El Servicio de Evaluación Ambiental expuso ante el Consejo de Acera que energía concentra la mayor cartera sectorial en calificación, en un escenario clave para minería, transmisión, almacenamiento y descarbonización.
El Servicio de Evaluación Ambiental informó ante el Consejo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Acera A.G. que el sector energético lidera actualmente la cartera de proyectos en evaluación ambiental en Chile, con 125 iniciativas por US$26.657 millones.
La exposición fue realizada por el director ejecutivo del SEA, Arturo Farías Alcaíno, en un encuentro técnico con representantes del gremio renovable, instancia donde se abordaron los principales avances, prioridades y desafíos del sistema de permisos ambientales para infraestructura energética.
El dato no es menor para la industria minera. La expansión de proyectos solares, eólicos, sistemas de almacenamiento, líneas de transmisión y soluciones asociadas a la descarbonización está directamente vinculada con la competitividad de las faenas, especialmente en el norte del país, donde se concentra buena parte de la producción de cobre, litio, hierro y minerales industriales.
Energía lidera la cartera en evaluación ambiental
Durante la presentación, el SEA señaló que actualmente existen 379 proyectos en calificación ambiental, equivalentes a una inversión superior a US$91.000 millones. Dentro de esa cartera, energía aparece como el sector con mayor peso, por sobre otras áreas intensivas en capital como minería, infraestructura, inmobiliario y saneamiento ambiental.
La autoridad informó que el sector energético reúne 125 proyectos en evaluación, por US$26.657 millones, lo que confirma su rol como uno de los principales motores de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La cifra refleja el momento que atraviesa el sistema eléctrico chileno: más capacidad renovable, mayor presión sobre la red de transmisión, necesidad de almacenamiento para reducir vertimientos y demanda creciente por energía competitiva desde sectores industriales intensivos, entre ellos la minería.
El antecedente se suma al desempeño de 2025, año en que la inversión aprobada ambientalmente en proyectos de energía llegó a US$19.669 millones, frente a US$4.383 millones en 2010. Según los datos expuestos, el salto evidencia una expansión sostenida de la infraestructura energética durante los últimos 15 años.
Por qué importa para la minería chilena
La minería chilena depende cada vez más de energía eléctrica limpia, firme y disponible. Las grandes operaciones cupríferas han avanzado en contratos renovables, electrificación de equipos, desalación de agua de mar, bombeo de largas distancias, mayor automatización y procesos de concentración más intensivos en consumo energético.
Ese cambio aumenta la relevancia de la tramitación ambiental de proyectos energéticos. Sin nuevas líneas de transmisión, almacenamiento, subestaciones y generación adicional, parte de la inversión minera puede enfrentar restricciones operacionales o mayores costos por congestión eléctrica.
Para la minería, la cartera energética en evaluación no es solo una señal de inversión: es una condición habilitante para sostener producción, ampliar faenas, reducir emisiones y viabilizar nuevos proyectos en zonas con alta demanda eléctrica.
En 2025, el SEA aprobó proyectos por más de US$41.530 millones, el mayor monto anual desde que existen registros del sistema. En ese total, energía lideró con US$19.669 millones en 124 proyectos, seguida por minería, con US$9.131 millones en 41 iniciativas. Ambos sectores concentraron cerca de siete de cada diez dólares de inversión aprobada ambientalmente ese año.
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Menores plazos y más presión sobre la certeza regulatoria
Uno de los puntos destacados por el SEA fue la reducción de 30% en los plazos de tramitación de Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental ingresados durante la actual administración. El organismo también informó avances en la resolución de proyectos con recursos de reclamación, lo que habría permitido destrabar 50 iniciativas por aproximadamente US$15.000 millones.
A ello se suma el trabajo del Comité de Ministros, que en menos de 90 días sesionó en seis oportunidades, revisó 16 proyectos y contribuyó a destrabar otros US$6.900 millones. Según la exposición, mayo de 2026 marcó además un récord histórico de aprobaciones ambientales en un solo mes desde que existen registros.
El mensaje del SEA apunta a un objetivo central para el mercado: mejorar oportunidad y predictibilidad sin rebajar los estándares de evaluación. Ese equilibrio es especialmente sensible en energía y minería, sectores donde los proyectos suelen enfrentar alta complejidad técnica, interacción con comunidades, componentes territoriales, permisos sectoriales y exigencias sobre biodiversidad, agua, patrimonio, emisiones y uso de suelo.
Datos clave
Organismo: Servicio de Evaluación Ambiental.
Instancia: encuentro técnico con el Consejo de Acera A.G.
Sector destacado: energía.
Proyectos energéticos en evaluación: 125.
Inversión energética en calificación: US$26.657 millones.
Total de proyectos en calificación ambiental: 379.
Inversión total en evaluación: más de US$91.000 millones.
Inversión energética aprobada en 2025: US$19.669 millones.
Inversión energética aprobada en 2010: US$4.383 millones.
Reducción informada en plazos de tramitación: 30%.
Proyectos destrabados con recursos de reclamación: 50 iniciativas por cerca de US$15.000 millones.
Acera plantea necesidad de una evaluación más eficiente
Desde Acera, el encuentro fue leído como una instancia para reforzar la coordinación entre el sector público y los desarrolladores de infraestructura energética. La directora ejecutiva del gremio, Ana Lía Rojas, valoró el intercambio técnico y sostuvo que las cifras muestran que energía concentra hoy la mayor cartera de proyectos en evaluación ambiental del país.
La visión del gremio apunta a que una evaluación más eficiente requiere fortalecer la coordinación entre organismos públicos, mejorar la articulación entre planificación territorial y evaluación ambiental, entregar mayor certeza regulatoria y facilitar la implementación de los instrumentos normativos que inciden en el desarrollo de infraestructura energética.
Ese diagnóstico coincide con una preocupación transversal en sectores intensivos en inversión: los proyectos de generación, transmisión y almacenamiento no solo deben obtener una Resolución de Calificación Ambiental, sino también coordinar permisos posteriores, conexión al sistema eléctrico, servidumbres, obras civiles, financiamiento y contratos de suministro.
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Transmisión, almacenamiento y permisos: el punto crítico
La expansión renovable ha cambiado la estructura del sistema eléctrico chileno. La disponibilidad de recursos solares y eólicos en el norte ha impulsado nueva oferta, pero también ha elevado la necesidad de redes, subestaciones, sistemas BESS y mayor capacidad de transmisión hacia los centros de consumo.
Para la minería, este punto es estratégico. Faenas ubicadas en Antofagasta, Atacama, Tarapacá y Coquimbo demandan suministro estable para operaciones continuas, plantas concentradoras, desaladoras, sistemas de impulsión, campamentos, puertos y servicios auxiliares. La falta de infraestructura oportuna puede traducirse en mayores costos, riesgos de conexión o menor flexibilidad para nuevos proyectos.
El crecimiento de la inversión energética en evaluación ambiental muestra que la transición energética chilena ya no depende solo de construir más generación, sino de resolver la infraestructura que permite transportar, almacenar y gestionar esa energía.
Lo que observará la industria
El principal indicador a seguir será cuántos de los proyectos energéticos actualmente en calificación avanzan efectivamente hacia aprobación, financiamiento y construcción. La cartera por US$26.657 millones confirma apetito inversor, pero su impacto real dependerá de la capacidad del sistema para transformar evaluación ambiental en obras ejecutadas.
Para la minería, el avance de esa infraestructura será clave en tres frentes: asegurar energía competitiva para nuevas inversiones, reducir la huella de carbono de las operaciones y sostener el crecimiento de cargas asociadas a desalación, automatización y electrificación. En un ciclo donde los permisos se han convertido en un factor crítico de competitividad, la evolución de la cartera energética será una señal directa para el desarrollo minero de la próxima década.