Canadá elevó el tono en la disputa por el control de sus minerales críticos. El gobierno del primer ministro Mark Carney inició una revisión de seguridad nacional del acuerdo de fusión por US$53.000 millones entre Teck Resources y Anglo American, una operación destinada a crear uno de los mayores productores de cobre del mundo.
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Revisión bajo la Ley de Inversiones de Canadá
Desde Corea del Sur, la ministra de Industria, Mélanie Joly, confirmó que la operación será examinada en detalle bajo la Investment Canada Act, con una decisión final prevista para los próximos meses. Según la autoridad, la revisión de seguridad es un paso “estándar” para transacciones extranjeras de esta magnitud, pero el mensaje político fue claro: Ottawa quiere compromisos más fuertes y de largo plazo con Canadá.
La revisión se centrará en el impacto potencial de la fusión sobre:
- El abastecimiento de minerales críticos, en particular el cobre.
- La resiliencia de las cadenas de suministro asociadas.
- La preservación de capacidades estratégicas en territorio canadiense.
Canadá incluyó al cobre en su lista oficial de minerales críticos y ha venido endureciendo las reglas para adquisiciones extranjeras desde 2024, justamente para blindar activos considerados sensibles.
Compromisos de inversión y traslado de la sede
Para lograr luz verde, Teck y Anglo han comprometido cerca de US$4.500 millones en gastos en Canadá durante los próximos cinco años, incluyendo proyectos ya anunciados como la extensión de la mina Highland Valley Copper, en la Columbia Británica.
Anglo American, por su parte, ha puesto sobre la mesa concesiones poco habituales para un grupo minero global:
- Trasladar su sede corporativa mundial desde Londres a Vancouver.
- Rebrandearse como “Anglo Teck”.
- Reubicar a altos ejecutivos, incluyendo al CEO Duncan Wanblad y al CFO John Heasley, a Canadá.
Aun así, fuentes de mercado señalan que Ottawa sigue insatisfecha y presiona por un paso adicional: que Anglo redomicilie completamente a Canadá, lo que en la práctica la convertiría en una empresa canadiense a efectos regulatorios, tributarios y de gobierno corporativo.
Soberanía de recursos y el peso de la historia
La resistencia política al acuerdo se explica también por el historial de adquisiciones extranjeras que vaciaron a Canadá de varios “campeones nacionales” en minería: Alcan, Falconbridge e Inco son algunos de los nombres que quedaron en manos foráneas en las últimas décadas.
La propia Teck reordenó su portafolio recientemente, vendiendo el 77% de su negocio de carbón a Glencore por US$6.900 millones en 2024, mientras que el resto fue adquirido por Nippon Steel y POSCO, en una operación diseñada para reposicionar a la compañía como productor enfocado en metales como cobre y zinc.
En este contexto, el gobierno de Carney ha ligado explícitamente la capacidad de Canadá para controlar su cadena de minerales críticos con la soberanía económica y política del país, reforzando la idea de que cada gran transacción en minería es también una decisión estratégica de Estado.
Voto decisivo de los accionistas el 9 de diciembre
Los accionistas de Teck y Anglo American están convocados a votar el 9 de diciembre. Firmas asesoras de voto como ISS y Glass Lewis ya recomendaron apoyar la fusión, destacando las sinergias y la mayor exposición al cobre que obtendrían los inversionistas.
Si el acuerdo prospera y obtiene todas las autorizaciones, la nueva Anglo Teck se ubicará entre los cinco mayores productores de cobre del mundo, con una producción anual estimada de 1,35 millones de toneladas, superando la producción de Escondida en 2024 (1,28 millones de toneladas).
Un test para la nueva política de minerales críticos de Canadá
La revisión de seguridad nacional a la fusión Teck–Anglo se ha transformado en un caso de prueba para la nueva política canadiense de minerales críticos:
- Medirá hasta dónde está dispuesto Ottawa a condicionar o frenar megafusiones en sectores estratégicos.
- Enviará una señal a inversionistas globales sobre el nivel de exigencia regulatoria para operaciones de M&A en minería.
- Pondrá a prueba la capacidad del país para equilibrar atracción de capital externo y protección de soberanía de recursos.
