La Cámara de Diputados aprobó proyecto que obliga a las empresas del sector a aportar un 1% del costo de inversión a la región durante la construcción de sus plantas. La iniciativa busca equilibrar el impulso a la industria con mayores beneficios para las comunidades locales.
La propuesta marca “un hito regulatorio para la industria del hidrógeno verde en Chile”.
Una votación que destraba un debate clave para la transición energética
En una sesión marcada por tensiones y negociaciones de último minuto, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles —por 75 votos a favor, 22 en contra y 10 abstenciones— el proyecto de ley que establece incentivos tributales para la producción de hidrógeno verde (H2V) y sus derivados. La iniciativa, que ahora pasará al Senado para su segundo trámite, introduce por primera vez un aporte obligatorio del 1% del costo total de inversión que las empresas deberán entregar a las regiones donde desarrollen obras de construcción.
Se trata de un componente largamente esperado en Magallanes, territorio que concentra las principales apuestas del país en H2V y que ha planteado la necesidad de que los beneficios de esta emergente industria también se traduzcan en mejoras concretas para las comunidades.
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Expectativas en Magallanes: desarrollo con retorno local
La diputada Javiera Morales calificó la votación como “una muy buena noticia para Magallanes”, al considerar que el proyecto da respuesta a una inquietud histórica: que parte de los recursos generados por las inversiones energéticas quede en el territorio donde se emplazan.
“Esto permitirá enfrentar las externalidades negativas que esta nueva industria puede generar”, afirmó, enfatizando el impacto que podría tener en infraestructura, servicios y calidad de vida.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respaldó esta visión y aseguró que el Gobierno está comprometido con que “una parte importante del desarrollo de la industria quede en Magallanes, no sólo en empleo y proveedores, sino también en la recaudación”. A su juicio, este mecanismo tributario transitorio —que contempla US$2.800 millones para fomentar la demanda de hidrógeno verde— contribuye a ese objetivo.
Un impulso a la competitividad energética del país
Entre los defensores del proyecto destacó el diputado magallánico Carlos Bianchi, quien sostuvo que la aprobación representa “un antes y un después” para la región. Según afirmó, la medida no sólo fortalecerá la posición de Magallanes como polo energético global, sino que también entregará ventajas competitivas a otras zonas del país, especialmente al norte, donde la minería podría beneficiarse de mayores incentivos para incorporar energías limpicas en sus faenas.
El proyecto también establece que las empresas de H2V no podrán acceder a subsidios ni regímenes de excepción como los de Navarino o Tierra del Fuego, aunque sí quedarán exentas del impuesto de primera categoría, siguiendo el modelo de la Zona Franca.
Dudas por el alcance del incentivo a la demanda interna
Pese al amplio respaldo en la Cámara, algunos parlamentarios manifestaron reparos respecto de la efectividad del incentivo a la demanda interna de hidrógeno verde. Esto, debido a que son pocas las empresas radicadas en Magallanes que utilizan este insumo en sus procesos productivos. Entre las potenciales beneficiarias figurarían principalmente ENAP y Methanex, lo que abre interrogantes sobre el alcance real de la medida.
Aun así, el mensaje predominante fue político: “La propuesta marca un hito regulatorio para la industria del hidrógeno verde en Chile”, señalaron legisladores de la zona, quienes ven en esta normativa un paso decisivo para compatibilizar inversión, desarrollo local y sostenibilidad ambiental.
