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Energía

Una planta solar lleva meses desconectada tras un ciberataque y ahora el Congreso exige explicaciones

En Huatacondo, la etiqueta de ciberataque convive con una incógnita clave: qué sistemas quedaron realmente comprometidos.

Una planta solar lleva meses desconectada tras un ciberataque y ahora el Congreso exige explicaciones

El parque fotovoltaico Huatacondo, de 103 MW, permanece bajo una desconexión forzada atribuida a un incidente informático. Nuevos antecedentes parlamentarios amplían las interrogantes sobre la seguridad de la infraestructura eléctrica chilena.

Un incidente registrado como ciberataque el 27 de agosto de 2026 dejó fuera del Sistema Eléctrico Nacional al parque solar Huatacondo y su sistema de almacenamiento en baterías, ubicados en Pozo Almonte, Región de Tarapacá. El caso adquirió una nueva dimensión el 11 de noviembre, cuando el diputado Cristián Araya solicitó formalmente antecedentes a los ministerios de Energía y Seguridad Pública sobre lo ocurrido, las medidas adoptadas y la posible relación con otros incidentes informáticos registrados ese mismo día.

El episodio afecta a una instalación fotovoltaica de 103 megavatios (MW) y a un sistema de baterías de 98 MW de potencia y 312 megavatios hora (MWh) de capacidad. Ambos figuraban con 0% de disponibilidad en el informe diario del Coordinador Eléctrico Nacional correspondiente al 11 de noviembre, 76 días después de la desconexión inicial.

La prolongada indisponibilidad ha generado preguntas sobre el alcance del incidente, las condiciones necesarias para recuperar la operación y la capacidad de respuesta frente a amenazas digitales que afectan instalaciones energéticas.

El ataque que desconectó una planta solar en el desierto de Atacama

Los antecedentes operacionales permiten reconstruir el comienzo del episodio.

El 27 de agosto, a las 13:10 horas, el centro de control responsable de Huatacondo comunicó una solicitud de desconexión de curso forzoso para el parque fotovoltaico y su sistema de almacenamiento.

La causa registrada fue un ciberataque a las instalaciones, identificado mediante la solicitud SDCF 2026100475.

En ese mismo minuto se informó la desconexión forzada del transformador TR1 de 220/23 kilovoltios de la subestación Santa Rita, asociado a la conexión eléctrica del complejo. El registro también atribuyó este evento a un ciberataque.

La situación no quedó limitada a una interrupción de pocas horas. Los informes posteriores continuaron clasificando a Huatacondo como instalación indisponible, mientras su sistema de baterías permanecía sin disponibilidad para el sistema.

El reporte oficial del 11 de noviembre mantenía ambas instalaciones bajo desconexión forzada, sin que se conociera públicamente una fecha confirmada de recuperación.

Sin embargo, existe una distinción fundamental: el Coordinador registra las causas comunicadas por los operadores, pero esos antecedentes no constituyen por sí solos un peritaje informático.

Hasta ahora no se ha difundido una investigación técnica concluyente que identifique públicamente a los responsables, el método utilizado o los sistemas efectivamente comprometidos.

Otros dos incidentes fueron registrados el mismo día

La bitácora del 27 de agosto contiene otro antecedente relevante, ocurrido a cientos de kilómetros de Huatacondo.

A las 21:30 horas, las centrales térmicas Olivos y Espinos, ubicadas en Los Vilos, Región de Coquimbo, fueron declaradas indisponibles para el despacho eléctrico.

En ambos casos, el motivo comunicado fue la pérdida de supervisión y telecontrol a causa de un ataque cibernético.

Esto significa que, además del incidente en Tarapacá, se notificaron dificultades para supervisar y controlar remotamente otras instalaciones de generación eléctrica.

La coincidencia temporal plantea interrogantes, pero no demuestra que los episodios fueran ejecutados por un mismo atacante ni que respondieran a una operación coordinada.

Tampoco existe información pública suficiente para determinar si se utilizó software malicioso, credenciales comprometidas, accesos remotos indebidos u otro mecanismo.

Estas diferencias son relevantes porque un incidente que afecta comunicaciones o sistemas de supervisión no necesariamente implica que un atacante haya tomado el control directo de equipos eléctricos.

El Congreso pide investigar qué ocurrió realmente

El 11 de noviembre, el diputado Cristián Araya Lerdo de Tejada impulsó dos solicitudes de información, formalizadas mediante los oficios 28298 y 28300 de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La primera fue dirigida al Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de requerir antecedentes a la Agencia Nacional de Ciberseguridad sobre los incidentes y verificar el cumplimiento de las obligaciones legales de notificación.

La segunda fue enviada al Ministerio de Energía, encabezado por Ximena Rincón, para aclarar las circunstancias operacionales y las medidas adoptadas después de los hechos.

Entre las materias consultadas figuran la eventual afectación de sistemas SCADA, equipos de telecontrol, protecciones eléctricas, inversores y sistemas de gestión de baterías.

También se solicita establecer si existió acceso remoto de terceros, si hay una relación comprobada entre los incidentes y cuáles fueron sus consecuencias sobre la continuidad del suministro.

Otro punto consiste en determinar las razones de la prolongada desconexión de Huatacondo y conocer si existe una estimación de retorno a operaciones.

Al momento de la revisión, el registro público de la Cámara no consignaba respuestas a estos oficios. Las solicitudes tampoco equivalen a la apertura de una comisión investigadora ni acreditan incumplimientos por parte de las empresas.

Una inversión de US$121 millones y un sistema de baterías afectado

El parque Huatacondo fue inaugurado en septiembre de 2019, luego de una inversión de aproximadamente US$121 millones.

El proyecto fue desarrollado por un consorcio integrado por las japonesas Sojitz Corporation y Shikoku Electric Power, junto con la francesa Eiffage, con participaciones informadas de 60%, 30% y 10%, respectivamente.

La instalación cuenta con cerca de 365.000 paneles solares distribuidos en aproximadamente 150 hectáreas del desierto de Atacama.

Su capacidad nominal de 103 MW corresponde a la potencia máxima instalada, no a una generación constante durante todo el día.

El complejo también incorpora un proyecto de almacenamiento de 312 MWh, diseñado para gestionar energía mediante baterías. Al momento del incidente, este sistema continuaba en etapa de puesta en servicio y no había completado su incorporación comercial.

Por ello, no corresponde atribuirle pérdidas equivalentes a las de una instalación que ya operaba regularmente.

Tampoco se han publicado antecedentes suficientes para cuantificar las pérdidas económicas de los propietarios o determinar cuánta energía dejó efectivamente de inyectarse durante todo el período.

¿Puede un ataque de este tipo provocar cortes masivos de electricidad?

La interrupción prolongada de una central plantea un riesgo operacional, pero no significa automáticamente que haya provocado cortes de suministro a clientes.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente que los incidentes de Huatacondo, Olivos o Espinos ocasionaran un apagón masivo.

El Sistema Eléctrico Nacional dispone de numerosas unidades de generación y mecanismos de coordinación para gestionar indisponibilidades. Sin embargo, la salida de instalaciones reduce los recursos disponibles para operar y puede exigir ajustes dependiendo de las condiciones del sistema.

La exposición digital de la infraestructura energética constituye una preocupación porque la generación moderna depende de plataformas de supervisión, comunicaciones industriales y controles automatizados.

Una intrusión puede comprometer información, impedir la supervisión remota o dificultar determinadas operaciones. El efecto específico depende de la arquitectura tecnológica y de los sistemas alcanzados, aspectos que todavía no han sido esclarecidos públicamente en este caso.

Chile prepara nuevas exigencias de ciberseguridad eléctrica

El incidente ocurrió en un período de desarrollo regulatorio para el sector.

El 28 de agosto, un día después de las desconexiones, la Comisión Nacional de Energía abrió a consulta pública el proyecto de Norma Técnica de Ciberseguridad y Seguridad de la Información.

La propuesta busca fortalecer la protección de las instalaciones eléctricas, la gestión de riesgos y la coordinación frente a incidentes informáticos.

Aunque las fechas coinciden, su elaboración había comenzado en 2021, por lo que no corresponde presentar el proceso normativo como una reacción originada exclusivamente por el caso Huatacondo.

La consulta pública se extendió hasta el 2 de octubre de 2026.

Paralelamente, la Ley Marco de Ciberseguridad N.º 21.663 establece obligaciones para entidades que prestan servicios esenciales, incluidas las actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica.

Estas disposiciones contemplan deberes de notificación de incidentes significativos y mecanismos de coordinación con las autoridades competentes.

Precisamente, uno de los asuntos pendientes es conocer si las instituciones involucradas cumplieron las obligaciones de reporte aplicables y qué actuaciones realizaron los organismos responsables.

Las preguntas que siguen abiertas

A casi tres meses del episodio inicial, los antecedentes públicos permiten confirmar la desconexión de Huatacondo, la causa informada por su operador y la prolongada indisponibilidad registrada hasta el 11 de noviembre.

No permiten, en cambio, establecer quién ejecutó el supuesto ataque, qué vulnerabilidad se aprovechó, si hubo daños permanentes o por qué la recuperación ha requerido tanto tiempo.

La revisión parlamentaria agrega una nueva instancia de fiscalización, pero sus resultados todavía están pendientes.

El caso concentra así dos interrogantes para el sector eléctrico chileno: qué ocurrió dentro de los sistemas de Huatacondo y qué condiciones deben cumplirse para que una instalación afectada por un incidente digital pueda regresar a operar de manera segura.

REDIMIN Responde

¿Qué incidente afectó al parque fotovoltaico Huatacondo en agosto de 2026?

El parque fotovoltaico Huatacondo sufrió un ciberataque el 27 de agosto de 2026, lo que provocó su desconexión del Sistema Eléctrico Nacional junto con su sistema de almacenamiento en baterías.

¿Qué medidas se han tomado a nivel parlamentario respecto al incidente en Huatacondo?

El diputado Cristián Araya solicitó formalmente antecedentes a los ministerios de Energía y Seguridad Pública sobre el incidente, las medidas adoptadas y la posible relación con otros incidentes informáticos registrados el mismo día.

¿Cuáles son las características del parque fotovoltaico Huatacondo?

El parque fotovoltaico Huatacondo tiene una capacidad nominal de 103 MW y fue inaugurado en septiembre de 2019 tras una inversión de aproximadamente US$121 millones. El proyecto fue desarrollado por un consorcio de empresas japonesas y francesas.

¿Qué otros incidentes ocurrieron el mismo día que el ataque a Huatacondo?

El mismo día del ciberataque a Huatacondo, las centrales térmicas Olivos y Espinos en Los Vilos fueron declaradas indisponibles debido a la pérdida de supervisión y telecontrol, también atribuido a un ataque cibernético.

¿Qué se sabe sobre la investigación del ciberataque a Huatacondo?

Hasta el momento, no se ha difundido una investigación técnica concluyente que identifique a los responsables, el método utilizado o los sistemas comprometidos en el ciberataque a Huatacondo. Tampoco se ha establecido públicamente una fecha de recuperación para las instalaciones afectadas.