
La Superintendencia del Medio Ambiente formuló seis cargos contra dos proyectos fotovoltaicos en Atacama y Coquimbo por incumplimientos relacionados con flora, fauna y residuos. Los procedimientos evidencian que la generación de electricidad limpia también exige controles durante la construcción y operación de las instalaciones.
La expansión de la energía solar en Chile enfrenta un desafío que va más allá de producir electricidad sin emisiones directas de combustión. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició procedimientos sancionatorios contra los parques fotovoltaicos Tamarico y Granate, ubicados en las regiones de Atacama y Coquimbo, respectivamente, tras detectar incumplimientos de las obligaciones establecidas en sus autorizaciones ambientales.
Los procedimientos, conocidos públicamente el 11 de noviembre de 2026, consideran seis cargos: cinco graves y uno leve, relacionados con deficiencias en la protección de especies animales, conservación de vegetación nativa y manejo de residuos.
Los casos ponen de relieve una dimensión de la transición energética que adquiere creciente importancia para Chile: aunque los parques solares contribuyen a reducir las emisiones asociadas a la generación eléctrica, su construcción y funcionamiento pueden generar impactos sobre los ecosistemas donde se instalan.
La controversia también tiene relevancia para la minería chilena, uno de los principales consumidores industriales de electricidad y un sector que ha incorporado progresivamente suministro renovable en sus operaciones.
El desarrollo de nuevos proyectos energéticos exige, por tanto, compatibilizar la expansión de capacidad eléctrica con el cumplimiento de las obligaciones ambientales y la protección del territorio.
Tamarico enfrenta cuatro cargos por incumplimientos ambientales
El Parque Solar Fotovoltaico Tamarico, ubicado en Vallenar, Región de Atacama, es una instalación de aproximadamente 167 MW de capacidad, vinculada a la expansión de la generación renovable en el norte de Chile.
La fiscalización identificó diversas deficiencias en las medidas ambientales comprometidas por Tamarico Solar Dos SpA, titular del proyecto.
La autoridad formuló tres cargos graves y uno leve.
Uno de los principales cuestionamientos corresponde a las medidas destinadas a proteger la fauna silvestre.
Entre los incumplimientos identificados se encuentran la ausencia de señalización para prevenir atropellos de guanacos y zorros, la falta de ejecución de campañas de catastro y castración de perros ferales y la instalación de refugios para reptiles fuera de las áreas establecidas.
También se detectó la ausencia de dispositivos destinados a prevenir colisiones y electrocuciones de aves en la infraestructura eléctrica.
Estas medidas forman parte de las obligaciones ambientales aplicables a una instalación que ocupa una superficie territorial significativa y que requiere caminos, estructuras de soporte, tendidos eléctricos y otras obras complementarias.
La generación de energía solar no elimina los riesgos sobre la fauna, especialmente cuando las instalaciones se emplazan en territorios utilizados por especies silvestres para desplazarse, alimentarse o reproducirse.
La supervivencia de especies vegetales abre otro frente de fiscalización
Uno de los antecedentes más relevantes del procedimiento contra Tamarico está relacionado con la conservación de flora nativa.
El proyecto debía cumplir una tasa mínima de supervivencia del 90% para determinadas especies relocalizadas.
Sin embargo, las fiscalizaciones registraron resultados inferiores a esa exigencia.
Entre los datos identificados destacan:
- 66% de supervivencia para Austrocylindropuntia miquelii.
- 36% de supervivencia para Cumulopuntia sphaerica.
- 0% de supervivencia para Cordia decandra.
Estas diferencias muestran que trasladar ejemplares vegetales no garantiza su conservación.
Las medidas de rescate y relocalización requieren condiciones adecuadas de suelo, humedad, manejo y seguimiento para aumentar las posibilidades de supervivencia.
La fiscalización también identificó el traslado de material genético vegetal hacia viveros que no estaban autorizados para recibirlo dentro de las condiciones establecidas para el proyecto.
A ello se sumó el tránsito de vehículos y maquinaria pesada por áreas destinadas a la relocalización de especies, provocando daños y destrucción de cactáceas protegidas.
El cuarto cargo, clasificado como leve, involucra deficiencias en registros de recepción y destino de residuos, incluyendo problemas de trazabilidad de desechos peligrosos.
Granate enfrenta cuestionamientos por protección de aves y flora
En la Región de Coquimbo, el Parque Fotovoltaico Granate, ubicado en Ovalle, también quedó sujeto a un procedimiento sancionatorio.
La instalación cuenta con una capacidad de 9 MW en corriente alterna y fue desarrollada bajo el esquema de pequeños medios de generación distribuida.
La SMA formuló dos cargos graves contra Granate SpA.
El primero está relacionado con la protección de aves frente al riesgo de electrocución.
La fiscalización constató que conductores y cables de una línea de transmisión de 23 kilovoltios no contaban con la aislación exigida y que determinadas estructuras energizadas no mantenían la separación mínima de dos metros contemplada en las obligaciones ambientales.
Estas condiciones pueden incrementar el riesgo para las aves que utilizan estructuras eléctricas como puntos de descanso o desplazamiento.
El segundo cargo corresponde al incumplimiento de medidas de rescate y relocalización de vegetación.
Entre las deficiencias identificadas figura la falta de acreditación de un stock de 250 bulbos de reposición de Leucocoryne ixioides, además de problemas de identificación, demarcación y georreferenciación de ejemplares relocalizados.
El caso demuestra que los riesgos ambientales no son exclusivos de instalaciones de gran capacidad.
Incluso proyectos fotovoltaicos relativamente pequeños deben cumplir las condiciones de sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental.
Qué sanciones arriesgan los proyectos solares
La legislación ambiental chilena establece diferentes consecuencias dependiendo de la gravedad de las infracciones acreditadas.
En los procedimientos contra Tamarico y Granate, las infracciones graves pueden derivar en multas de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) por infracción, clausura temporal o definitiva, o revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, conforme a las condiciones legales aplicables.
Las infracciones leves pueden sancionarse mediante amonestaciones escritas o multas de hasta 1.000 UTA.
Ambos titulares recibieron plazos ampliados de oficio de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular descargos.
Es importante distinguir que la formulación de cargos no equivale a una sanción definitiva.
Los procedimientos deben continuar mediante las etapas administrativas correspondientes, durante las cuales se analizan los antecedentes y las defensas de las empresas.
Por lo tanto, las multas señaladas constituyen máximos legales posibles y no sanciones ya aplicadas a los proyectos.
Los principales riesgos ambientales de la energía fotovoltaica
Los parques solares ofrecen ventajas relevantes frente a tecnologías de generación basadas en combustibles fósiles, particularmente porque no necesitan quemar carbón, petróleo o gas para producir electricidad.
Sin embargo, su impacto ambiental debe analizarse considerando todo el ciclo de vida de las instalaciones.
Durante la construcción, las principales intervenciones pueden incluir nivelación de terrenos, construcción de caminos interiores, instalación de estructuras metálicas, excavaciones y tendidos eléctricos.
Estas actividades pueden afectar la vegetación nativa y modificar hábitats utilizados por distintas especies.
Durante la operación, los riesgos incluyen interacción de aves con infraestructura eléctrica, mantenimiento de caminos, generación de residuos y posibles afectaciones asociadas a actividades de conservación o reparación de equipos.
Al finalizar la vida útil del proyecto, el retiro y la gestión de paneles, cables y estructuras también requieren planificación.
La condición renovable de una fuente energética describe principalmente su capacidad de aprovechar un recurso que se repone naturalmente, pero no implica ausencia total de impactos ambientales.
Esta distinción es fundamental para evaluar correctamente la sostenibilidad de las inversiones energéticas.
Por qué la fiscalización solar también importa para la minería chilena
La relación entre energía renovable y minería se ha fortalecido durante los últimos años.
Las grandes operaciones cupríferas necesitan electricidad para procesos de chancado, molienda, concentración, electroobtención, transporte de materiales y bombeo de agua.
La incorporación de suministro renovable permite reducir las emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico, dependiendo de las características de los contratos y de la generación efectiva del sistema.
Sin embargo, el desarrollo de nuevos proyectos solares también debe cumplir condiciones ambientales que pueden influir en sus costos, calendarios y continuidad operacional.
Para las compañías mineras que contratan suministro de electricidad a largo plazo, la solidez ambiental y regulatoria de los proyectos energéticos constituye una variable relevante.
Esto no significa que los procedimientos contra Tamarico y Granate impliquen interrupciones en el abastecimiento de alguna faena minera. No existe una afectación específica acreditada en estos antecedentes.
La relación es principalmente estructural: una minería que busca reducir sus emisiones necesita una cadena de suministro energético que también cumpla estándares ambientales exigentes.
La transición energética exige más que instalar capacidad renovable
Chile dispone de condiciones naturales favorables para la generación solar, especialmente en el norte del país.
La elevada radiación del desierto de Atacama ha convertido a esta zona en un territorio atractivo para inversiones fotovoltaicas.
Sin embargo, el crecimiento de las instalaciones debe considerar factores adicionales a la disponibilidad de radiación.
La localización de los proyectos, la presencia de especies protegidas, las rutas de desplazamiento de fauna, la existencia de vegetación nativa y la capacidad de conexión eléctrica pueden determinar las exigencias ambientales de una iniciativa.
Los casos recientes muestran que una parte de los riesgos surge cuando las medidas comprometidas durante la evaluación ambiental no se ejecutan correctamente.
En este contexto, los sistemas de monitoreo, los registros verificables y la supervisión de contratistas adquieren especial importancia.
No basta con establecer medidas ambientales en una resolución; también es necesario garantizar que se ejecuten en terreno y produzcan los resultados exigidos.
Qué deberá observar la industria energética
Los procedimientos abiertos contra Tamarico y Granate reflejan la importancia de incorporar el cumplimiento ambiental como parte permanente de la gestión de los proyectos renovables.
La atención estará puesta en las respuestas de ambos titulares, las eventuales propuestas de cumplimiento y las decisiones que adopte la autoridad durante la tramitación.
Para los inversionistas, estos procesos también muestran que los costos de desarrollar infraestructura energética no se limitan a paneles, inversores, subestaciones y líneas eléctricas.
La protección de flora y fauna, la gestión de residuos, el monitoreo y la ejecución de medidas ambientales forman parte de las obligaciones que deben considerarse durante toda la vida del proyecto.
En un país que busca ampliar su generación limpia y abastecer a industrias intensivas en electricidad, el cumplimiento ambiental se convierte en una condición para sostener la expansión energética, no en una exigencia secundaria.
La experiencia de Atacama y Coquimbo deja planteado un desafío para los próximos años: aumentar la capacidad renovable sin trasladar nuevos riesgos a los ecosistemas que reciben estas inversiones.
Para la minería chilena, cuya competitividad dependerá cada vez más del acceso a energía confiable y de menores emisiones, la transición energética deberá avanzar no solo en potencia instalada, sino también en calidad ambiental, fiscalización y cumplimiento efectivo de las autorizaciones.
REDIMIN Responde
¿Cuántos cargos formuló la Superintendencia del Medio Ambiente contra los proyectos fotovoltaicos en Atacama y Coquimbo?
La Superintendencia del Medio Ambiente formuló seis cargos contra los proyectos fotovoltaicos en Atacama y Coquimbo.
¿Cuáles son los principales incumplimientos ambientales del Parque Solar Fotovoltaico Tamarico?
El Parque Solar Fotovoltaico Tamarico enfrenta cuatro cargos por incumplimientos ambientales, incluyendo tres graves y uno leve. Los principales incumplimientos están relacionados con la protección de fauna silvestre, como la falta de señalización para prevenir atropellos de guanacos y zorros, y la ausencia de dispositivos para prevenir colisiones y electrocuciones de aves.
¿Qué problemas de conservación de flora fueron detectados en el proyecto Tamarico?
El proyecto Tamarico presentó problemas de conservación de flora, con tasas de supervivencia inferiores al 90% exigido para especies relocalizadas. Las fiscalizaciones registraron un 66% de supervivencia para Austrocylindropuntia miquelii, 36% para Cumulopuntia sphaerica y 0% para Cordia decandra.
¿Cuáles son los cargos formulados contra el Parque Fotovoltaico Granate en Coquimbo?
El Parque Fotovoltaico Granate enfrenta dos cargos graves. El primero está relacionado con la protección de aves frente al riesgo de electrocución, y el segundo con el incumplimiento de medidas de rescate y relocalización de vegetación, incluyendo la falta de acreditación de un stock de 250 bulbos de Leucocoryne ixioides.
¿Qué sanciones podrían enfrentar los proyectos solares por las infracciones detectadas?
Las infracciones graves pueden derivar en multas de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) por infracción, clausura temporal o definitiva, o revocación de la Resolución de Calificación Ambiental. Las infracciones leves pueden sancionarse con amonestaciones escritas o multas de hasta 1.000 UTA.











