El financiamiento estatal está transformando la manera en que se levantan recursos para proyectos estratégicos en Estados Unidos, destacando los minerales críticos como uno de los principales beneficiados. Desde enero de 2025, el gobierno estadounidense ha anunciado acuerdos por aproximadamente US$27.600 millones, que incluyen participaciones accionarias o instrumentos similares, según un estudio de Jefferies.
De este total, cerca de US$10.000 millones, lo que representa el 36% del monto total, está destinado a minerales críticos, superando solo a los semiconductores, que concentran US$12.600 millones. En conjunto, ambos sectores representan más del 80% del valor analizado.
Acuerdos estratégicos y su impacto en la valorización
El informe de Jefferies identifica 37 operaciones impulsadas desde 2025, que han sido financiadas mediante una combinación de compra de acciones, warrants, préstamos, acuerdos de compra de producción, pisos de precios y otros mecanismos. Para Jefferies, estas participaciones han evolucionado de ser herramientas utilizadas únicamente en tiempos de crisis a convertirse en una pieza fundamental de la política industrial estadounidense.
Una de las conclusiones clave para las compañías mineras es que recibir financiamiento del gobierno no garantiza automáticamente una mejor valorización. Jefferies sostiene que los inversionistas han respondido positivamente cuando el financiamiento estatal proporciona mayor certeza sobre los ingresos futuros, reduce el riesgo del proyecto o facilita nuevas inversiones. En contraste, las estructuras que diluyen principalmente a los accionistas han mostrado resultados menos favorables.
Un ejemplo destacado es MP Materials, un productor estadounidense de tierras raras. Su acuerdo respaldado por el Departamento de Defensa incluye una inversión gubernamental de US$400 millones y un contrato de compra de producción por 10 años. Según Jefferies, esta estructura podría asegurar al menos US$140 millones anuales de EBITDA y ofrecer mayor visibilidad sobre los flujos de caja, además de respaldar la expansión de la capacidad estadounidense para procesar tierras raras y fabricar imanes.
El desempeño bursátil de MP Materials refleja esta diferencia. Al 5 de agosto de 2026, fecha del informe, las acciones de la compañía acumulaban un avance del 58% desde el anuncio de la participación estatal, mientras que Trilogy Metals registraba un incremento del 65%.
Casos de dilución y su efecto en el mercado
El resultado ha sido diferente para Lithium Americas, que desarrolla el proyecto de litio Thacker Pass junto a General Motors en Nevada. El Departamento de Energía de Estados Unidos había cerrado anteriormente un préstamo de US$2.230 millones para respaldar el proyecto. Sin embargo, al reestructurar ese financiamiento, obtuvo warrants equivalentes al 5% de Lithium Americas y una participación económica adicional del 5% en la sociedad responsable de Thacker Pass, sin aportar nuevo efectivo en esa operación.
Jefferies señala que el mercado interpretó esta estructura como un evento de dilución. Al 5 de agosto, las acciones de Lithium Americas habían retrocedido un 46% desde el anuncio de la participación gubernamental. Otras compañías como USA Rare Earth y Korea Zinc también experimentaron caídas del 30% y 28%, respectivamente, mientras que otros acuerdos mostraron retornos positivos. Esto demuestra que el impulso inicial que puede generar la entrada del gobierno puede desvanecerse si el acuerdo no mejora realmente las perspectivas financieras de la empresa.
La nueva dinámica del capital estatal en minería
El cambio en la dinámica de financiamiento va más allá del aporte directo de capital. Algunas operaciones combinan capital con préstamos, garantías de precios o contratos de compra, reduciendo riesgos que tradicionalmente debían asumir exclusivamente las compañías y sus inversionistas privados. Esto podría facilitar el financiamiento de proyectos de minerales críticos que enfrentan altos requerimientos de capital y largos periodos antes de comenzar a producir.
Sin embargo, este enfoque también incrementa la influencia del gobierno sobre la asignación de capital, la gobernanza de las empresas y la estructura futura de ciertas industrias. Jefferies advierte que aún resulta complicado medir el impacto fiscal de estas operaciones debido a las diferencias entre los acuerdos y a la limitada información disponible sobre algunas condiciones financieras. Las compras de participaciones pueden registrarse inicialmente como gasto público, mientras que los dividendos o ingresos por venta de acciones solo aparecen posteriormente.
La conclusión del estudio es que la participación estatal puede reducir el riesgo financiero de una compañía, pero no todas las inversiones públicas generan el mismo efecto. Para el mercado, la diferencia radica en la estructura: acuerdos acompañados de contratos de compra, pisos de precios o flujos de caja más previsibles han tenido una respuesta más sólida que aquellos que simplemente incorporan al gobierno como nuevo accionista.
A medida que se avanza en el análisis de estos acuerdos, se espera que el gobierno continúe desempeñando un papel crucial en la evolución del financiamiento de la minería, especialmente en el contexto de los minerales críticos, que son esenciales para la transición energética y el desarrollo tecnológico.
