María José Vidal Olmedo
Socia de VA – Vidal Abogados, experta en derecho minero y tributario
La valorización de residuos mineros ya no es una tendencia ni una buena práctica voluntaria. Es, cada vez más, una exigencia estratégica y legal para las empresas que buscan operar con visión de futuro. En los últimos años, la legislación chilena ha comenzado a empujar decididamente a la minería hacia modelos de producción más sostenibles, incorporando principios de economía circular, eficiencia y responsabilidad extendida.
Estamos frente a un cambio de paradigma. Normas como la Ley Marco de Cambio Climático, los nuevos criterios del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) respecto de relaves, y las modificaciones en los Planes de Cierre Minero, configuran un entorno regulatorio que exige a las compañías no solo mitigar impactos, sino repensar el ciclo completo de sus residuos y subproductos. Ya no se trata de confinar pasivos ambientales, sino de transformarlos en nuevas fuentes de valor.
Un hito clave en este proceso ha sido la Política Nacional Minera 2050, que reconoce explícitamente el rol de la economía circular como uno de los pilares de sostenibilidad del sector. Esto ha abierto espacio para que muchas empresas comiencen a invertir en tecnologías de recuperación de minerales desde relaves históricos, rediseñando sus procesos con criterios de eficiencia, trazabilidad y menor huella ambiental.
En paralelo, legislaciones como la Ley REP, aunque no aplican directamente al sector minero, han permeado culturalmente la forma en que las industrias comprenden su rol en el ciclo de vida de los materiales. Desde nuestra experiencia asesorando a compañías mineras, vemos cómo los principios que inspira esta normativa están influyendo en la redacción de contratos, el diseño de operaciones y la adopción de tecnologías más limpias.
No obstante, la transición hacia una minería verde no está exenta de obstáculos. Uno de los principales es la dispersión normativa: la falta de integración entre regulaciones ambientales, sectoriales y territoriales genera incertidumbre jurídica, sobre todo en proyectos que apuestan por innovaciones tecnológicas aún no estandarizadas, como el reprocesamiento de relaves o la recuperación de metales desde pasivos ambientales.
A ello se suma la necesidad de desarrollar herramientas contractuales sólidas y sistemas de cumplimiento ESG verificables, que no solo aseguren el cumplimiento regulatorio, sino que permitan a las empresas demostrar, ante inversionistas, comunidades y autoridades, un compromiso real con la sostenibilidad. Hoy, el cumplimiento ambiental es apenas el piso. Lo que diferencia a las empresas líderes es su capacidad de anticiparse a las nuevas exigencias y convertirlas en ventajas competitivas.
Desde VA – Vidal Abogados hemos estructurado una propuesta de valor que responde a este nuevo escenario: combinamos conocimiento jurídico, visión estratégica y comprensión técnica del negocio minero, apoyando a nuestros clientes en la obtención de permisos, estructuración legal de proyectos, incorporación de cláusulas ESG en contratos de largo plazo, y defensa ante procesos de fiscalización.
El cambio está en marcha. Y aunque los desafíos son múltiples, las oportunidades también lo son. Hoy existen instrumentos normativos que habilitan la reutilización de materiales y promueven la circularidad. El verdadero reto está en saber cómo activarlos y alinearlos con el modelo de negocio. Ahí está, precisamente, nuestra especialidad.
La minería verde no es una aspiración futura: es un proceso en desarrollo, impulsado por marcos legales más exigentes, pero también por una transformación cultural que redefine el estándar de lo que significa ser una empresa responsable.
