Conflicto gremial llega al Inapi tras escisión desde Sonami
Una controversia inédita en el mundo gremial minero escaló al ámbito de la propiedad industrial. El Consejo Minero y una nueva asociación surgida desde una escisión de la Sonami se enfrentan por la inscripción de una marca que incorpora la denominación “Pequeña y Mediana Minería”, en un proceso actualmente radicado en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).
El conflicto se origina en el contexto de las tensiones generadas por la discusión de la Ley SBAP y la definición de sitios prioritarios, debate que en octubre de 2025 provocó quiebres internos en Sonami y derivó en la conformación de un nuevo gremio que busca representar a la mediana y pequeña minería a nivel nacional.
Doble solicitud y choque frontal
El 8 de octubre de 2025, el Consejo Minero ingresó ante Inapi una solicitud para registrar la marca “Consejo Minero de la Pequeña y Mediana Minería”, ampliando su denominación tradicional. Nueve días más tarde, el 17 de octubre, la naciente organización —que finalmente optó por denominarse Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras A.G.— presentó su propio trámite de inscripción de marca, a nombre de su presidente, Patricio Gatica.
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La reacción del nuevo gremio fue inmediata: presentó una oposición formal a la solicitud del Consejo Minero, acusando una actuación “abiertamente de mala fe” y señalando que la maniobra buscó impedir el normal funcionamiento de la asociación en formación.
Alegaciones de mala fe y antecedentes públicos
En el escrito ingresado al Inapi, la agrupación sostiene que el nombre “Consejo Minero de la Pequeña y Mediana Minería” fue anunciado públicamente el 1 de octubre de 2025, durante una marcha nacional contra la Ley SBAP, lo que —a su juicio— otorga prioridad de uso y notoriedad previa.
El vicepresidente del nuevo gremio, Fernando Gattas, afirmó que durante esa semana recibieron llamados “de alerta o derechamente intimidatorios”, advirtiendo que no podían utilizar la expresión “Consejo Minero”, pese a que esta no se encontraba registrada como marca. Finalmente, para evitar mayores conflictos, optaron por una denominación distinta, aunque manteniendo la oposición a la solicitud del gremio de la gran minería.
Estatutos y representatividad en disputa
Uno de los ejes centrales del reclamo apunta a la incompatibilidad estatutaria. Según la oposición presentada, los estatutos del Consejo Minero establecen que solo pueden ser socios empresas con una producción igual o superior a 50 mil toneladas de cobre fino anual, umbral que excluye explícitamente a pequeñas y medianas empresas mineras.
El documento argumenta que, bajo las definiciones oficiales de Pyme del Ministerio de Economía, ninguna de las compañías asociadas al Consejo Minero —entre ellas Codelco, BHP y Anglo American— puede ser considerada parte de la pequeña o mediana minería, por volumen productivo y nivel de ventas.
“Resulta insólita la petición de una marca que incorpora segmentos productivos que el propio Consejo Minero excluye de su base social”, señala el escrito, que califica la acción como contraria a la competencia leal y a las buenas prácticas gremiales.
Un conflicto con proyección política y sectorial
Más allá de la resolución administrativa que adopte el Inapi, la disputa revela un reordenamiento del mapa gremial minero en Chile, en momentos en que la regulación ambiental, la certeza jurídica y la representación sectorial están en el centro del debate público. La pugna por una denominación no solo es simbólica: define quién puede hablar —y bajo qué nombre— en representación de la pequeña y mediana minería en un escenario de reformas estructurales.
