Autoridades de Calama, Antofagasta y Mejillones plantean revisar la distribución de los recursos generados por la minería. El debate apunta a cuánto dinero permanece efectivamente en los territorios que concentran faenas, infraestructura e impactos de la actividad.
La distribución de los recursos provenientes del royalty minero abrió un nuevo frente entre municipios del norte y comunas de la Región Metropolitana. Alcaldes de zonas directamente vinculadas con la minería sostienen que el actual mecanismo no refleja suficientemente los costos territoriales que soportan ciudades donde se concentra buena parte de la producción minera del país.
La discusión adquiere especial relevancia durante 2026, cuando 309 comunas están recibiendo transferencias asociadas al royalty minero. Solo las dos primeras cuotas municipales del año acumularon más de $113 mil millones, recursos que permiten financiar iniciativas locales y ampliar el margen presupuestario de los gobiernos comunales.
El punto que genera tensión no es que municipios no mineros reciban dinero, sino la proporción. Entre las comunas que concentran mayores recursos aparecen Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana, mientras también figuran entre las principales receptoras Rancagua, Huasco, El Bosque, Tierra Amarilla y Cerro Navia.
Cuatro de esas diez comunas pertenecen a la Región Metropolitana.
Comunas mineras piden revisar cuánto queda en los territorios
El alcalde de Calama y presidente de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile, Elicier Chamorro, puso nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la distribución territorial del royalty.
La posición de los municipios del norte es que las comunas donde existen operaciones mineras enfrentan necesidades de infraestructura y servicios directamente relacionadas con una actividad que genera una parte relevante de los ingresos del país.
El reclamo alcanza ámbitos como pavimentación, carreteras, tránsito de vehículos pesados, infraestructura urbana, espacios públicos y servicios municipales.
Desde Calama, el cuestionamiento apunta especialmente a la capacidad real de los recursos para financiar obras de mayor envergadura. Chamorro ejemplificó que una intervención relativamente acotada de pavimentación podría consumir buena parte de los fondos recibidos por una comuna, lo que limita la posibilidad de abordar déficits estructurales.
El alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, también ha planteado que las localidades directamente relacionadas con la minería deberían contar con una participación mayor, considerando que conviven permanentemente con sus externalidades y necesidades de infraestructura.
Antofagasta pone el foco en la “justicia territorial”
El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, se sumó a los cuestionamientos y apuntó directamente al diseño final del sistema.
Su posición es que el royalty debía permitir que una parte adicional de la riqueza generada por las operaciones mineras regresara a los territorios encargados de absorber sus impactos.
Antofagasta enfrenta, por ejemplo, deterioro de infraestructura asociado al tránsito de camiones de alto tonelaje y una demanda permanente de inversión pública vinculada con el crecimiento económico y poblacional generado alrededor de la minería.
La controversia se concentra así en una pregunta que probablemente seguirá instalada en el debate fiscal: cuánto del royalty debe redistribuirse mediante criterios de equidad nacional y cuánto debería reservarse específicamente para las comunas productoras.
Cómo se distribuyen los recursos del royalty minero
La legislación creó distintos mecanismos para canalizar parte de la recaudación hacia gobiernos regionales y municipios.
Entre ellos se encuentra el Fondo de Comunas Mineras, diseñado para territorios que albergan actividades directamente vinculadas con la industria, como yacimientos, fundiciones, refinerías, relaves o infraestructura portuaria asociada a operaciones mineras.
También existe un componente orientado a la equidad territorial, que permite que recursos provenientes de la minería alcancen a municipios con mayor dependencia del Fondo Común Municipal y menores capacidades financieras propias.
Ese diseño explica por qué comunas de Santiago que no poseen operaciones mineras pueden recibir montos relevantes.
La lógica combina dos objetivos que hoy están entrando en tensión: compensar a los territorios vinculados directamente con la actividad minera y, al mismo tiempo, utilizar parte de los ingresos para reducir diferencias financieras entre municipios del país.
Más de $113 mil millones transferidos durante 2026
Las transferencias municipales del royalty ya tienen un impacto importante en las finanzas locales.
La primera cuota distribuida durante abril alcanzó aproximadamente $56.633 millones. Con la segunda transferencia, el monto acumulado llegó a $113.267 millones para las comunas beneficiarias.
Estos recursos tienen un grado importante de autonomía municipal para financiar necesidades locales, aunque no pueden utilizarse para pagar deudas municipales.
Esa flexibilidad permite destinarlos, dependiendo de las prioridades definidas en cada territorio, a áreas como seguridad, infraestructura, mejoramiento urbano, salud comunal, recuperación de espacios públicos o equipamiento.
Para municipios con presupuestos limitados, el royalty se ha convertido así en una nueva fuente estructural de financiamiento.
El debate también alcanza al Fondo Común Municipal
La discusión sobre el royalty se está cruzando con otra controversia: la forma en que Chile distribuye los recursos entre municipalidades.
El Fondo Común Municipal funciona como uno de los principales mecanismos de redistribución entre comunas con distinta capacidad de generar ingresos propios.
Municipios con altos niveles de recaudación realizan aportes que posteriormente ayudan a financiar comunas con menores ingresos. Sin embargo, alcaldes de distintos sectores han comenzado a plantear la necesidad de modernizar sus criterios.
En el caso del norte, el problema adquiere una dimensión adicional.
Antofagasta, por ejemplo, es una comuna que aporta recursos al Fondo Común Municipal y simultáneamente enfrenta inversiones asociadas a infraestructura, seguridad, espacios públicos y actividad productiva.
De ahí que las autoridades locales estén solicitando un equilibrio entre solidaridad territorial y capacidad de las ciudades productoras para responder a sus propios déficits.
Una discusión clave para las regiones mineras
El debate probablemente no terminará únicamente en determinar qué comuna recibe más o menos recursos.
Para las regiones mineras, el punto central será establecer qué proporción de la recaudación debe reconocer directamente la condición de territorio productor y qué parte debe continuar financiando mecanismos de redistribución nacional.
La minería sigue teniendo un peso decisivo en regiones como Antofagasta, Atacama y Tarapacá, donde operaciones de gran escala conviven con desafíos de conectividad, vivienda, infraestructura urbana, servicios públicos y presión sobre las redes de transporte.
Para los habitantes de estas comunas, una eventual modificación de los criterios podría traducirse en mayor capacidad municipal para financiar proyectos locales. Para los municipios que actualmente reciben recursos mediante criterios de equidad territorial, en cambio, cualquier cambio en la fórmula deberá considerar el efecto que tendría sobre sus presupuestos.
El desafío será compatibilizar ambos objetivos: mantener la redistribución hacia comunas con menor capacidad financiera sin reducir el reconocimiento económico a los territorios donde efectivamente se desarrolla la actividad minera.
La discusión sobre el royalty, por lo tanto, está dejando de ser únicamente tributaria. También comienza a instalarse como un debate sobre descentralización, financiamiento municipal y distribución territorial de la riqueza minera en Chile.
