El Gobierno nacional confirmó que durante febrero se abordará nuevamente la discusión sobre la Ley de Glaciares en el Congreso, luego de incluir el proyecto en la convocatoria oficial a sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de ese mes. La iniciativa será tratada en el Senado y reabre un debate de alto impacto político, ambiental y productivo, especialmente para las provincias cordilleranas con fuerte potencial minero.
El proyecto en cuestión corresponde a la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N° 26.639), norma vigente desde 2010 y considerada una de las más restrictivas de la región en materia de minería de alta montaña. La iniciativa obtuvo dictamen en diciembre pasado, tras un extenso plenario de las comisiones de Minería y Ambiente del Senado, instancia que incluyó un ciclo de exposiciones con posturas contrapuestas entre el sector productivo, el ámbito científico y organizaciones ambientalistas.
Desde la industria minera se ha insistido en que existe consenso transversal respecto de la necesidad de proteger los glaciares y aquellos ambientes periglaciales que constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos. Sin embargo, advierten que la actual redacción de la ley presenta ambigüedades técnicas que han derivado en una paralización de proyectos, incluso en zonas donde no existiría afectación directa a cuerpos de hielo relevantes. En ese sentido, el sector plantea que la norma debiera precisar que la determinación de glaciares y ambiente periglacial protegidos se realice caso a caso, sobre la base de estudios científicos específicos y con participación de expertos independientes.
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Un rol protagónico en esta discusión lo han asumido los gobernadores que integran la denominada Mesa del Cobre, encabezada por el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego. Desde ese espacio, los gobernadores sostienen que la definición vigente de “ambiente periglaciar” es excesivamente amplia y ha operado como un freno para proyectos clave de cobre y litio, minerales considerados estratégicos para la transición energética global. Asimismo, reclaman mayor autonomía provincial para adaptar la regulación a la realidad geográfica de cada territorio y subrayan que, de acuerdo con la Constitución, las provincias son titulares de los recursos naturales existentes en su jurisdicción. Por ello, solicitan que la ley clarifique el rol provincial en la identificación y delimitación de las áreas que deben ser objeto de protección.
La inclusión de la Ley de Glaciares en las sesiones extraordinarias se produce en un contexto de fuerte interés del Gobierno por dinamizar inversiones, particularmente en sectores exportadores. Junto con este proyecto, el Ejecutivo oficializó que también se debatirán la Ley de Modernización Laboral y la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, además de acuerdos diplomáticos.
Así, febrero se perfila como un mes decisivo para el futuro regulatorio de la minería argentina. El tratamiento de la Ley de Glaciares no solo pondrá a prueba la capacidad de diálogo entre Nación, provincias y sectores involucrados, sino que también definirá si el país logra compatibilizar protección ambiental con desarrollo productivo en un escenario global cada vez más demandante de minerales críticos.
