Minería ilegal en Perú afecta inversiones por US$ 12 mil millones, compromete proyectos fundamentales y evidencia debilidad estatal en zonas críticas.
Expansión de la minería ilegal y retroceso institucional
El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, advirtió que la falta de presencia pública ha permitido la rápida expansión de la minería ilegal en zonas bajo protección ambiental y reservas indígenas. Esta actividad ilícita, que ha penetrado incluso territorios con restricciones expresas, expone debilidades estructurales y de gobernanza en el aparato estatal, afectando negativamente el ambiente y las oportunidades de inversión.
El caso de Tambopata es paradigmático: varios focos de actividad minera fuera de regulación se mantienen activos en áreas expresamente prohibidas, según registros oficiales del Gobierno del Perú. Estas zonas degradadas evidencian ausencia de fiscalización, a pesar del riesgo para la biodiversidad y la integridad territorial.
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Impacto en proyectos mineros formales y la economía
De acuerdo con Gallardo, la minería ilegal no solo interfiere con territorios regulados, sino que presiona directamente a operaciones legítimas de empresas formales, impactando proyectos valorizados en torno a US$ 12 mil millones. Casos como Conga, así como conflictos reportados en zonas como Pataz, reflejan cómo este fenómeno incrementa la vulnerabilidad del sector y genera altos costos para la inversión.
Empresas establecidas como Poderosa y Horizonte han sufrido ataques e incidentes en Pataz. En tanto, proyectos en desarrollo tales como Los Chancas, Jaquira y Michiquillay experimentan retrasos relevantes, con campamentos incendiados y procesos detenidos durante años, lo que retrasa el desarrollo sostenible del rubro.
Dimensión sectorial y contexto regional
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estima que alrededor del 40% de la producción total de oro en Perú en 2022 provino de circuitos no formales. Esta situación equivale a US$ 4 mil millones generados fuera de los estándares ambientales y tributarios, según la misma entidad.
Entre los años recientes, la minería ilegal ya habría superado los US$ 8.200 millones de ingresos — incluso por encima del narcotráfico — en cuanto a economías ilícitas. La aprobación en junio de 2025 de la Estrategia Nacional de lucha contra la minería ilegal en Perú al 2030 busca fortalecer operativos y la institucionalidad sobre el control y la fiscalización minera.
Medidas, desafíos y reacciones institucionales
Si bien el Gobierno del Perú ha intensificado las acciones de interdicción y aplica el Decreto Legislativo N.º 1695 (enero de 2026) que modifica el Código Penal para endurecer penas, la implementación sigue enfrentando desafíos territoriales, de coordinación y fiscalización. Para fortalecer la trazabilidad y control, desde entidades técnicas como el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) se insiste en la necesidad de reforzar la institucionalidad y las capacidades de fiscalización efectiva.
A pesar de los más de 400 operativos durante 2025, el avance de la minería ilícita comprueba que el respaldo del sector privado y la cooperación internacional son elementos clave. El efecto en los precios internacionales y la competitividad del sector minero afecta potencialmente a países como Chile, dada la importancia regional de la producción y exportación de minerales.
