Autoridades peruanas reportaron 33 intervenciones en la provincia de Pataz, logrando la detención de 61 personas y millonarias mermas para el crimen organizado.
El Gobierno de Perú ha intensificado sus acciones contra la minería ilegal, focalizando sus esfuerzos en la provincia de Pataz, región de La Libertad. En una reciente reunión de alto nivel, encabezada por el ministro de Defensa, César Díaz Peche, se coordinaron nuevas estrategias junto a los titulares de Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y de Energía y Minas, Luis Bravo De La Cruz.
El encuentro se llevó a cabo en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en Lima y contó con la presencia de altos mandos de seguridad, incluyendo al jefe del Comando Conjunto, general David Ojeda Parra, y al comandante general de la Policía Nacional, Oscar Arriola.
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Impacto económico a las organizaciones criminales
Durante la cita se expuso un informe del Comando Unificado Pataz, el cual detalló que las operaciones realizadas bajo el actual Estado de Emergencia han generado pérdidas estimadas en más de 245 millones de soles para las organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita.
Las autoridades informaron que, hasta la fecha, se han concretado 33 intervenciones exitosas en la zona. Estas acciones han permitido la incursión y desarticulación de infraestructura clave para la minería ilegal:
75 bocaminas.
24 socavones.
52 campamentos mineros.
Detenciones y armamento incautado
El balance operativo destaca la detención de 61 personas vinculadas a estos ilícitos. Además, el trabajo conjunto de las fuerzas del orden permitió sacar de circulación un importante arsenal.
Según el reporte oficial, se decomisaron 72 armas de fuego, entre las que se encuentran fusiles, subametralladoras, carabinas y pistolas, sumado a la incautación de más de 10 mil municiones.
Estrategia gubernamental
Bajo la administración del presidente José Jerí, el Ejecutivo peruano busca fortalecer la presencia del Estado en zonas vulnerables y garantizar la seguridad ciudadana. La estrategia actual combina labores de inteligencia, operaciones intensificadas y un control territorial permanente.
El objetivo declarado por las autoridades es lograr resultados sostenibles que permitan la protección del medio ambiente y devolver la tranquilidad a la población afectada por la violencia asociada a la extracción ilegal de minerales.
