Washington incluyó a Chile en una lista de 54 economías cuestionadas por no imponer ni fiscalizar eficazmente una prohibición a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. La medida aún no está vigente y será revisada en un proceso de consulta pública.
Estados Unidos abrió un nuevo frente comercial para Chile. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, conocida como USTR, propuso aplicar un arancel adicional de 12,5% a productos provenientes de Chile y otras economías, tras concluir que no existirían medidas suficientes para impedir la entrada de bienes elaborados con trabajo forzoso.
La propuesta fue emitida bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mecanismo que permite a Washington investigar prácticas extranjeras que, a su juicio, afectan o restringen el comercio estadounidense. Según la USTR, la investigación abarcó a 60 economías y derivó en una recomendación de nuevos gravámenes diferenciados.
En el caso chileno, Estados Unidos lo ubicó dentro del grupo de 54 economías que, según su análisis, “han fallado en imponer y aplicar eficazmente” una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Qué propone Estados Unidos
La USTR plantea dos niveles de aranceles adicionales. Para las economías que cuentan con algún régimen, compromiso o mecanismo parcial contra la importación de bienes asociados a trabajo forzoso, la tasa propuesta es de 10%. Para el resto, entre ellas Chile, la recomendación sube a 12,5%.
La medida no implica una aplicación inmediata. La propuesta está sometida a consulta pública y todavía debe pasar por una etapa administrativa antes de una eventual decisión final.
Los plazos fijados por la autoridad estadounidense son:
22 de junio de 2026: cierre para solicitar participación en las audiencias.
6 de julio de 2026: cierre para enviar comentarios escritos.
7 de julio de 2026: audiencia pública sobre las medidas propuestas.
La propia USTR indicó que habrá excepciones contenidas en un anexo del aviso del Registro Federal. Entre los productos exceptuados figuran categorías sensibles o ya sujetas a otros regímenes arancelarios, aunque el alcance concreto para Chile dependerá del texto final que adopte Washington.
La respuesta del Gobierno chileno
Desde el Gobierno chileno remarcaron que la propuesta no está cerrada. El canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo que se trata de una recomendación “no vinculante” y que Chile seguirá negociando con Estados Unidos.
El ministro también señaló que el país mantiene vigente su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que continuará las conversaciones con las autoridades estadounidenses para resguardar los intereses nacionales y del sector exportador.
Ese punto es relevante porque Chile y Estados Unidos tienen un acuerdo comercial vigente desde 2004, disponible en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que regula buena parte del intercambio bilateral. La nueva propuesta no elimina ese marco, pero sí introduce presión sobre el acceso de ciertos productos chilenos al mercado estadounidense si la medida se concreta.
Por qué importa para Chile
El riesgo principal está en el costo de entrada de exportaciones chilenas al mercado estadounidense. Un arancel adicional de 12,5% puede afectar márgenes, precios finales, contratos y competitividad frente a proveedores de países no alcanzados por la misma medida o con excepciones específicas.
Para Chile, el impacto dependerá de tres factores: qué productos quedan efectivamente incluidos, si se mantienen excepciones relevantes y si el Gobierno logra modificar la clasificación del país durante la etapa de consulta.
La preocupación no se limita a grandes exportadores. También puede alcanzar a empresas medianas que venden a Estados Unidos mediante cadenas de suministro, manufacturas, alimentos procesados, productos industriales o servicios asociados al comercio exterior.
Qué acusa la USTR
La USTR sostiene que la falta de prohibiciones efectivas contra bienes producidos con trabajo forzoso permite que empresas que usan esas prácticas compitan con menores costos, lo que perjudicaría a productores estadounidenses y distorsionaría el comercio.
En su reporte, Washington no apunta necesariamente a que todos los productos exportados por Chile sean elaborados con trabajo forzoso. El cuestionamiento se centra en si cada economía investigada cuenta con mecanismos suficientes para impedir que bienes producidos bajo esas condiciones entren a sus propios mercados y luego circulen por cadenas globales.
Esa diferencia es clave: el caso no trata solo de prácticas laborales internas, sino también de fiscalización comercial, trazabilidad y control de importaciones dentro de las cadenas de suministro.
Qué deben revisar los exportadores
Las empresas chilenas con ventas a Estados Unidos deberían seguir de cerca el proceso de consulta y revisar si sus productos están incluidos o exceptuados en los anexos que publique la autoridad estadounidense.
También será relevante reforzar documentación sobre origen, proveedores, trazabilidad y cumplimiento laboral. En este tipo de procesos, los importadores estadounidenses suelen exigir respaldo adicional para reducir riesgos regulatorios, incluso antes de que una medida quede firme.
Por ahora, el dato central es que el arancel de 12,5% contra Chile es una propuesta, no una medida vigente. El desenlace dependerá de la etapa de comentarios, la audiencia pública de julio y la negociación política y técnica entre Santiago y Washington.