Ley Uber en Chile volvió al centro del debate regulatorio luego de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) decidiera suspender la publicación del reglamento que debía permitir la implementación definitiva de la normativa que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT). La decisión fue adoptada por el ministro Juan Carlos Muñoz a pocos días del cambio de gobierno y traslada el cierre del proceso al nuevo equipo que asumirá bajo la administración de José Antonio Kast.
La medida implica que la ley aprobada en 2023 seguirá sin entrar plenamente en vigencia hasta que el nuevo ministro de Transportes, Louis de Grange, defina el contenido final del reglamento y el calendario de implementación. La normativa busca ordenar el funcionamiento de plataformas como Uber, Cabify o DiDi, un sector que creció con rapidez durante la última década y que hasta ahora opera con regulaciones parciales.
Desde el ministerio explicaron que la decisión responde a la necesidad de entregar mayor certeza tanto a los usuarios como a los conductores y empresas del sector. Publicar el reglamento a días del cambio de administración podría haber implicado que el nuevo gobierno tuviera que modificarlo inmediatamente, generando un retraso aún mayor en la aplicación de la ley. En ese contexto, el actual titular de la cartera optó por traspasar el proceso completo a las nuevas autoridades.
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Factores políticos y técnicos detrás de la pausa
La decisión del MTT no responde a un único elemento. Según fuentes cercanas al proceso, confluyen factores políticos, administrativos y técnicos que llevaron a suspender la publicación del reglamento en esta etapa final del gobierno.
Uno de los puntos clave fue el diálogo sostenido entre el ministro saliente y quien asumirá la cartera en la próxima administración. Louis de Grange había planteado públicamente la necesidad de introducir ajustes antes de implementar la normativa, especialmente en materias vinculadas a seguridad de pasajeros y conductores.
El futuro ministro valoró la decisión y señaló que realizar modificaciones antes de la entrada en vigencia podría evitar problemas operativos posteriores. Su planteamiento apunta a perfeccionar algunos requisitos sin afectar variables sensibles del servicio, entre ellas:
Tarifas que pagan los usuarios
Cobertura del servicio en distintas ciudades
Tiempos de espera de los viajes
Disponibilidad de conductores en las plataformas
Publicar el reglamento ahora y modificarlo después habría generado un proceso más largo y complejo, con nuevas consultas regulatorias y eventuales cambios administrativos. Por esa razón se optó por detener el proceso antes de su publicación oficial.
Plataforma tecnológica incompleta complica implementación
Más allá del factor político, existe también un problema técnico que ha retrasado la aplicación de la ley. La normativa contempla la creación de dos plataformas tecnológicas esenciales para su funcionamiento.
Estas herramientas permitirían recopilar información del sistema y mantener un registro oficial de conductores y vehículos que operan en aplicaciones de transporte. Sin embargo, solo una de ellas está completamente desarrollada.
El sistema pendiente corresponde al registro de conductores y autos, considerado el corazón operativo de la regulación. El proceso para construir esta plataforma ha enfrentado varios obstáculos:
El primer proceso de licitación quedó desierto
Se abrió un segundo concurso para adjudicar el proyecto
El contrato fue adjudicado a la empresa Concordia
El acuerdo fue posteriormente cancelado por incumplimientos técnicos
La cancelación del contrato obligó al ministerio a reiniciar el proceso, retrasando la implementación del sistema digital que permitirá registrar a quienes operen en las plataformas.
Falta de información sobre el mercado de aplicaciones
La ausencia de este registro también deja al gobierno sin datos precisos sobre el tamaño real del mercado de transporte por aplicaciones en Chile. Actualmente no existe información consolidada sobre:
Número total de conductores activos
Cantidad de vehículos que operan en plataformas
Distribución del servicio por ciudades
Volumen de viajes realizados
La ley busca justamente corregir esa falta de información, estableciendo un sistema de registro obligatorio que permita fiscalizar el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad.
Entre las materias que deberán regularse destacan la verificación de antecedentes de los conductores, las condiciones de los vehículos y la entrega de datos por parte de las plataformas al Estado.
Impacto potencial en tarifas y disponibilidad del servicio
Durante la discusión de la normativa, distintos actores de la industria han advertido que la aplicación estricta de la ley podría modificar el funcionamiento del mercado.
Algunos análisis plantean que los nuevos requisitos podrían generar efectos como:
Reducción del número de conductores disponibles
Aumento de tarifas por menor oferta
Cambios en los tiempos de espera del servicio
Estas preocupaciones también influyeron en el debate sobre la necesidad de revisar ciertos aspectos del reglamento antes de su publicación.
Con la decisión del MTT, el proceso queda ahora en manos del nuevo gobierno. La próxima administración deberá definir si mantiene el contenido actual del reglamento, introduce ajustes o rediseña parte de la implementación de una de las regulaciones más relevantes para el transporte urbano en la última década.
