La primera mesa técnico-política definió el esquema inicial para financiar y ejecutar la recuperación tras los temporales de julio. El plan considera recursos internacionales, fondos fiscales y un levantamiento de daños que deberá completarse durante las próximas cuatro semanas.
El Gobierno puso en marcha este jueves 20 de agosto la primera mesa técnico-política destinada a organizar la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama, dos de las zonas más golpeadas por los sistemas frontales registrados durante julio.
La instancia busca ordenar una etapa que será más extensa que la respuesta inmediata a la emergencia: identificar las obras que deben reconstruirse, calcular su costo, establecer prioridades, definir cronogramas y asegurar los recursos necesarios para ejecutar los proyectos.
El esquema anunciado incorpora financiamiento y asistencia del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de recursos fiscales que serán destinados específicamente al proceso de recuperación.
Entre las primeras cifras confirmadas está un aporte no reembolsable de US$100 mil de CAF, recursos que serán utilizados en la etapa de preinversión.
BID apoyará levantamiento de daños durante las próximas cuatro semanas
Uno de los pasos centrales será determinar con mayor precisión cuánto costará recuperar la infraestructura dañada.
El trabajo considera colaboración del BID mediante recursos no reembolsables para desarrollar durante las próximas cuatro semanas un levantamiento que permita establecer cuáles fueron los daños provocados por los temporales, cuánto costaría reponerlos y cuáles serían los plazos de ejecución.
Ese catastro será clave porque la reconstrucción no estará limitada únicamente a viviendas.
El Gobierno proyecta incorporar obras relacionadas con caminos, puentes, conectividad, infraestructura social y recuperación de actividades productivas, especialmente en territorios donde las lluvias, crecidas, activación de quebradas y remociones en masa afectaron la movilidad y el funcionamiento económico local.
La definición de los costos permitirá además separar las necesidades inmediatas de las intervenciones estructurales que podrían requerir varios años de ejecución.
CAF entregará US$100 mil para preparar proyectos
La CAF comprometió US$100 mil en recursos no reembolsables, monto que será utilizado para la etapa de preinversión.
Aunque se trata de una cifra menor frente al costo total que eventualmente podría alcanzar la reconstrucción, la preinversión cumple un papel relevante: permite desarrollar estudios, diseños, evaluaciones técnicas y antecedentes necesarios antes de iniciar determinadas obras.
Esta fase también puede influir directamente en los tiempos de ejecución. Una infraestructura dañada no necesariamente puede ser reconstruida de inmediato si requiere rediseños, estudios de suelo, ingeniería, permisos o modificaciones para enfrentar de mejor manera futuros eventos climáticos.
El desafío será evitar que la reposición simplemente reproduzca infraestructura vulnerable frente a nuevas lluvias intensas, aluviones o crecidas.
Hacienda prepara fondo con recursos provenientes de activos fiscales
El financiamiento internacional será solo una parte del esquema.
La Dirección de Presupuestos deberá generar un fondo para la reconstrucción utilizando recursos provenientes de la venta o puesta en venta de activos fiscales.
El mecanismo pretende entregar disponibilidad financiera para las obras que sean priorizadas una vez que se complete la evaluación de daños.
Además, el Ejecutivo contempla incorporar en la Ley de Presupuestos una glosa destinada a facilitar la ejecución de iniciativas vinculadas a estos recursos.
La estructura definitiva del financiamiento todavía dependerá del costo que arroje el catastro, por lo que todavía no existe una cifra global confirmada para la reconstrucción de Coquimbo y Atacama.
Por esa razón, cualquier estimación del gasto total sería prematura mientras no concluya la evaluación técnica.
Viviendas, caminos y actividad productiva entran en la reconstrucción
El impacto de los temporales obliga a mirar más allá de la infraestructura pública.
Los daños también afectan directamente a hogares, pequeños negocios, agricultores, transportistas, proveedores y otras actividades productivas que dependen de rutas y conexiones operativas para funcionar.
En Coquimbo, por ejemplo, la respuesta inmediata ya ha involucrado recursos significativos. Una segunda nómina del Bono de Recuperación incorporó a 13.167 hogares de las 15 comunas de la región, con una asignación cercana a $10 mil millones.
Los montos del beneficio fueron establecidos según el nivel de afectación registrado mediante la Ficha Básica de Emergencia, con tramos que van desde $375 mil hasta $1,5 millones.
Ese tipo de ayuda responde principalmente a la emergencia de las familias. La mesa técnico-política, en cambio, abre una etapa distinta: reconstruir infraestructura y recuperar condiciones que permitan normalizar la economía y los servicios en los territorios afectados.
Reconstrucción podría extenderse a otras zonas dañadas
La planificación comenzó concentrada en Coquimbo y Atacama debido al impacto inicial de los temporales de julio, pero el Gobierno dejó abierta la posibilidad de extender el esquema hacia otras regiones afectadas posteriormente por nuevos eventos meteorológicos.
La decisión adquiere importancia después de episodios de lluvias intensas y daños registrados durante agosto en distintas zonas del norte del país.
Esto significa que el costo fiscal asociado a las emergencias todavía podría aumentar si nuevos territorios requieren obras mayores de recuperación.
También será necesario observar cómo se distribuyen los recursos entre reparación de viviendas, infraestructura vial, obras hidráulicas, servicios públicos y apoyo a sectores productivos.
Las próximas cuatro semanas serán decisivas
El principal dato que falta conocer es el costo definitivo de la reconstrucción.
Durante las próximas cuatro semanas deberá avanzar el levantamiento de daños que servirá para dimensionar el volumen de inversión, priorizar proyectos y establecer calendarios.
Hasta entonces, los US$100 mil aportados por CAF corresponden específicamente a preinversión y no representan el presupuesto completo de reconstrucción. Del BID se contempla apoyo mediante recursos no reembolsables para el proceso de evaluación, pero todavía no se ha confirmado públicamente un monto total destinado a las obras.
Para Coquimbo y Atacama, el desafío será transformar rápidamente los catastros y estudios en proyectos ejecutables.
La reconstrucción tendrá impacto directo no solo sobre las familias damnificadas, sino también sobre el transporte, la actividad empresarial, la agricultura, el comercio y la conectividad de localidades que dependen de infraestructura que quedó dañada tras los temporales.
Las próximas definiciones presupuestarias permitirán conocer qué proyectos tendrán prioridad, cuánto dinero deberá movilizar el Estado y en qué plazos comenzarán las obras de recuperación definitiva.
