La tercera etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental supera en número de iniciativas a las dos fases anteriores combinadas y abre una discusión técnica sobre impactos acumulativos, líneas de base y validación en terreno.
La evaluación ambiental de 71 proyectos de exploración metalífera en Malargüe se convirtió en la prueba más exigente para el modelo de distritos mineros impulsado por la provincia de Mendoza. La tercera etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental, conocida como MDMO III, no solo amplió la cantidad de iniciativas bajo análisis, sino que también elevó la complejidad técnica y territorial del procedimiento.
El nuevo paquete supera por sí solo las dos etapas anteriores del distrito. MDMO I reunió 34 iniciativas y MDMO II incorporó otras 27, frente a los 71 proyectos incluidos ahora en la tercera fase.
La diferencia de escala obligó a profundizar la revisión de los informes ambientales y generó un extenso intercambio entre la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, encargada de la auditoría técnica, e Impulsa Mendoza Sostenible, empresa estatal que participa en la estructuración y promoción del distrito.
La respuesta consolidada a las observaciones técnicas superó las 1.500 páginas, reflejando la magnitud administrativa alcanzada por un expediente que reúne decenas de propiedades mineras, distintas condiciones territoriales y actividades económicas preexistentes.
Dos criterios para evaluar la exploración temprana
La discusión central no gira únicamente en torno a cada proyecto individual, sino al nivel de información ambiental que debe exigirse antes de autorizar trabajos iniciales de prospección y exploración.
La auditoría universitaria cuestionó que parte de los antecedentes presentados se apoye principalmente en información de gabinete, sin una validación suficiente en terreno. También planteó que determinadas caracterizaciones ambientales y metodologías utilizadas no permitirían establecer con precisión las condiciones reales de cada área.
Desde la perspectiva de Impulsa Mendoza, una parte de esas exigencias excedería el alcance regulatorio previsto para proyectos que todavía se encuentran en fases iniciales. La empresa sostiene que la evaluación debe avanzar de manera progresiva, completando información específica antes de ejecutar intervenciones concretas sobre el terreno.
El punto será determinante para definir la profundidad que deberán alcanzar los futuros informes de impacto ambiental dentro del modelo distrital. Una exigencia mayor al inicio podría elevar los costos y plazos para ingresar a exploración, mientras que una evaluación progresiva obligaría a reforzar los mecanismos posteriores de control, fiscalización y verificación.
La resolución administrativa también entregará una señal a las compañías interesadas en explorar Mendoza, una jurisdicción que busca ampliar su cartera minera tras décadas de baja actividad metalífera en comparación con otras provincias argentinas.
El debate por los impactos acumulativos
Uno de los principales cuestionamientos técnicos apunta a que los impactos fueron analizados proyecto por proyecto, sin construir un escenario integrado para el conjunto del distrito.
Esta diferencia metodológica adquiere relevancia debido a la cantidad de iniciativas que podrían movilizar simultáneamente equipos, personal, vehículos y servicios en una misma zona. Variables como polvo en suspensión, ruido, tránsito, apertura de caminos y demanda de infraestructura podrían presentar un comportamiento distinto al ser observadas de manera acumulativa.
La auditoría considera necesario incorporar la capacidad de carga del territorio y las interacciones entre proyectos vecinos. También plantea que la evaluación debe reconocer actividades económicas ya existentes, especialmente la explotación de hidrocarburos, la ganadería y el turismo.
Impulsa Mendoza sostiene que la evaluación acumulativa del distrito corresponde a la autoridad ambiental y no a cada titular mediante su informe individual. Además, advierte que proyectar escenarios propios de una operación minera a gran escala sobre iniciativas que apenas comienzan su exploración puede sobredimensionar los impactos esperados.
La exploración minera es una actividad selectiva. Solo una fracción reducida de los prospectos logra avanzar hacia etapas de prefactibilidad, construcción y producción. Por esa razón, la empresa provincial considera inviable exigir desde el comienzo estudios equivalentes a los que corresponderían a proyectos con recursos definidos y planes de explotación.
Un territorio compartido con petróleo, ganadería y turismo
MDMO III se desarrolla en un área donde la minería deberá convivir con actividades productivas instaladas y con dinámicas territoriales propias del sur mendocino.
La presencia de infraestructura petrolera es uno de los elementos relevantes. Caminos, instalaciones, ductos, pozos y tránsito asociado a los hidrocarburos forman parte de la línea de base que deberá considerarse al proyectar nuevas campañas mineras.
La ganadería extensiva y la trashumancia también aparecen entre las materias observadas. La apertura de accesos o la modificación de rutas interiores podría interferir con recorridos utilizados históricamente por crianceros para trasladar animales entre áreas de pastoreo y puntos de agua.
En la zona de influencia del proyecto Galáctica fueron identificados 209 puestos ganaderos, mientras que otros 61 se relacionan territorialmente con Las Chacras. Estas cifras muestran que la exploración no se desarrollará sobre un espacio desocupado, sino dentro de un sistema productivo que depende de accesos, aguadas y desplazamientos estacionales.
Para la autoridad mendocina, el desafío será compatibilizar el ingreso de inversión minera con la protección de actividades existentes, evitando que la superposición territorial derive en conflictos operacionales o sociales.
La validación en terreno será una condición clave
La estrategia propuesta para resolver parte de las brechas de información se concentra en la denominada Medida de Protección Ambiental 1.
Este mecanismo reconoce que algunos antecedentes corresponden a caracterizaciones regionales elaboradas mediante información documental, imágenes, registros históricos y análisis de gabinete. Antes de iniciar obras o intervenciones, los datos deberán ser comprobados directamente en terreno.
El esquema ya fue utilizado en las etapas anteriores de Malargüe Distrito Minero Occidental. Sin embargo, la escala de MDMO III aumenta la exigencia sobre su aplicación, debido a que será necesario verificar condiciones particulares en decenas de propiedades antes de permitir actividades exploratorias.
La autoridad ambiental deberá decidir si esta validación progresiva resulta suficiente o si determinados proyectos necesitan completar sus líneas de base antes de obtener la Declaración de Impacto Ambiental.
La decisión será especialmente relevante para iniciativas que recibieron observaciones de mayor complejidad, ya sea por superposiciones catastrales, delimitación de responsabilidades o falta de información sobre actividades económicas presentes en el área.
San Romeleo y Corcovo quedan como casos testigo
Entre los proyectos incluidos en MDMO III destacan San Romeleo y Corcovo, dos propiedades que también avanzan mediante procesos técnicos independientes.
San Romeleo busca reactivar un sector con antecedentes de producción de óxido de cobre. La revisión detectó superposiciones con otras propiedades incorporadas al distrito y planteó dudas sobre la delimitación de responsabilidades ambientales.
El análisis también deberá incorporar las actividades vinculadas a la eventual reactivación productiva del área, además de evaluar la interacción con la trashumancia y el turismo en un territorio con accesos limitados.
Corcovo, en tanto, forma parte de trabajos destinados a examinar su potencial de uranio mediante recuperación in situ. La propiedad coincide con infraestructura vinculada al campo petrolero El Corcovo, lo que obliga a integrar las condiciones industriales existentes en la evaluación del paisaje, el tránsito y el uso de caminos.
La revisión técnica detectó además una inconsistencia cartográfica, debido a que parte de dos propiedades mineras se proyectaría aproximadamente 10,5 kilómetros cuadrados hacia la provincia de La Pampa. La delimitación deberá ser corregida antes de avanzar administrativamente.
Una definición que marcará el futuro del distrito
La resolución de MDMO III establecerá un precedente para las siguientes incorporaciones al modelo de distritos mineros de Mendoza.
El expediente deberá equilibrar dos objetivos: permitir que la exploración avance sin imponer exigencias equivalentes a una explotación minera y asegurar que la cantidad de proyectos no reduzca la calidad de la evaluación ambiental.
Para las empresas, el resultado definirá costos, plazos y requerimientos técnicos de acceso. Para el Estado, determinará la capacidad de fiscalizar decenas de iniciativas sobre un territorio amplio y productivamente diverso.
Mendoza busca convertir a Malargüe en la principal plataforma de reactivación de su minería metalífera. El volumen alcanzado por la tercera etapa muestra que el interés exploratorio está creciendo, pero también que la viabilidad del modelo dependerá de reglas ambientales claras, información territorial verificable y capacidad institucional para evaluar impactos que ya no pueden observarse únicamente dentro de los límites de cada propiedad.
