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El país busca atraer capital y tecnología para explorar nuevos depósitos, desarrollar proyectos junto a la estatal INB y asegurar combustible para su programa nuclear. La apertura mantiene el control público sobre el mineral estratégico.
Brasil avanza en la incorporación de empresas privadas a la exploración y producción de uranio, un sector históricamente reservado al Estado y que ahora aparece como una pieza central de su estrategia energética, minera y de seguridad de suministro.
El modelo no supone una privatización completa del recurso. Indústrias Nucleares do Brasil (INB) conservará el control estatal sobre los minerales nucleares, pero podrá establecer contratos y asociaciones con compañías privadas para ejecutar campañas de exploración, desarrollar minas, procesar mineral y aportar financiamiento, tecnología y capacidad operativa.
La ofensiva brasileña ocurre en un escenario de mayor demanda internacional de uranio, expansión de la generación nuclear y preocupación entre los países consumidores por la concentración geográfica de la oferta. Para Brasil, el desafío inmediato es convertir su potencial geológico en producción efectiva y disminuir la dependencia de insumos importados para abastecer las centrales de Angra 1 y Angra 2.
Un monopolio estatal que comienza a flexibilizarse
La Constitución brasileña mantiene bajo monopolio federal la explotación de minerales nucleares. Sin embargo, la Ley 14.514, promulgada en diciembre de 2022, amplió las herramientas disponibles para que INB pueda contratar empresas privadas y desarrollar asociaciones bajo supervisión estatal.
La normativa permite delegar actividades de investigación, extracción, tratamiento y comercialización, además de incorporar privados en instalaciones relacionadas con la concentración y transformación de minerales nucleares. El uranio extraído continúa sujeto al control de INB, que conserva la autoridad sobre su destino y uso.
Las empresas podrán recibir distintas formas de remuneración, incluyendo pagos directos, participación en los ingresos, derechos de comercialización o acceso preferente a determinados volúmenes, siempre dentro de contratos aprobados por la estatal y bajo las restricciones aplicables a materiales nucleares.
La aplicación efectiva de este esquema todavía requiere definiciones regulatorias y administrativas. El Gobierno brasileño trabaja en la construcción de reglas que permitan ejecutar las asociaciones sin perder control sobre un recurso considerado estratégico para la defensa, la generación eléctrica y el desarrollo tecnológico.
El Consejo Nacional de Política Mineral creó en julio de 2026 un grupo de trabajo con un plazo inicial de 90 días para revisar el conocimiento disponible sobre los recursos y reservas de uranio del país, estimar el potencial productivo y proponer medidas para ampliar la investigación geológica.
La instancia reúne al Ministerio de Minas y Energía, la Casa Civil, organismos científicos, autoridades ambientales, entidades de seguridad y representantes del programa nuclear y de la Armada brasileña.
Brasil busca capital para explorar un territorio poco estudiado
Una de las principales limitaciones del país es la falta de exploración sistemática. Gran parte de las estimaciones sobre recursos de uranio se basa en estudios realizados décadas atrás, mientras amplias áreas con condiciones geológicas favorables continúan sin campañas modernas de sondaje.
INB ha intensificado durante 2026 sus contactos con compañías internacionales especializadas en exploración temprana. El objetivo es atraer empresas con capacidad para asumir riesgo geológico, levantar capital en mercados internacionales y utilizar tecnologías modernas de prospección.
El interés privado se concentra tanto en depósitos exclusivos de uranio como en yacimientos donde el mineral aparece asociado a fosfatos, tierras raras u otros recursos. Esta última categoría podría facilitar nuevos proyectos, debido a que los ingresos generados por minerales complementarios ayudan a financiar la recuperación del componente nuclear.
La legislación establece que las compañías que detecten minerales nucleares dentro de sus concesiones deben informar a INB. Cuando el uranio sea predominante, la estatal podrá adquirir los derechos o negociar una explotación conjunta. Cuando sea un producto secundario, el operador podrá continuar con el proyecto, pero deberá entregar el material nuclear a la empresa pública.
El esquema resulta especialmente relevante para compañías que exploran fosfatos y minerales críticos. La presencia de uranio había representado tradicionalmente una restricción para esos proyectos, debido a las limitaciones existentes para manipular y comercializar materiales nucleares.
Santa Quitéria será la prueba del nuevo modelo
El proyecto Santa Quitéria, ubicado en el estado de Ceará, aparece como el principal caso para medir la viabilidad de la cooperación público-privada. La iniciativa es desarrollada por INB junto a la empresa brasileña Galvani y contempla la explotación conjunta de fosfato y uranio en el depósito de Itataia.
El diseño considera una producción anual aproximada de 1,05 millones de toneladas de fertilizantes fosfatados, 220.000 toneladas de fosfato para alimentación animal y 2.300 toneladas de concentrado de uranio.
Ese volumen permitiría cubrir el consumo proyectado de las centrales nucleares Angra 1, Angra 2 y Angra 3, en caso de que esta última unidad sea completada. También reduciría la exposición de Brasil a compras externas y permitiría integrar una mayor parte del ciclo del combustible nuclear dentro del país.
Santa Quitéria se encuentra en proceso de licenciamiento ambiental. La programación vigente considera avanzar hacia la instalación durante 2027 y comenzar la operación en 2031, aunque esos plazos dependerán de la obtención de permisos ambientales y nucleares.
El proyecto proyecta alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos durante la construcción y cerca de 3.000 puestos en la etapa operacional. Su desarrollo también tendría efectos sobre proveedores de ingeniería, perforación, procesamiento mineral, transporte, monitoreo radiológico y servicios ambientales.
La iniciativa ha incorporado modificaciones respecto de sus versiones iniciales. El diseño actual contempla una reducción cercana al 20% en el consumo de agua, la eliminación de barreras convencionales de relaves y una disminución de hasta 50% en la superficie intervenida.
Pese a esos cambios, el componente ambiental será determinante. La explotación de uranio exige controles específicos sobre radiación, aguas, residuos y cierre de instalaciones, además de procesos de participación con comunidades ubicadas en el área de influencia.
La demanda interna podría multiplicarse
Brasil produce actualmente menos uranio del que necesita para fabricar el combustible utilizado en Angra 1 y Angra 2. La brecha obliga a recurrir a suministros internacionales, aun cuando el país posee recursos geológicos y capacidades industriales en distintas etapas del ciclo nuclear.
Las proyecciones energéticas brasileñas plantean una expansión significativa de la capacidad nuclear en las próximas décadas. Bajo un escenario de 14 gigavatios instalados hacia 2055, la demanda interna de uranio podría pasar desde alrededor de 450 toneladas anuales hasta cerca de 3.000 toneladas.
El aumento obligaría a desarrollar nuevas minas, ampliar instalaciones de procesamiento y fortalecer la cadena industrial vinculada al combustible nuclear.
La presión no proviene únicamente del mercado doméstico. La producción mundial bordea las 60.000 toneladas anuales, mientras el consumo alcanzó cerca de 65.000 toneladas en 2025. La diferencia fue cubierta mediante inventarios estratégicos acumulados por gobiernos y operadores nucleares.
Más de 70 reactores se encuentran actualmente en construcción a nivel internacional. Cuando entren en operación, la demanda adicional podría alcanzar aproximadamente 14.000 toneladas de uranio por año, mientras varias minas maduras enfrentan menores leyes minerales y costos crecientes.
Una oportunidad minera con control estatal
La entrada de compañías privadas puede acelerar la exploración de depósitos que permanecen sin desarrollo y reducir la carga financiera sobre INB. También abre oportunidades para empresas de servicios mineros, firmas de ingeniería, laboratorios, proveedores de tecnologías de procesamiento y operadores especializados en gestión ambiental.
Brasil, sin embargo, no está entregando libremente su industria del uranio. La estrategia consiste en utilizar inversión privada bajo una estructura donde el Estado conserva la propiedad, la supervisión y la decisión final sobre el mineral producido.
El éxito del modelo dependerá de la claridad regulatoria, la estabilidad de los contratos, la capacidad de INB para gestionar asociaciones complejas y la obtención de licencias sociales y ambientales.
Para la minería latinoamericana, el movimiento incorpora a Brasil en la competencia por inversiones destinadas a minerales energéticos y críticos. Si logra transformar sus recursos en producción, el país podría avanzar desde una posición de importador parcial hacia una mayor autonomía nuclear y, eventualmente, convertirse en un nuevo actor dentro del mercado internacional del uranio.
