El proyecto Los Cóndores–Río Diamante, estimado en US$160 millones, buscaba habilitar una conexión eléctrica entre Chile y Argentina mediante una línea de 500 kV. La iniciativa fue rechazada tras una extensa evaluación ambiental iniciada en 2021.
La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Maule rechazó este lunes 17 de agosto el proyecto “Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores (CL) – Río Diamante (AR)”, impulsado por Enel Generación Chile en la comuna de San Clemente, poniendo freno a una iniciativa energética que buscaba conectar el sistema eléctrico chileno con Argentina a través de la cordillera.
La decisión se adoptó debido a discrepancias consideradas relevantes respecto de los efectos del proyecto sobre la biodiversidad, bienes ambientales protegidos, paisaje y actividad turística del Alto Maule, además de cuestionamientos sobre la suficiencia de las medidas planteadas para mitigar esos impactos.
La iniciativa contempla una inversión estimada de US$160 millones y forma parte de un corredor eléctrico que pretende conectar la subestación Los Cóndores, en Chile, con Río Diamante, en territorio argentino.
El proyecto había ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en octubre de 2021, acumulando casi cinco años de tramitación y distintas etapas de revisión técnica y participación ciudadana.
Una línea de 500 kV hacia Argentina
El diseño presentado por Enel Generación Chile considera la construcción y operación de una nueva subestación eléctrica de 220/500 kV, denominada Nueva Subestación Los Cóndores, junto con una línea de transmisión de circuito simple de 500 kV desde esa instalación hasta la frontera con Argentina.
El tramo ubicado en territorio chileno tendría una longitud aproximada de 26,7 kilómetros y contempla la instalación de 72 estructuras de transmisión.
El trazado se emplazaría en la comuna de San Clemente, provincia de Talca, particularmente en sectores cordilleranos asociados a la ruta internacional CH-115.
Durante la evaluación ambiental, el proyecto experimentó modificaciones que fueron calificadas como sustantivas, debido a nuevos impactos significativos y cambios en la magnitud o duración de efectos previamente identificados. Esa situación llevó a abrir una nueva etapa de participación ciudadana durante su tramitación.
La superficie total asociada al proyecto fue establecida en aproximadamente 269,7 hectáreas, considerando instalaciones eléctricas, fajas de servidumbre, obras temporales y medidas vinculadas al desarrollo de senderos y miradores.
Biodiversidad y paisaje pesaron en la decisión
Uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con el emplazamiento de las instalaciones en un área de alto valor ambiental y paisajístico del Alto Maule.
Entre las preocupaciones levantadas durante el proceso aparecen los potenciales efectos sobre ecosistemas cordilleranos y áreas vinculadas a Laguna del Maule y Potrero Lo Aguirre, además de la intervención visual que generaría una infraestructura eléctrica de alta tensión en un territorio donde se desarrollan actividades turísticas, científicas y de conservación.
El debate adquirió además visibilidad internacional durante las semanas previas a la decisión debido a la situación de la rana del Pehuenche (Alsodes pehuenche), anfibio endémico de la zona cordillerana entre Chile y Argentina y catalogado en peligro crítico.
La discusión, sin embargo, excedió la protección de una sola especie. La evaluación abordó aspectos vinculados a biodiversidad, paisaje, bienes protegidos y compatibilidad territorial de la infraestructura propuesta.
Para la Comisión, las medidas presentadas no permitieron resolver suficientemente las diferencias existentes respecto de esos impactos.
Empleo concentrado en la etapa de construcción
La evaluación también puso sobre la mesa la relación entre la magnitud de la infraestructura y sus beneficios económicos directos para la Región del Maule.
Durante los aproximadamente dos años previstos para la construcción, el proyecto contemplaba un promedio cercano a 90 puestos de trabajo.
La situación cambiaría significativamente una vez iniciada la operación.
La infraestructura estaba diseñada para funcionar principalmente mediante sistemas remotos, requiriendo presencia presencial solo para actividades puntuales de inspección y mantención preventiva.
Esto implica que el impacto laboral permanente habría sido acotado en comparación con la fase de construcción, un elemento relevante en la discusión regional sobre los beneficios territoriales asociados a la iniciativa.
La obra no forma parte de la expansión planificada del sistema
Otro elemento considerado durante la discusión es que la línea Los Cóndores–Río Diamante corresponde a una interconexión internacional de interés privado.
La infraestructura propuesta no forma parte de las obras definidas en los planes de expansión del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que no corresponde a una instalación determinada como estratégica dentro de la planificación pública de transmisión chilena.
Este punto agrega una dimensión económica al rechazo ambiental.
Las interconexiones internacionales pueden convertirse en herramientas relevantes para intercambiar electricidad entre sistemas, aprovechar diferencias horarias o estacionales de generación y ampliar las alternativas comerciales de productores eléctricos.
Sin embargo, su desarrollo también debe competir territorialmente con actividades económicas locales y responder a exigencias ambientales cada vez más estrictas, especialmente cuando atraviesan ecosistemas sensibles o sectores con potencial turístico.
Un precedente para grandes proyectos de infraestructura
El rechazo vuelve a poner en primer plano uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la expansión de infraestructura energética en Chile: compatibilizar nuevas líneas de transmisión con protección ambiental, comunidades y ordenamiento territorial.
El país necesita ampliar significativamente su capacidad de transmisión para transportar electricidad renovable desde las zonas donde se produce hacia los grandes centros de consumo.
Esta infraestructura también es relevante para sectores intensivos en electricidad como la minería, donde la disponibilidad de energía competitiva y de menor huella de carbono se ha transformado en una variable central para nuevas inversiones y expansiones productivas.
Pero el aumento de las necesidades eléctricas implica también una creciente presión sobre corredores territoriales, ecosistemas y comunidades.
El caso Los Cóndores–Río Diamante muestra que incluso proyectos orientados a fortalecer la infraestructura eléctrica pueden enfrentar dificultades cuando los beneficios económicos regionales son percibidos como limitados frente a sus impactos ambientales y paisajísticos.
La decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental del Maule marca así un nuevo capítulo para una iniciativa que permaneció varios años dentro del sistema de evaluación y que buscaba abrir una nueva conexión energética entre Chile y Argentina.
Para la industria eléctrica —y también para grandes consumidores como la minería— el resultado refuerza una señal cada vez más visible: la expansión de transmisión no depende únicamente de capacidad técnica y financiamiento, sino también de la capacidad de los proyectos para demostrar compatibilidad ambiental y territorial desde sus primeras etapas de desarrollo.
