La fiscalía regional de O’Higgins citó a declarar al presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, en el marco de la investigación por el derrumbe en El Teniente que dejó seis trabajadores fallecidos a fines de julio de 2025. La diligencia se produce luego de que una auditoría interna de la estatal revelara “inconsistencias y ocultamientos” en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido el 24 de julio de 2023 en la División El Teniente.
El fiscal regional Aquiles Cubillos confirmó que la citación está directamente vinculada a los hallazgos de ese informe, así como a un reporte internacional que fue incorporado a la carpeta investigativa. Según explicó, las preguntas formuladas al ejecutivo se centraron principalmente en el contenido y alcance de la auditoría, aunque también se abordaron otros antecedentes relacionados con la causa.
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Investigación apunta a responsabilidad penal de la persona jurídica
Cubillos precisó que la declaración de Alvarado se realiza en calidad de testigo, pero en su condición de representante de la persona jurídica. “Debemos investigar la responsabilidad penal de la persona jurídica y ese es el objeto de esta diligencia”, indicó.
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En ese contexto, el persecutor aclaró que, de acreditarse eventuales responsabilidades, la imputación recaería en la empresa estatal y no necesariamente en personas naturales. La línea investigativa se concentra en determinar si el sistema de prevención de delitos y los mecanismos de control interno de la compañía funcionaron de manera adecuada conforme a la legislación vigente.
Sistema de control bajo la lupa
Respecto de la eventual existencia de dolo, el fiscal descartó que la investigación apunte a la figura de dolo eventual. En cambio, el foco está puesto en evaluar si existió un incumplimiento del sistema de control y prevención de delitos de la empresa.
“Lo que debemos investigar es si ese sistema ha sido de cumplimiento satisfactorio, si es del todo adecuado o si los controles no fueron los adecuados para prevenir la comisión de delitos”, sostuvo Cubillos. Añadió que, si se establece que el modelo de prevención fue insuficiente o no operó conforme a lo que exige la ley, se activaría la responsabilidad penal de la persona jurídica.
La auditoría interna, cuyos resultados motivaron la remoción de tres altos ejecutivos de la estatal, constituye hoy una pieza clave en la investigación. El Ministerio Público continúa recopilando antecedentes técnicos y testimoniales para esclarecer si las omisiones detectadas influyeron en la gestión de riesgos y en el cumplimiento normativo tras el accidente que impactó a la principal operación subterránea de cobre del país.
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