La presidenta electa asumirá el 28 de julio con una agenda favorable a la inversión minera, pero enfrentará resistencia territorial en regiones donde se concentran proyectos paralizados, brechas sociales y disputas ambientales.
La próxima administración de Keiko Fujimori en Perú prepara una estrategia para acelerar inversiones mineras y reactivar proyectos de cobre postergados, en un escenario marcado por la fragmentación política y una elevada conflictividad social en los principales territorios productores del país.
Fujimori, proclamada ganadora de la elección presidencial de 2026 con el 50,135% de los votos, asumirá el gobierno el próximo 28 de julio. Su llegada al poder ha generado expectativas entre inversionistas que esperan una reducción de los tiempos de tramitación, mayor estabilidad regulatoria y señales políticas que permitan destrabar parte de la cartera minera peruana.
El desafío será ejecutar esa agenda en regiones rurales donde la actividad extractiva convive con altos niveles de pobreza, déficits de infraestructura, cuestionamientos ambientales y una percepción persistente de que los beneficios económicos de la minería no llegan con suficiente rapidez a las comunidades.
Perú mantiene una cartera de proyectos mineros que supera los US$57.000 millones. Estimaciones más amplias, que incorporan iniciativas en distintas etapas de desarrollo, exploración y planificación, elevan el potencial de inversión hacia niveles cercanos a US$64.000 millones.
Una proporción relevante corresponde a iniciativas cupríferas, esenciales para que el país sostenga su posición entre los mayores productores mundiales de cobre y capture parte del crecimiento previsto en la demanda asociada a redes eléctricas, energías renovables, electromovilidad, centros de datos e infraestructura digital.
Proyectos detenidos y territorios bajo presión
Entre los casos que concentrarán la atención del próximo gobierno aparece Tía María, proyecto de Southern Copper ubicado en la provincia de Islay, región de Arequipa.
La iniciativa considera una inversión aproximada de US$1.800 millones y ha enfrentado durante años una fuerte oposición en el valle de Tambo. Agricultores y organizaciones locales han expresado dudas respecto de sus posibles efectos sobre el agua, la actividad agrícola y las condiciones ambientales del territorio.
Aunque el proyecto cuenta con autorizaciones relevantes y la compañía ha avanzado en actividades preparatorias, su desarrollo continúa condicionado por la capacidad de construir acuerdos territoriales. La experiencia acumulada muestra que una autorización administrativa no necesariamente garantiza la ejecución de una inversión cuando persiste un rechazo social organizado.
Otro activo sensible es Río Blanco, depósito de cobre y molibdeno situado en la región de Piura y controlado por capitales vinculados al grupo chino Zijin Mining.
El proyecto se encuentra en una zona próxima a comunidades campesinas y ecosistemas de montaña, donde anteriores intentos de exploración generaron oposición local. Su eventual reactivación requeriría enfrentar cuestionamientos territoriales que se arrastran desde hace casi dos décadas.
Tía María y Río Blanco representan dos expresiones de un mismo problema: Perú dispone de recursos minerales relevantes y proyectos de gran escala, pero una parte de ese potencial permanece inmovilizada por disputas sociales, incertidumbre política y debilidades en la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades.
La minería sostiene las exportaciones peruanas
La minería genera más del 60% del valor de las exportaciones de Perú y constituye una fuente decisiva de divisas, recaudación tributaria, canon regional y empleo formal.
El cobre ocupa una posición central dentro de esa estructura. La producción peruana supera los 2,5 millones de toneladas anuales, aunque su evolución reciente ha estado condicionada por menores leyes minerales, dificultades operacionales, protestas, bloqueos de rutas y retrasos en nuevos desarrollos.
Para recuperar una trayectoria de crecimiento, el país necesita complementar la producción de operaciones como Cerro Verde, Antamina, Las Bambas, Quellaveco, Toromocho y Constancia con nuevas expansiones y proyectos de gran escala.
La ausencia de inversiones podría traducirse en un estancamiento de la oferta durante los próximos años. Ese riesgo adquiere mayor relevancia ante la competencia regional por capital minero, especialmente frente a Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y otros mercados que buscan atraer proyectos vinculados a cobre, oro, plata y minerales críticos.
Cerca de 200 conflictos permanecen abiertos
El escenario social que recibirá Fujimori continúa siendo complejo. Perú registraba 190 conflictos sociales durante abril de 2026, de los cuales 97 correspondían a materias socioambientales. Este segmento representaba el 51,1% del total nacional.
Los conflictos socioambientales incluyen controversias relacionadas con minería formal, minería informal, hidrocarburos, contaminación, acceso al agua, cumplimiento de compromisos y distribución de beneficios económicos.
La cifra refleja que el problema no se limita a uno o dos proyectos emblemáticos. Se trata de una condición estructural que afecta el desarrollo productivo en varias regiones y que puede escalar rápidamente cuando no existen mecanismos de prevención, diálogo temprano o presencia efectiva del Estado.
En numerosos territorios, las comunidades no solo exigen compensaciones económicas. También demandan carreteras, hospitales, sistemas de agua potable, educación, empleo local, protección ambiental y participación en las decisiones que afectan sus actividades productivas.
Cuando esas expectativas no son gestionadas, la empresa minera termina asumiendo responsabilidades que corresponden parcialmente a organismos públicos. Esa sustitución debilita la institucionalidad, eleva las exigencias sobre los proyectos y dificulta la construcción de acuerdos de largo plazo.
Redistribución de ingresos bajo examen
Durante la campaña, Fujimori planteó que una mayor proporción de los ingresos generados por la minería llegue directamente a las poblaciones de las zonas productoras. Entre sus propuestas figura destinar hasta un 40% de determinados recursos mineros a las comunidades locales.
La medida apunta a reducir la distancia entre el aporte macroeconómico de la minería y los resultados observables en los territorios. Sin embargo, su implementación requerirá definir qué ingresos serán redistribuidos, cómo se identificarán los beneficiarios y qué mecanismos de control evitarán duplicidades, ineficiencias o utilización política de los fondos.
Perú ya cuenta con el canon minero, mecanismo que transfiere a gobiernos regionales y municipales una parte del impuesto a la renta pagado por las compañías. El desempeño ha sido desigual: varias jurisdicciones productoras han recibido recursos significativos, pero mantienen brechas en servicios básicos debido a dificultades para diseñar, aprobar y ejecutar proyectos públicos.
Una nueva fórmula de distribución podría mejorar la aceptación territorial, pero no reemplazará la necesidad de fortalecer la gestión regional, acelerar las obras y asegurar transparencia sobre el destino de los recursos.
Permisos rápidos no garantizan nuevos proyectos
La intención de simplificar autorizaciones y ofrecer incentivos tributarios puede aumentar la competitividad peruana, particularmente en un mercado internacional donde los inversionistas comparan estabilidad jurídica, carga fiscal, infraestructura, disponibilidad energética, seguridad y plazos de aprobación.
Sin embargo, acelerar permisos sin abordar las causas de la conflictividad podría trasladar el problema desde la tramitación administrativa hacia el territorio.
La industria observará si el próximo gobierno consigue establecer una política que combine rapidez regulatoria, evaluación ambiental rigurosa, consulta con las comunidades y capacidad efectiva para cumplir compromisos públicos.
El resultado tendrá implicancias más allá de Perú. Una reactivación sostenida de su cartera de cobre podría añadir oferta relevante al mercado mundial durante la próxima década. Por el contrario, nuevos bloqueos y retrasos profundizarían la incertidumbre sobre la disponibilidad futura del metal.
La agenda minera de Fujimori comenzará, por tanto, con una doble presión: demostrar que Perú puede volver a atraer inversiones de gran escala y evitar que esa aceleración reactive conflictos que durante años han impedido convertir sus recursos geológicos en producción, empleo e ingresos permanentes para las regiones.
