El subsecretario de Minería, Álvaro González, expresó preocupación por la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de Collahuasi valorizado en US$3.200 millones, luego de que el Segundo Tribunal Ambiental dejara sin efecto el permiso ambiental de la iniciativa. La autoridad sostuvo que el caso abre un debate sobre la certeza jurídica para las inversiones y sobre las facultades del sistema para revocar permisos años después de haber sido otorgados e incluso con proyectos ya construidos o en ejecución avanzada.
Las declaraciones se producen en medio de una creciente discusión política y regulatoria sobre judicialización ambiental, estabilidad de permisos y seguridad para grandes proyectos de inversión en Chile. El caso también coincidió con la aprobación en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de una norma incluida en la denominada megarreforma del gobierno, que busca restituir gastos de inversión en casos donde tribunales anulen RCAs ya otorgadas.
González afirmó que el Ejecutivo observa con inquietud que el sistema permita retrotraer procesos ambientales después de varios años, especialmente cuando las compañías ya han ejecutado importantes desembolsos y avanzado en construcción. El proyecto de Collahuasi había obtenido su RCA favorable a fines de 2021 y posteriormente fue ratificado por el Comité de Ministros en agosto de 2023.
La controversia vuelve a instalar en el centro del debate la tensión entre evaluación ambiental, certeza regulatoria y desarrollo de inversiones estratégicas, fenómeno que también ha quedado expuesto recientemente en procesos como la suspensión judicial de la revisión ambiental de Termoeléctrica Mejillones.
Gobierno cuestiona que proyectos avanzados puedan retroceder varios años
En entrevista con Radio Infinita, el subsecretario indicó que el caso de Collahuasi refleja una problemática estructural relacionada con el diseño actual del sistema de evaluación ambiental y los mecanismos de reclamación judicial.
“Vemos con mucha preocupación que nuestro sistema admita este tipo de revocaciones a posteriori y luego de la construcción. Sin duda es preocupante que se dé esa situación”, señaló González.
La autoridad enfatizó que el proceso aún permanece abierto debido a que la compañía habría presentado un recurso de aclaración ante el tribunal. No obstante, sostuvo que más allá del caso puntual, la situación obliga a reflexionar sobre cómo el sistema chileno permite que procesos ambientales sigan judicializándose varios años después de aprobados.
“Lo que vemos con preocupación es esta falta de certeza para el desarrollo de proyectos, y que se generen estas situaciones, en que RCA otorgadas hace 5 años y obras en construcción, puedan estar el día de hoy en tela de juicio por permitirlo así el sistema”, afirmó.
González evitó cuestionar directamente al tribunal ambiental y remarcó que el Ejecutivo respeta la autonomía de los distintos poderes del Estado. Sin embargo, sostuvo que el problema radica en que el marco regulatorio actual permite que permisos ambientales puedan ser reclamados y eventualmente revocados incluso cuando los proyectos ya se encuentran prácticamente terminados.
La discusión ocurre en un escenario donde distintos proyectos mineros y energéticos enfrentan creciente presión regulatoria, procesos de judicialización y mayores exigencias ambientales, factores que han comenzado a incidir en cronogramas de inversión y desarrollo de infraestructura estratégica en Chile.
Megarreforma busca otorgar mayor protección a inversionistas
El subsecretario destacó que parte de las soluciones impulsadas por el gobierno están contenidas en la megarreforma actualmente en discusión en el Congreso. Dentro de las normas aprobadas en comisión figura un mecanismo para restituir gastos de inversión a titulares cuyos proyectos cuenten con RCA anuladas posteriormente por tribunales.
Según González, la medida tendría coherencia considerando que las compañías toman decisiones de inversión basadas en permisos y autorizaciones otorgadas previamente por el propio Estado.
“Tendría coherencia en el sentido que fue el Estado el que en el marco de un proceso determinó que se debían cumplir o no ciertos requisitos a una compañía que se embarcó en un proceso de inversión”, señaló.
El subsecretario añadió que posteriormente otro poder del Estado puede determinar que el procedimiento debe retrotraerse, lo que genera incertidumbre para inversionistas y proyectos de largo plazo.
“Como Estado tenemos que dar certeza a los inversionistas de que cuando vamos pasando etapas del proceso no puede generarse un escenario como este, en que uno se retrotrae cinco años”, afirmó.
La discusión sobre estabilidad regulatoria y seguridad jurídica ha ganado especial relevancia en el sector minero latinoamericano debido a crecientes conflictos ambientales y procesos judiciales que afectan grandes proyectos extractivos. Casos como Cobre Panamá y First Quantum han reforzado el debate regional sobre cómo equilibrar desarrollo económico, regulación ambiental y confianza inversionista.
Subsecretario descarta privatización de Codelco y pide fortalecer gestión
Durante la entrevista, González también abordó la situación de Codelco, empresa que en las últimas semanas ha enfrentado cuestionamientos relacionados con producción de cobre, gestión financiera y desafíos operacionales.
La autoridad sostuvo que la estatal enfrenta importantes retos en materia de gestión, seguridad financiera y endeudamiento, aunque remarcó que existe espacio para que el nuevo directorio impulse mejoras internas y procesos de revisión.
“Es una empresa que tiene unos desafíos tremendos en materia de gestión, seguridad financiera, de endeudamiento”, indicó.
El subsecretario planteó además que el gobierno corporativo de Codelco podría desarrollar auditorías y revisiones internas destinadas a fortalecer la compañía y mejorar sus resultados operacionales y financieros.
En relación con eventuales procesos de privatización, González descartó completamente esa posibilidad dentro de la actual administración.
“No está en los planes de este gobierno en este momento”, afirmó.
También enfatizó que una eventual privatización no corresponde a decisiones del gobierno corporativo de la estatal, sino a definiciones de carácter político e institucional.
Las declaraciones ocurren mientras Codelco enfrenta una etapa clave de transformación operacional, modernización y ejecución de proyectos estructurales destinados a sostener producción futura de cobre en Chile, en un contexto donde el mercado internacional mantiene expectativas positivas para el metal rojo y creciente presión por asegurar nueva oferta minera.