El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que una privatización parcial de la cuprera estatal no forma parte de los planes del Ejecutivo. La estrategia oficial apunta a mantener el control estatal, incorporar capital mediante alianzas y revisar activos que puedan ser enajenados.
El Gobierno descartó avanzar en la apertura de la propiedad de Codelco a inversionistas privados, luego de que el debate sobre una eventual privatización de la minera estatal volviera a instalarse en el escenario político. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo este miércoles 29 de julio que la administración busca conservar la compañía completamente en manos del Estado, aunque dejó abierta la posibilidad de aumentar las asociaciones con terceros y recibir aportes privados para financiar proyectos específicos.
La definición establece una diferencia entre vender parte de la propiedad de la corporación y permitir la participación privada en determinados negocios, yacimientos o iniciativas de inversión. Bajo esa fórmula, Codelco mantendría su estructura estatal, pero podría compartir capital, riesgos y capacidades técnicas con socios externos.
Quiroz respaldó así la posición planteada por el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, quien ha defendido la continuidad de la propiedad estatal junto con una mayor apertura a asociaciones estratégicas. El ministro también reconoció que la empresa enfrenta dificultades relacionadas con costos, rentabilidad de inversiones y capacidad financiera para desarrollar simultáneamente su cartera de proyectos.
La diferencia entre privatizar y asociarse
La discusión se reactivó después de que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, propusiera privatizar Codelco o abrir una parte de su propiedad a privados. La idea generó reacciones políticas inmediatas debido al carácter estratégico de la empresa y al papel que históricamente ha desempeñado en el financiamiento fiscal y la industria del cobre.
La respuesta del Ministerio de Hacienda buscó cerrar esa alternativa como política del actual Gobierno. Quiroz señaló que una modificación de la propiedad de Codelco tendría implicancias que superan las decisiones de una administración y requeriría una discusión nacional de mayor alcance.
El Ejecutivo, sin embargo, no descartó el ingreso de recursos privados mediante sociedades o acuerdos para desarrollar activos determinados. Quiroz planteó que el objetivo es fortalecer las asociaciones y actuar con criterios prácticos para mejorar la situación de la compañía. La autoridad también respaldó la posibilidad de vender algunos activos, aunque no identificó cuáles podrían incorporarse a una eventual revisión.
Este modelo no es ajeno a la minería estatal. Codelco participa en operaciones y proyectos desarrollados junto con terceros, lo que permite distribuir inversiones y acceder a capacidades especializadas sin transferir la propiedad de la corporación completa. La discusión futura estará en el alcance de esas alianzas, las condiciones de los contratos y el grado de control que mantendrá la empresa sobre los activos estratégicos.
Presión financiera y cartera de proyectos
La posición del Gobierno se conoce mientras Codelco intenta recuperar sus niveles de producción y financiar una cartera de proyectos estructurales destinada a extender la vida útil de sus principales divisiones.
Durante los últimos años, la minera ha debido ejecutar inversiones de gran escala en faenas antiguas, con yacimientos más profundos, menores leyes minerales y mayores exigencias operacionales. La transformación de Chuquicamata desde una mina a rajo abierto hacia una operación subterránea, el desarrollo de Andes Norte en El Teniente y las obras vinculadas a Radomiro Tomic y Salvador forman parte de ese proceso.
Estas iniciativas requieren elevados niveles de capital y deben convivir con la obligación de mantener las operaciones actuales, controlar costos, responder a los compromisos financieros y entregar excedentes al Estado.
El nuevo directorio, encabezado por Fontaine desde fines de mayo, asumió además con el mandato de realizar una revisión financiera profunda y avanzar en una auditoría externa relacionada con antecedentes productivos de la compañía. El Gobierno ha puesto énfasis en el control presupuestario, la transparencia de los resultados y la recuperación operacional de la principal productora estatal de cobre de Chile.
Las asociaciones con privados aparecen, en este contexto, como una vía para reducir la presión sobre el balance de Codelco. Un socio puede aportar financiamiento, tecnología, experiencia operacional o infraestructura, mientras la estatal conserva una participación relevante en el proyecto.
El punto crítico será evitar que estas fórmulas se conviertan en una transferencia indirecta de activos de alto valor sin una evaluación económica, técnica y pública suficientemente rigurosa.
Codelco mantiene relevancia para las cuentas fiscales
La discusión sobre la propiedad de la empresa ocurre en un escenario de altos precios del cobre y mayores expectativas de recaudación minera.
Las proyecciones fiscales para 2026 estiman que Codelco podría entregar al Estado alrededor de US$3.188 millones, su mayor aporte en cinco años y un incremento real de 58% frente al ejercicio anterior. La mejora responde principalmente a la cotización del cobre, que compensaría una revisión a la baja en las estimaciones de producción de la empresa.
El desempeño del mercado ofrece un alivio financiero, pero no resuelve los problemas estructurales. Una compañía puede aumentar sus excedentes cuando sube el precio del metal y, al mismo tiempo, mantener debilidades en productividad, costos o ejecución de inversiones.
Esta diferencia será central para evaluar la gestión de Codelco durante los próximos años. El desafío no consiste únicamente en aprovechar un ciclo favorable del cobre, sino en recuperar producción, mejorar la rentabilidad de los proyectos y asegurar que las nuevas inversiones generen retornos sostenibles.
Chile también enfrenta un escenario de estancamiento productivo. La producción nacional de cobre acumulaba cerca de dos millones de toneladas a mayo de 2026, con una caída aproximada de 9% frente al mismo período del año anterior. La proyección para el cierre del ejercicio se mantiene en torno a 5,3 millones de toneladas.
Qué observará la industria
La señal entregada por Hacienda reduce, por ahora, la posibilidad de una apertura accionaria de Codelco, pero amplía el debate sobre el modelo de asociaciones que utilizará la estatal.
La industria observará qué activos podrían ser vendidos, cuáles proyectos buscarán socios, cuánto capital privado se pretende incorporar y qué mecanismos se establecerán para proteger el interés fiscal. También será relevante conocer si las alianzas se concentrarán en nuevos desarrollos o si alcanzarán operaciones actualmente controladas por la corporación.
Para los proveedores mineros, una aceleración de proyectos mediante asociaciones podría traducirse en nuevos contratos de ingeniería, construcción, mantenimiento, tecnología y servicios especializados. Para el Estado, el beneficio dependerá de que los acuerdos permitan elevar producción y rentabilidad sin debilitar el patrimonio estratégico de la empresa.
La definición gubernamental mantiene a Codelco bajo control estatal, pero reconoce que la magnitud de sus inversiones exige nuevas fórmulas de financiamiento. El debate deja así de centrarse únicamente en privatizar o no privatizar y se traslada hacia una pregunta más concreta: cómo incorporar capital y capacidades externas sin perder control sobre activos esenciales para la minería chilena.