos de nódulos polimetálicos y costras de ferromanganeso, formaciones geológicas que pueden concentrar manganeso, níquel, cobre, cobalto y otros elementos utilizados en manufactura avanzada, defensa, almacenamiento energético y tecnologías eléctricas.
El anuncio no autoriza todavía operaciones extractivas. La eventual entrega de los contratos permitiría a los adjudicatarios realizar estudios y avanzar hacia etapas de delimitación, pruebas y desarrollo, cada una sujeta a planes específicos, nuevas revisiones ambientales y aprobación federal.
Dos áreas de escala territorial
La propuesta divide la superficie disponible en dos grandes unidades. El Área de Arrendamiento 1 comprende aproximadamente 16,33 millones de acres, mientras que el Área 2 abarca otros 15,17 millones de acres.
En conjunto, la extensión supera ampliamente la superficie de varios países y refleja la escala con que Washington pretende explorar el potencial mineral de su territorio marítimo en el Pacífico. Las zonas se encuentran dentro de aguas bajo jurisdicción estadounidense cercanas a Samoa Americana, en sectores caracterizados principalmente por planicies abisales y montes submarinos.
Los antecedentes levantados durante las etapas previas situaron el área inicial de análisis al noreste de las islas Manu’a y del atolón Rose, próxima al límite marítimo con las Islas Cook. Las profundidades en el sector pueden variar entre 1.400 y 6.000 metros, una condición que plantea desafíos tecnológicos, logísticos y económicos considerablemente mayores que los enfrentados por una operación minera terrestre.
La subasta utilizaría un mecanismo oral ascendente, con rondas sucesivas de ofertas hasta que permanezca un solo participante por bloque. Una misma empresa podría competir por ambas áreas, siempre que cumpla los requisitos financieros y entregue los depósitos exigidos para cada una.
Contratos por 20 años y ofertas desde US$3 millones
El diseño preliminar considera un plazo principal de 20 años para cada arrendamiento. El valor mínimo de entrada propuesto asciende a US$3 millones por área, aunque el precio final dependerá de la competencia que se produzca durante la subasta.
Las compañías interesadas tendrían hasta el 29 de octubre de 2026 para entregar la documentación financiera requerida, mientras que el aviso definitivo deberá publicarse al menos 30 días antes de la licitación. Esa resolución confirmará si el proceso continúa, cuáles serán los bloques finalmente incluidos y qué condiciones deberán cumplir los adjudicatarios.
Durante los primeros cinco años no se cobraría renta anual por acre. Desde el sexto año, los pagos aumentarían progresivamente y variarían según la proporción de superficie que cada titular decida mantener.
El esquema busca incentivar que las empresas reduzcan gradualmente las extensiones bajo contrato y concentren sus inversiones en sectores con mejores perspectivas geológicas, evitando que grandes superficies permanezcan inmovilizadas durante décadas sin actividad efectiva.
Las rentas propuestas parten desde US$0,30 por acre entre los años seis y diez para titulares que conserven menos del 15% del área original. En el tramo más alto, una empresa que mantenga al menos la mitad de la superficie inicial podría pagar hasta US$10 por acre entre los años 16 y 20.
Regalías subirían después del quinto año de producción
La estructura fiscal distingue entre las etapas de evaluación y la explotación comercial. Los minerales obtenidos durante actividades de delimitación o pruebas y que sean vendidos o procesados hasta una condición comercial pagarían una regalía de 5%.
Una vez aprobado un plan minero y comenzada la producción, la tasa sería de 2% durante los primeros cinco años. A partir del sexto año de operación, aumentaría a 5% por el resto del contrato.
La propuesta no contempla mecanismos generales de alivio o reducción de regalías. Además, las empresas deberán pagar una regalía mínima por acre, cuyo monto dependerá del año en que comience la producción y de la superficie que todavía permanezca bajo control del titular.
El modelo intenta equilibrar la necesidad de atraer capital hacia una actividad tecnológica y comercialmente incipiente con la exigencia de asegurar ingresos fiscales si los depósitos llegan a convertirse en operaciones productivas.
Minerales críticos y seguridad de suministro
El proceso forma parte de una política más amplia de Estados Unidos para aumentar el acceso a minerales considerados estratégicos y reducir su dependencia de cadenas de suministro concentradas en Asia.
Los nódulos polimetálicos se forman lentamente sobre el fondo oceánico y pueden contener varios metales en una misma estructura. Entre los elementos de mayor interés se encuentran el níquel y el cobalto, utilizados en determinadas químicas de baterías; el manganeso, empleado en acero y tecnologías electroquímicas; y el cobre, esencial para redes eléctricas, motores, electrónica e infraestructura energética.
Las costras de ferromanganeso, en tanto, se desarrollan sobre superficies rocosas submarinas y también pueden concentrar metales de interés industrial. Sin embargo, su recuperación presenta diferencias técnicas respecto de la recolección de nódulos sueltos depositados sobre sedimentos.
El contrato propuesto abarcaría los minerales presentes en ambos tipos de depósitos, pero excluiría petróleo, gas, azufre y materiales vinculados a fuentes fisionables.
Para Washington, el interés no se limita al volumen potencial de recursos. La capacidad de controlar la exploración, extracción, procesamiento y refinación constituye un componente de seguridad económica y defensa, especialmente frente al dominio que China mantiene en varias etapas de las cadenas globales de minerales críticos.
Los permisos de minería seguirán pendientes
La adjudicación de un bloque no equivaldrá a una autorización automática para extraer minerales. Antes de iniciar actividades de delimitación intensiva, pruebas de equipos o explotación, el titular deberá presentar planes técnicos detallados y someterlos a evaluaciones ambientales separadas.
La revisión realizada hasta ahora cubre principalmente el otorgamiento de los contratos y determinadas actividades preliminares de caracterización, como levantamientos geológicos, geofísicos y ambientales que no deberían generar impactos adversos significativos.
Una futura operación comercial exigirá analizar asuntos como la remoción de sedimentos, las plumas submarinas, el ruido, la iluminación, las descargas, la interacción con especies profundas, el tránsito marítimo y los efectos acumulativos sobre ecosistemas que todavía cuentan con información científica limitada.
Las condiciones preliminares también consideran protección de especies, coordinación con pesquerías, resguardo del patrimonio arqueológico submarino, monitoreo ambiental y protocolos ante hallazgos no previstos.
A ello se suman exigencias relacionadas con participación comunitaria, contenido laboral local, uso de puertos, inversión en infraestructura y apoyo a la preparación marítima ante emergencias.
Tecnología, procesamiento e infraestructura
La profundidad de los depósitos obliga a utilizar sistemas robóticos capaces de operar a varios kilómetros bajo la superficie. Estos equipos deberán identificar, recolectar y transportar el material hasta embarcaciones de apoyo sin comprometer su estabilidad ni generar niveles de perturbación incompatibles con los permisos ambientales.
Posteriormente, los minerales deberán trasladarse hacia instalaciones de procesamiento. Este punto continúa siendo una de las principales incertidumbres económicas de la minería submarina: Estados Unidos busca ampliar su acceso a recursos, pero también necesita capacidad industrial para separar, refinar y convertir esos materiales en productos utilizables.
La documentación de la licitación incorpora requerimientos para que los participantes expliquen sus objetivos de cadena de suministro y sus planes de procesamiento doméstico. También contempla antecedentes sobre tecnologías de recolección de bajo impacto, aunque la eficacia real de esos sistemas deberá probarse en condiciones operacionales.
Para Samoa Americana, la posible actividad abre una discusión sobre puertos, servicios marítimos, empleo y proveedores, pero también sobre la capacidad local para fiscalizar operaciones de gran escala desarrolladas lejos de la costa y en ambientes de alta complejidad.
Una prueba para la minería del futuro
La subasta propuesta será observada por compañías mineras, fabricantes, gobiernos y organizaciones ambientales. Hasta ahora, la explotación comercial de minerales en aguas profundas no se ha consolidado como una industria estable, pese a décadas de investigación y desarrollo tecnológico.
Los desafíos incluyen altos costos de capital, incertidumbre metalúrgica, ausencia de cadenas de procesamiento maduras, oposición ambiental y falta de información suficiente sobre la recuperación de los ecosistemas abisales.
Aun así, la decisión de ofrecer dos bloques que totalizan más de 31 millones de acres muestra que Estados Unidos está dispuesto a trasladar su política de minerales críticos desde la exploración científica hacia mecanismos concretos de inversión.
La atención se concentrará ahora en el aviso definitivo de licitación, la identidad de las empresas que logren calificarse y el nivel de competencia económica por los bloques. También será relevante conocer qué exigencias ambientales y territoriales permanecerán en los contratos finales y cuánto capital está dispuesto a comprometer el mercado en una actividad que todavía debe demostrar su viabilidad técnica, económica y ambiental.
