Revisa el tiempo en las faenas mineras de Chile
Industria Minera

Demoras ambientales de 3,7 años podrían reducir hasta 25% el valor de un proyecto minero, advierte GEM

Un análisis de GEM Mining Consulting calcula el impacto financiero de los retrasos ambientales y judiciales sobre las inversiones mineras en Chile. La consultora advierte que obtener una aprobación ambiental no siempre garantiza que una iniciativa pueda comenzar su ejecución.

Demoras ambientales de 3,7 años podrían reducir hasta 25% el valor de un proyecto minero, advierte GEM

Las demoras en la tramitación ambiental y los procesos judiciales podrían reducir hasta un 25% el valor presente de un proyecto minero en Chile, bajo un escenario de retraso acumulado de 3,7 años y una tasa de descuento anual de 8%. Así lo establece un análisis de GEM Mining Consulting, que advierte sobre el efecto financiero del tiempo de espera en las decisiones de inversión. El resultado corresponde a una simulación y no representa una pérdida económica comprobada para todos los proyectos sometidos a evaluación ambiental.

El estudio, denominado Cuando aprobar no basta: el costo del tiempo en la inversión minera, fue elaborado por Paulina Cáceres, project manager de la consultora. Su principal conclusión es que los retrasos pueden afectar la rentabilidad esperada de una inversión incluso cuando el proyecto finalmente obtiene los permisos necesarios. Esto ocurre porque los ingresos previstos para los próximos años pierden valor al desplazarse hacia períodos más lejanos, mientras la decisión de invertir continúa sujeta a incertidumbre.

Cómo una demora de 3,7 años puede reducir el valor de una inversión

Para dimensionar el impacto financiero, GEM Mining Consulting evaluó el desplazamiento de los flujos de un proyecto bajo una tasa de descuento real de 8% anual. Según los antecedentes del análisis, postergar un año esos flujos implica una reducción aproximada de 7% de su valor presente. Cuando el retraso alcanza cerca de 2,5 años, el efecto aumenta hasta aproximadamente 17%, mientras que una demora acumulada de 3,7 años eleva la disminución a cerca de 25%.

El escenario más extenso combina el aumento observado en los plazos de evaluación ambiental con una controversia judicial que llega hasta la Corte Suprema. La consultora señala que, entre 2014 y 2024, el tiempo promedio total para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) pasó de 547 a 995 días, equivalente a un incremento de 82%. A ello se pueden agregar 458 días de tramitación promedio ante un tribunal ambiental y otros 448 días si el litigio continúa hasta la Corte Suprema. La suma de estos períodos adicionales permite construir el escenario ilustrativo de aproximadamente 3,7 años.

Sin embargo, el cálculo no significa que todas las inversiones mineras pierdan una cuarta parte de su valor por efecto de los permisos. La simulación supone que los flujos económicos se desplazan en el tiempo y no incorpora eventuales modificaciones en los precios de los minerales, los costos de desarrollo o el diseño de las iniciativas. Tampoco contempla la totalidad de los permisos sectoriales que pueden ser necesarios para materializar una faena. Por ello, el porcentaje debe interpretarse como una estimación del costo financiero potencial de la espera y no como una medición de pérdidas efectivamente registradas.

La aprobación ambiental no siempre permite iniciar un proyecto

El análisis también examina la incertidumbre que enfrentan las compañías después de obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. Un ejemplo reciente corresponde a Prospección Minera El Alto, iniciativa de Compañía Minera Nevada, filial de Barrick, ubicada en Alto del Carmen, Región de Atacama. El proyecto recibió su aprobación ambiental el 30 de enero de 2026, pero el Segundo Tribunal Ambiental resolvió el 10 de noviembre suspender por 30 días los efectos de esa autorización. La medida tiene carácter provisional y no constituye una sentencia definitiva sobre la legalidad del proyecto.

El caso muestra que una RCA favorable no necesariamente cierra las controversias ambientales ni permite comenzar de inmediato todas las actividades autorizadas. Las reclamaciones posteriores pueden mantener pendientes decisiones operacionales y financieras, mientras los titulares deben cumplir las condiciones de sus permisos y obtener otras autorizaciones aplicables. En este contexto, GEM plantea que la certeza ambiental debe evaluarse a partir de tres dimensiones: el tiempo necesario para obtener las autorizaciones, el alcance de las exigencias y la estabilidad jurídica de las decisiones una vez adoptadas.

Mayores exigencias ambientales y su impacto en la cartera minera

El aumento de las obligaciones ambientales constituye otro elemento del diagnóstico. Un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), basado en 3.728 resoluciones aprobadas entre 2015 y 2024, determinó que el número promedio de obligaciones por proyecto aumentó considerablemente durante ese período. La minería registró el mayor incremento sectorial, con un alza de 337%. El organismo explicó que este fenómeno responde principalmente a una aplicación más intensa y detallada de normas existentes, y no necesariamente a la promulgación de nuevas regulaciones.

GEM también destacó que un 44% de la cartera de inversión minera 2025-2034 todavía debía obtener aprobación ambiental. Esa cartera, elaborada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), contemplaba inversiones proyectadas por US$104.549 millones. No obstante, la ausencia de una RCA no implica automáticamente que un proyecto se encuentre retrasado, especialmente cuando permanece en etapas de prefactibilidad o desarrollo técnico.

La referencia corresponde al catastro utilizado por la consultora y debe distinguirse de la actualización presentada por Cochilco este 19 de noviembre. El organismo informó que la nueva cartera de inversión minera 2026-2035 alcanza US$111.149 millones, un aumento de 6,3% frente al registro anterior, y comprende 72 iniciativas. El porcentaje de proyectos pendientes de aprobación ambiental citado por GEM no debe trasladarse automáticamente a este nuevo universo.

Para las empresas mineras, el análisis refuerza la importancia de incorporar los plazos ambientales y la posibilidad de judicialización en sus evaluaciones económicas. Una autorización favorable sigue siendo un requisito fundamental, pero el momento en que una iniciativa puede ejecutarse también determina su atractivo financiero. Bajo esa perspectiva, la gestión de permisos no solo representa una obligación regulatoria, sino también una variable que puede influir en la oportunidad y viabilidad de las inversiones.

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¿Cuál es el tiempo promedio total para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental en Chile entre 2014 y 2024?

Entre 2014 y 2024, el tiempo promedio total para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Chile aumentó de 547 a 995 días, lo que representa un incremento de 82%.

¿Qué porcentaje de la cartera de inversión minera 2025-2034 aún necesita aprobación ambiental?

Según GEM Mining Consulting, un 44% de la cartera de inversión minera 2025-2034 todavía debía obtener aprobación ambiental. Esta cartera contemplaba inversiones proyectadas por US$104.549 millones.

¿Qué ocurrió con el proyecto Prospección Minera El Alto después de recibir su aprobación ambiental?

El proyecto Prospección Minera El Alto, de Compañía Minera Nevada, recibió su aprobación ambiental el 30 de enero de 2026, pero el Segundo Tribunal Ambiental suspendió por 30 días los efectos de esa autorización el 10 de noviembre, mostrando que una RCA favorable no siempre permite iniciar inmediatamente las actividades autorizadas.

¿Cuál es el aumento en el número promedio de obligaciones ambientales por proyecto en el sector minero entre 2015 y 2024?

El número promedio de obligaciones ambientales por proyecto en el sector minero aumentó en un 337% entre 2015 y 2024, según un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).