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Chile y EE. UU. sellan acuerdo en minerales críticos y seguridad pública

Chile y Estados Unidos refuerzan colaboración estratégica mediante nuevos acuerdos en minería de minerales críticos y combate al crimen organizado. Acuerdos…

Chile y EE. UU. sellan acuerdo en minerales críticos y seguridad pública
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Chile y Estados Unidos refuerzan colaboración estratégica mediante nuevos acuerdos en minería de minerales críticos y combate al crimen organizado.

Acuerdos bilaterales en minería de minerales críticos

El gobierno chileno y representantes de Estados Unidos formalizarán en Santiago una serie de acuerdos orientados a fortalecer la cooperación en el sector de minerales críticos. Los convenios surgen como resultado de la Declaración Conjunta firmada el 12 de marzo de 2026, instancia donde ambos países anunciaron su intención de coordinar esfuerzos para asegurar una cadena de suministro robusta, diversificada y sustentable de minerales estratégicos, especialmente tierras raras y otros insumos clave para la industria tecnológica y de defensa. La ceremonia contará con la presencia del canciller Francisco Pérez Mackenna, el ministro de Minería y Economía Daniel Mas, y el subsecretario de Estado estadounidense para Control de Armamentos y Seguridad Internacional, Thomas DiNanno.

Si bien las autoridades no han revelado detalles específicos sobre los minerales involucrados ni sobre proyectos concretos, el foco de las negociaciones ha estado en potenciar exploración, financiamiento, reciclaje de residuos mineros y mecanismos para incrementar la oferta de insumos estratégicos. Cabe destacar que, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta la fecha no se ha confirmado la inclusión específica del rhenio dentro de estos acuerdos. Este metal, de alto valor en aplicaciones aeroespaciales y defensa, es mayoritariamente extraído como subproducto del cobre, mineral donde Chile lidera la producción global.

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Nueva inversión en seguridad para enfrentar el crimen organizado

En paralelo a los acuerdos mineros, Chile y Estados Unidos sellarán una alianza reforzada en materia de seguridad pública, enfocada en la lucha contra el crimen organizado y las redes transnacionales. La enmienda a la Carta de Acuerdo, firmada el 19 de abril de 2026, contempla una inversión inicial de US$ 1 millón aportada por la administración estadounidense. Este fondo impulsará la creación de un equipo conjunto entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el FBI, e incluye la presencia de agentes federales estadounidenses en territorio nacional para acelerar investigaciones complejas vinculadas a narcotráfico y crimen transnacional.

El Ministerio de Seguridad Pública de Chile destacó que el objetivo central es potenciar las capacidades operativas nacionales y actualizar los mecanismos de cooperación vigentes desde inicios de la década de 2000, en línea con los compromisos del Ejecutivo para afrontar el aumento de bandas internacionales que operan en el país. Este esfuerzo estratégico busca, además, responder a exigencias del entorno internacional sobre controles fronterizos y desarticulación de flujos ilícitos.

Impacto sectorial y próximos desafíos

La profundización de la colaboración entre ambos países en minerales críticos tiene como objetivo principal asegurar insumos clave para industrias estratégicas, favoreciendo la estabilidad de mercados y la transición hacia economías más tecnológicas y sostenibles. Las autoridades locales han subrayado que, aunque todavía faltan detalles sobre proyectos y montos de inversión asociados, la iniciativa se alinea con los desafíos globales para garantizar suministros de recursos esenciales frente a la volatilidad del mercado y la dependencia de pocos proveedores internacionales.

Por el lado de la seguridad, la inyección de fondos y la cooperación con agencias internacionales representa un avance concreto en el fortalecimiento institucional frente a delitos de alta complejidad. El acuerdo, según los actores firmantes, sienta las bases para la modernización tecnológica, la capacitación especializada y futuras instancias de apoyo bilateral en el control del crimen organizado y la protección de infraestructuras críticas. La extensión y el impacto de estas políticas estarán sujetas a la implementación práctica y a la evolución de las amenazas detectadas en los próximos años.

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