La producción de oro en Perú atraviesa un punto de inflexión marcado por la ausencia de nuevos proyectos relevantes con cronogramas definidos, un factor que comienza a tensionar las perspectivas de crecimiento del sector en el mediano plazo. A este escenario se suma la expansión sostenida de la minería ilegal, que no solo avanza sobre zonas protegidas, sino también sobre concesiones valorizadas en más de US$ 12 mil millones, generando un impacto estructural sobre la industria. La advertencia proviene del Instituto Peruano de Economía (IPE), cuyo gerente general, Carlos Gallardo, planteó que la falta de certezas en el pipeline aurífero contrasta con el dinamismo observado en el cobre, donde sí existe una cartera robusta con proyección hacia 2032. El diagnóstico instala una preocupación mayor: sin nuevas iniciativas en desarrollo, el país podría perder competitividad en uno de sus minerales históricos, en un contexto global donde el oro mantiene su rol estratégico como activo refugio y fuente de divisas.
Ausencia de proyectos auríferos limita el crecimiento
El principal punto crítico identificado por el IPE es la inexistencia de proyectos auríferos de gran escala con plazos definidos que permitan anticipar un aumento significativo en la producción. A diferencia del cobre, donde Perú mantiene una hoja de ruta clara con iniciativas en distintas etapas, el oro enfrenta una especie de “meseta estructural”.
Según lo expuesto, el único proyecto de gran envergadura que podría modificar este escenario es Conga, aunque sin una fecha definida de ejecución, lo que impide incorporarlo en proyecciones concretas. Esta situación ocurre en paralelo a un escenario donde regiones clave como Cajamarca concentran cerca del 40% de la cartera minera total, configurándose como un polo estratégico aún subdesarrollado.
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Este contraste con el cobre ya ha sido analizado previamente en el contexto de la expansión minera regional, como se detalla en el análisis sobre el potencial de la cartera minera en Perú, donde se evidencia la fuerte dependencia del país en proyectos cupríferos para sostener su crecimiento.
Minería ilegal: expansión territorial y presión sobre concesiones
El avance de la minería ilegal se consolida como uno de los principales riesgos estructurales para el desarrollo del sector. No solo por su impacto ambiental y social, sino por su capacidad de ocupar territorios concesionados, afectando directamente la inversión formal.
El fenómeno se ha extendido incluso a áreas protegidas, lo que refleja debilidades en la capacidad de fiscalización y control del Estado. Esta problemática ya ha sido abordada en profundidad en el seguimiento de la expansión de la minería ilegal en América Latina, donde se advierte una tendencia regional de crecimiento sostenido.
Entre los factores que agravan este escenario destacan:
Falta de trazabilidad en la cadena de comercialización del oro
Débil capacidad de interdicción en zonas críticas
Escasa coordinación entre instituciones públicas
Presencia limitada del Estado en territorios remotos
Tramitología y debilidad institucional frenan inversiones
Más allá de la minería ilegal, el IPE identifica barreras estructurales que afectan el desarrollo de nuevos proyectos. La sobrerregulación y los extensos tiempos de tramitación aparecen como uno de los principales obstáculos, con procesos que en muchos casos superan los plazos legales establecidos.
A esto se suma la limitada capacidad institucional para gestionar herramientas clave como la consulta previa, lo que retrasa significativamente la ejecución de iniciativas. En paralelo, persisten problemas en el catastro minero nacional, donde la superposición de concesiones y la falta de ordenamiento territorial dificultan la exploración.
Estas brechas regulatorias han sido parte del debate en torno a la competitividad minera, como se analiza en el reporte sobre los desafíos de los permisos mineros en la región, donde Perú aparece rezagado frente a otros países.
Estrategia integral contra la minería ilegal
Desde el IPE se plantea que la respuesta del Estado debe superar el enfoque actual centrado en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), proponiendo una estrategia más amplia y articulada.
Las principales líneas de acción sugeridas incluyen:
Implementación de sistemas de trazabilidad del oro en toda la cadena
Fortalecimiento de operativos de interdicción con inteligencia territorial
Procesos de formalización con plazos estrictos y fiscalización efectiva
Coordinación interinstitucional permanente
Cooperación transfronteriza para controlar flujos ilegales
Este enfoque busca atacar el problema desde su origen, considerando que la minería ilegal no es solo una actividad extractiva, sino una red compleja que involucra financiamiento, transporte y comercialización.
Reactivar la cartera minera: clave para el crecimiento económico
El diagnóstico del IPE concluye que destrabar la cartera minera es fundamental para el crecimiento económico de Perú. Según sus estimaciones, el desarrollo total de los proyectos podría generar un impacto equivalente a dos veces el Producto Bruto Interno en un horizonte de 15 años.
El efecto multiplicador de la minería no se limita a la producción, sino que se extiende a empleo, recaudación fiscal, encadenamientos productivos y reducción de la pobreza. Esta relación ya ha sido destacada en el análisis sobre el impacto económico de la minería en Perú, donde se subraya su rol como motor estructural del país.
En este contexto, la paralización o retraso de proyectos no solo representa una pérdida para las empresas, sino una oportunidad desaprovechada a nivel país, en un momento donde la demanda global por minerales estratégicos sigue al alza.
