El proceso de caducidad de la concesión de Enel en Chile entró en una fase de incertidumbre. La decisión, que se esperaba durante la administración anterior, permanece paralizada debido a la judicialización impulsada por la propia compañía, lo que mantiene en pausa el informe técnico clave de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El desenlace ahora depende de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia donde se tramitan los recursos presentados por la empresa. En este contexto, el caso se transforma en un precedente relevante para la regulación del sector eléctrico, en línea con debates recientes sobre la seguridad del suministro eléctrico en Chile.
El origen del conflicto se remonta a agosto de 2024, cuando el entonces ministro de Energía, Diego Pardow, anunció el inicio del proceso para evaluar la caducidad de la concesión de Enel Distribución Chile. La decisión surgió tras un masivo corte de suministro que afectó a cerca de 2,5 millones de hogares en la zona centro-sur, provocado por un sistema frontal con ráfagas de hasta 124 km/h que derribó infraestructura crítica de la red eléctrica.
Informe técnico clave queda a la espera de fallos judiciales
El procedimiento para definir la continuidad de la concesión contempla la elaboración de un informe técnico por parte de la SEC, documento que evalúa el desempeño de la empresa en tres dimensiones:
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- Calidad del producto entregado
- Calidad de la atención comercial
Este informe, que debe ser remitido al Ministerio de Energía y posteriormente al Presidente de la República, es un insumo esencial para la decisión final. Sin embargo, su conclusión se encuentra detenida.
Desde el organismo técnico explican que la paralización responde a la imposibilidad de cerrar el análisis mientras existan procesos judiciales en curso. En particular, la empresa ha impugnado aspectos críticos del caso, como la calificación de fuerza mayor, lo que impide consolidar un diagnóstico definitivo.
Las dos causas que mantienen el proceso en suspenso
Actualmente, existen dos recursos de reclamación presentados por Enel ante la Corte de Apelaciones de Santiago, ambos ingresados en 2024 y aún en tramitación:
- Reclamación por fuerza mayor (septiembre de 2024):
La empresa impugnó el rechazo de 2.233 solicitudes para clasificar interrupciones del suministro como eventos de fuerza mayor. La SEC determinó que estos episodios correspondían a fallas internas, lo que implica responsabilidad directa de la compañía. - Reclamación por Estado Anormal Agravado (noviembre de 2024):
Enel solicitó invalidar una resolución que rechazó la calificación del evento como Estado Anormal Agravado (EAA), figura que permitiría eximirla de ciertas obligaciones regulatorias.
Ambos procesos son determinantes, ya que su resolución influirá directamente en la evaluación final del desempeño de la empresa.
Decisión final recae en el Presidente
Una vez concluido el informe técnico, la decisión sobre la eventual caducidad de la concesión corresponde al Presidente de la República, actualmente José Antonio Kast. No obstante, mientras no exista un pronunciamiento judicial, el Ejecutivo no cuenta con todos los antecedentes necesarios para avanzar.
El caso también pone en evidencia la complejidad de los procesos regulatorios en el sector eléctrico, donde la interacción entre organismos técnicos, autoridades políticas y tribunales puede extender significativamente los plazos de resolución. Este escenario ha sido identificado como uno de los desafíos para mejorar la institucionalidad energética, tal como se ha discutido en el contexto de la modernización del sistema eléctrico chileno.
Un precedente para la regulación eléctrica
Más allá del caso puntual, la situación de Enel abre un debate estructural sobre los límites de la responsabilidad de las empresas distribuidoras frente a eventos climáticos extremos y sobre el uso de figuras como la fuerza mayor en contextos de crisis.
La resolución de los tribunales no solo definirá el futuro de la concesión de Enel en la Región Metropolitana —que abarca más de 2.100 km² y 33 comunas—, sino que también sentará un precedente clave para la industria eléctrica en Chile, en momentos donde la resiliencia del sistema se vuelve cada vez más crítica frente al cambio climático y la creciente demanda energética.
