Tía María vuelve a tensionar el debate minero en Perú tras la decisión del Consejo de Minería de declarar la nulidad de la autorización de inicio de actividades de explotación, una medida que reabre la incertidumbre regulatoria en torno a uno de los proyectos cupríferos más relevantes del país. La iniciativa, impulsada por Southern Perú en la región de Arequipa, es considerada estratégica no solo por su magnitud —con exportaciones proyectadas por US$ 20.000 millones en 20 años—, sino también por su impacto en empleo, inversión y dinamismo económico en el sur peruano. En este contexto, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervino públicamente para subrayar la urgencia de resolver el conflicto administrativo, marcando una señal poco habitual desde el ente emisor respecto de proyectos específicos.
BCRP advierte impacto económico y pide celeridad
Desde el ente rector de la política monetaria, el gerente central de Estudios Económicos, Adrián Armas, fue enfático en relevar el peso del proyecto en la economía peruana. La autoridad sostuvo que Tía María no solo representa un volumen significativo de exportaciones, sino que también es un motor relevante de generación de empleo y actividad productiva.
El mensaje del BCRP introduce presión institucional sobre el proceso administrativo en curso, al advertir que la continuidad del proyecto resulta clave en un escenario donde la inversión minera es determinante para el crecimiento del país. En línea con otras iniciativas en la región, como las que analiza el mercado del cobre en Chile en medio del alza de la demanda global, el caso peruano refleja cómo los retrasos regulatorios pueden tensionar la oferta futura del metal rojo.
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Resolución administrativa no detiene cronograma
Pese al ruido generado por la nulidad de la autorización, desde el propio BCRP se aclaró que la medida no afecta el desarrollo estructural del proyecto ni la inversión comprometida en la fase de construcción, actualmente en ejecución. Esto implica que el cronograma general se mantiene sin cambios relevantes.
De acuerdo con las proyecciones vigentes, el inicio de operaciones de Tía María está previsto para 2027, momento en el cual sí será imprescindible contar con la autorización de explotación plenamente regularizada. Este escenario es comparable con otros desarrollos mineros en la región que enfrentan desafíos similares en su tramitación, como se observa en iniciativas que requieren extensos procesos de evaluación ambiental y validación institucional.
Minem descarta cancelación y acota alcance del proceso
Desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, enfatizó que el proyecto no ha sido cancelado y que la resolución del Consejo responde exclusivamente a un procedimiento administrativo. La medida se originó tras una impugnación presentada por la Municipalidad Provincial de Islay, lo que obligó a revisar la legalidad del proceso inicial.
Según explicó la autoridad, el Consejo de Minería solicitó emitir una nueva resolución que asegure el cumplimiento del debido proceso, descartando cualquier cuestionamiento técnico o ambiental en esta etapa. Este punto resulta clave para el inversionista, ya que confirma que no existen nuevas observaciones sobre el diseño o impacto del proyecto.
Revisión en curso y plazos acotados
La Dirección General de Minería ya inició la reevaluación del expediente, con el objetivo de emitir una nueva resolución en el menor plazo posible. El procedimiento contempla plazos legales definidos, incluyendo la devolución del expediente en un máximo de siete días hábiles.
En paralelo, se mantiene la construcción de la planta de beneficio sin interrupciones, lo que refuerza la señal de continuidad operativa. No obstante, el episodio vuelve a evidenciar los riesgos asociados a la judicialización y revisión administrativa de grandes proyectos, un factor que también incide en el clima de inversión minera en América Latina.
En un escenario global marcado por la creciente demanda de cobre —impulsada por la electrificación y la transición energética—, la capacidad de los países productores para destrabar proyectos estratégicos será determinante. Tía María, por su escala y proyección, se posiciona nuevamente como un caso testigo.
