La justicia de la provincia de La Rioja ordenó la paralización por 30 días del proyecto minero Vicuña, ubicado en San Juan, y además prohibió el tránsito de vehículos asociados a la iniciativa por territorio riojano, en el marco de una controversia por el alcance del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
La resolución fue dictada por la jueza de cámara de Chilecito, María Greta Decker, quien acogió los planteamientos del gobierno de La Rioja respecto de que el informe ambiental del proyecto debe ser evaluado y eventualmente aprobado por ambas provincias, y no únicamente por las autoridades sanjuaninas.
La Rioja exige evaluación ambiental conjunta
El gobierno riojano argumentó ante la justicia que parte de las actividades vinculadas al proyecto se desarrollan en su territorio, lo que implicaría riesgos potenciales sobre biodiversidad, cuencas hídricas, vegas y bofedales que no habrían sido evaluados en el proceso ambiental tramitado en San Juan.
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Según los antecedentes presentados en la causa, la empresa no habría incorporado en el EIA los impactos asociados al tránsito de maquinaria y equipos por territorio riojano, específicamente en un tramo de aproximadamente 140 kilómetros que atraviesa zonas como Guandacol, Santa Elena, Zapallar, Las Cuevas y La Ciénaga, en los departamentos General Lamadrid y Coronel Felipe Varela.
La presentación judicial sostiene que la circulación de vehículos vinculados al proyecto podría generar riesgos ambientales asociados a la afectación de suelos, cursos de agua e infraestructura vial, además de la eventual circulación de sustancias peligrosas.
Retenes policiales y restricción de tránsito
Como parte de la resolución, se instruyó a la policía de La Rioja instalar retenes para impedir el tránsito de vehículos relacionados con el proyecto en su paso por la provincia, exceptuando únicamente la circulación de personal destinado a labores de mantenimiento y resguardo de las instalaciones.
La medida se produce en un escenario de tensión entre autoridades provinciales y la empresa minera, marcado por solicitudes de mayor diálogo institucional, compromisos de contratación de mano de obra local y participación de proveedores regionales.
Entre los argumentos presentados por La Rioja figura además la necesidad de revisar eventuales impactos en ecosistemas altoandinos y en zonas cercanas al glaciar El Potro, próximo al proyecto Josemaría, actualmente integrado al distrito Vicuña.
Las autoridades riojanas sostienen que no existiría autorización ambiental para el tránsito por su territorio, lo que obligaría a una revisión integral de los impactos asociados a la logística del proyecto. En esa línea, el gobierno provincial indicó que otras compañías mineras que operan en su jurisdicción sí han cumplido con los requisitos ambientales exigidos por la legislación local.
Proveedores locales y posible escalada judicial
El conflicto también incorpora demandas vinculadas al desarrollo económico local, particularmente en relación con la contratación de proveedores y trabajadores de la zona de Villa General Madariaga y sectores cercanos al área de influencia del proyecto.
Hace dos semanas, un grupo de vecinos de Guandacol realizó un corte en el camino de acceso al proyecto, el que fue levantado tras compromisos asociados a oportunidades de empleo y participación de empresas locales. De acuerdo con un comunicado previo de la propia empresa, Vicuña había informado trabajos para habilitar una ruta alternativa en San Juan al acceso por Guandacol.
Desde el gobierno provincial no descartan que el caso pueda escalar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si persisten las diferencias sobre la competencia ambiental entre ambas jurisdicciones. El planteamiento de La Rioja sostiene que, al desarrollarse parte de las actividades en su territorio, corresponde que los procesos judiciales iniciales se tramiten en tribunales provinciales riojanos.
