CBM, conformado por las empresas Movitec y la estatal bielorrusa Belaz, presentó un recurso de protección en contra de la minera estatal chilena, luego que ésta le rescindiera un contrato adjudicado en marzo de 2021, y realizara el cobro de boletas de garantía por casi 324 mil UF. El recurso está siendo revisado por la Corte de Apelaciones.
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Esta mañana, la Corte de Apelaciones de Santiago comenzó a revisar la admisibilidad del recurso de protección que presentó el consorcio CBM, conformado por las empresas Movitec y Belaz -empresa estatal de Bielorrusia- en contra de Codelco. El caso estalló el pasado 1 de febrero, cuando la minera estatal chilena realizó el cobro de cuatro boletas de garantía por 323.854 UF, valor que significó el desembolso de más de $11.429 millones.
Si bien se espera que el resultado de la admisibilidad se conozca en horas de esta tarde, desde el consorcio están activando también otras estrategias para abordar el conflicto. Y es que un grupo de ejecutivos de Belaz se dirige en estos momentos a Chile, con la intención de reunirse con autoridades de Gobierno, específicamente con Cancillería. Esto, ya que desde la estatal bielorrusa acusan un impacto a los intereses de la compañía controlada por la República de Bielorrusia.
Los ejecutivos arribarán al país este martes a las 11:30 hora local, mientras sus socios en Chile están solicitando reuniones con autoridades para expresar oficialmente la posición del consorcio frente al término anticipado de la licitación.
En concreto, CBM se había adjudicado en marzo de 2021 las obras para realizar movimientos de tierra para preproducción y construcción de caminos en el marco del proyecto estructural de Codelco, Rajo Inca. La iniciativa forma parte de la cartera de proyectos clave para la minera estatal. En este caso, busca extender la vida útil de la división El Salvador en 40 años.
Sin embargo, las obras encargadas a CBM presentan incumplimientos. Así lo determinó Codelco, que desde hace meses venía alertando a la compañía por brechas en su gestión. Según dijo la corporación a El Mercurio, CBM sería responsable por un retraso de 12 meses en la materialización de las obras, generando con ello un deterioro en la producción proyectada por Codelco de entre 90 mil y 100 mil toneladas entre 2023 y 2025.
Según información de Codelco, el fin del contrato con CBM estaba contemplado para agosto de 2023.
CBM ya estaba en la mira de la minera estatal y de las autoridades desde el 10 de julio de 2022. Ese día, un accidente fatal le costó la vida a Rubén Trigo Escobar, de 50 años y que pertenecía a CBM. A los pocos días, otro accidente fatal en Chuquicamata Subterránea llevó a que la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco decidiera paralizar todas las actividades operativas en sus proyectos estructurales. La detención de las faenas se prolongó por cerca de un mes.
De hecho, el 4 de agosto de 2022 la compañía se reunió con el director regional (s) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Franklin Céspedes, quien oficia además como ingeniero coordinador de investigaciones de accidentes y sanciones en el servicio estatal. En dicha ocasión, los gestores de interés de CBM, Claudio Muggane y Josip Sekul presentaron a la autoridad las acciones y mejoras que llevarían adelante, luego del fatal accidente en Rajo Inca.
Pese a que el término del contrato entre la estatal chilena con el consorcio CBM se concretó hace ya algunos días, los trabajadores que prestaban servicios a la compañía firmarán un finiquito con Codelco durante la presente jornada.
Según un documento firmado por representantes de los trabajadores, Codelco se comprometió a “garantizar el alojamiento y alimentación a los trabajadores de Consorcio Belaz Movitec, durante el periodo que dure el proceso de pago de finiquitos de los trabajadores presenten en el Salvador”.
El documento también comprometió a los trabajadores a “mantener la paz social y laboral sin afectación de caminos y manifestaciones en la ciudad de Salvador”. Esto se encuentra aún en proceso, ya que para las 15 horas se citó a los 200 trabajadores del turno. La medida sería recurrida por el consorcio ante la Dirección del Trabajo.
Fuente: La Tercera
