El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite una acción contra la decisión del Comité de Ministros que mantuvo la aprobación del proyecto portuario de US$450 millones. La controversia se concentra en las respuestas a las observaciones ciudadanas, la delimitación de las comunidades indígenas consultadas y los impactos previstos en Bahía Chasco.
El proyecto portuario Copiaport-E abrió un nuevo frente judicial luego de que el Primer Tribunal Ambiental admitiera a trámite una reclamación presentada por observantes ciudadanos contra la resolución del Comité de Ministros que rechazó sus recursos administrativos.
La acción busca revisar si las observaciones formuladas durante la evaluación ambiental fueron consideradas de manera suficiente y específica, incluyendo cuestionamientos sobre biodiversidad marina, patrimonio arqueológico, medio humano y el alcance territorial de la consulta indígena.
La iniciativa, cuyo titular es Copiaport-E Operaciones Marítimas SpA, contempla una inversión estimada de US$450 millones para desarrollar infraestructura portuaria e industrial en los sectores de Punta Cachos y Bahía Chasco, con obras distribuidas entre las comunas de Copiapó y Caldera, en la Región de Atacama.
La admisión de la reclamación no significa que el tribunal haya acogido los cuestionamientos ni que la Resolución de Calificación Ambiental haya quedado sin efecto. El procedimiento recién inicia su etapa judicial y deberá avanzar con el informe y los antecedentes administrativos que entregue el Servicio de Evaluación Ambiental.
Qué cuestiona la nueva reclamación
Los reclamantes sostienen que algunas de sus observaciones habrían sido respondidas mediante pronunciamientos generales o agrupados, sin abordar de manera suficientemente individual las materias planteadas durante las instancias de participación ciudadana.
También objetan que ciertas presentaciones posteriores fueran descartadas por reiterativas o por apartarse del principio de congruencia, criterio que exige mantener correspondencia entre las observaciones originales, los recursos administrativos y los argumentos que posteriormente llegan a sede judicial.
El tribunal deberá determinar si la evaluación respondió adecuadamente los cuestionamientos originales y si la autoridad administrativa aplicó correctamente las reglas que regulan la participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Entre las materias sometidas a revisión figuran las medidas de protección, monitoreo y compensación relacionadas con el patrimonio arqueológico, además de la suficiencia de las líneas de base utilizadas para caracterizar el medio humano y los ecosistemas terrestres y marinos.
La reclamación también aborda los efectos potenciales sobre praderas de pasto marino, algas, plancton, aves costeras y migratorias, tortugas verdes y otras especies presentes en Bahía Chasco, Punta Cachos y sectores cercanos al emplazamiento del complejo.
Consulta indígena bajo revisión
Uno de los puntos centrales de la controversia es la delimitación de los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas considerados durante la evaluación.
Los observantes solicitan revisar si el proceso debió incorporar a otras comunidades o personas indígenas que, a su juicio, podrían resultar directamente afectadas por las obras y actividades del proyecto.
La discusión resulta relevante porque una consulta indígena no se define únicamente por la cercanía geográfica con una iniciativa. La autoridad debe establecer la existencia de una afectación directa, considerando elementos territoriales, culturales, económicos y sociales.
Durante la evaluación de Copiaport-E se desarrolló un proceso de consulta indígena y se alcanzaron protocolos de acuerdo con las comunidades incorporadas formalmente en esa instancia. La nueva reclamación no cuestiona únicamente el contenido de esos acuerdos, sino también si la identificación de los participantes fue suficientemente amplia.
El tribunal deberá revisar el expediente completo antes de determinar si la delimitación realizada por la autoridad ambiental cumplió con las exigencias aplicables.
Las cifras del proyecto portuario
Copiaport-E considera la construcción de un Terminal de Graneles Limpios con capacidad máxima para transferir 10 millones de toneladas anuales. Su diseño está orientado a la recepción, almacenamiento, recuperación y embarque de este tipo de cargas.
La iniciativa también incorpora un Terminal Multipropósito, proyectado para movilizar hasta 300.000 contenedores anuales, además de carga general y fertilizantes. La capacidad declarada para estas dos últimas categorías alcanza las 150.000 toneladas anuales en cada caso.
El complejo incluye módulos de desalinización, una línea de transmisión eléctrica de 110 kilovoltios con aproximadamente 60 kilómetros de extensión y una tubería de aducción de agua cercana a los 51 kilómetros.
La vida útil considerada alcanza los 53 años, incluyendo construcción, operación y cierre.
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Componente |
Capacidad o característica |
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Inversión estimada |
US$450 millones |
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Graneles limpios |
Hasta 10 millones de toneladas anuales |
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Contenedores |
Hasta 300.000 unidades anuales |
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Carga general |
Hasta 150.000 toneladas anuales |
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Fertilizantes |
Hasta 150.000 toneladas anuales |
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Línea eléctrica |
110 kV y cerca de 60 kilómetros |
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Aducción de agua |
Aproximadamente 51 kilómetros |
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Vida útil |
53 años |
Impacto para la minería y la logística de Atacama
Aunque una parte relevante de las cargas previstas corresponde a graneles agrícolas, fertilizantes, contenedores y carga general, la escala de Copiaport-E podría ampliar la infraestructura logística disponible para la minería de Atacama.
La región mantiene una cartera de proyectos de cobre, oro, hierro y otros minerales que requiere servicios portuarios, transporte terrestre, suministro energético, agua industrial y capacidad para movilizar equipos de gran tamaño.
Un terminal multipropósito podría reducir restricciones logísticas para la importación de maquinaria, componentes de plantas, estructuras metálicas y suministros utilizados por operaciones mineras. También podría abrir nuevas alternativas para exportaciones regionales, siempre que exista conectividad terrestre suficiente y contratos comerciales que respalden la demanda proyectada.
Sin embargo, la aprobación ambiental no garantiza por sí sola que la construcción comience. El titular todavía debe completar permisos sectoriales, ingeniería, financiamiento, contratos de suministro y acuerdos comerciales, además de enfrentar los procedimientos judiciales pendientes.
En proyectos de esta magnitud, la denominada permisología posterior a la RCA puede extender los plazos, especialmente cuando las obras incluyen infraestructura marítima, instalaciones eléctricas, captación y conducción de agua, caminos y componentes industriales.
Un proyecto con antecedentes judiciales
Copiaport-E ya había enfrentado una reclamación presentada por la Municipalidad de Caldera. Esa acción fue rechazada en junio de 2026, en un fallo dividido del Primer Tribunal Ambiental.
La mayoría del tribunal concluyó que el municipio no había presentado observaciones durante los procesos formales de participación ciudadana y que sus pronunciamientos como organismo con competencia ambiental no podían ser considerados equivalentes para habilitar posteriormente una reclamación ciudadana.
Ese fallo se concentró en la legitimación del municipio y en la admisibilidad de su recurso. No resolvió el fondo de los cuestionamientos ambientales planteados por los ciudadanos en la nueva causa.
La diferencia es relevante. El procedimiento actual fue iniciado por personas que participaron como observantes durante la evaluación ambiental, lo que permite al tribunal entrar a revisar si sus observaciones fueron debidamente consideradas por la autoridad.
Qué está en juego para la inversión regional
La disputa sobre Copiaport-E refleja una tensión que se repite en proyectos portuarios, energéticos y mineros: la necesidad de ampliar infraestructura productiva sin debilitar la evaluación de impactos acumulativos ni la participación de las comunidades.
Para Atacama, una inversión de US$450 millones podría generar demanda para empresas constructoras, transporte, montaje, servicios marítimos, proveedores industriales y trabajadores especializados. La operación también podría diversificar una economía regional fuertemente vinculada a la minería.
Al mismo tiempo, el emplazamiento en una zona de alto valor ecológico eleva las exigencias sobre monitoreo, compensaciones y control de impactos. Una controversia mal resuelta puede retrasar el proyecto, aumentar sus costos financieros y deteriorar la relación entre el titular, las comunidades y las autoridades.
El avance de la causa dependerá ahora del expediente que entregue el Servicio de Evaluación Ambiental, de los argumentos de las partes y de la evaluación jurídica y técnica que realice el tribunal.
Mientras no exista sentencia, Copiaport-E mantiene su aprobación ambiental. Sin embargo, la nueva reclamación prolonga la incertidumbre sobre sus plazos de ejecución y mantiene abierta la discusión sobre el estándar con que deben responderse las observaciones ciudadanas y definirse el alcance de una consulta indígena en proyectos de gran escala.
