La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abandonará el penal de San Joaquín tras una decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó su prisión preventiva, sustituyéndola por arresto domiciliario total y arraigo nacional. Esta medida le permitirá estar en su domicilio después de 133 días de detención, desde su formalización el pasado 30 de enero por los delitos de cohecho y lavado de activos en el contexto de la conocida "Trama Bielorrusa".
La decisión tuvo lugar el 12 de junio de 2026, cuando el tribunal acogió los argumentos presentados por la defensa de Vivanco, liderada por la abogada Patricia Alvarado Masafierro. La defensa argumentó que la exmagistrada no representaba un peligro ni para la sociedad ni para el procedimiento judicial. Además, se hizo énfasis en que Vivanco se había constituido como cuidadora principal de su madre, quien sufre de demencia y está alojada en un hogar, y que su situación de salud y emocional deberían ser consideradas.
La abogada Alvarado destacó que la solicitud de cambio de medidas cautelares se fundamentó en la situación personal de Vivanco, poniendo de relieve su rol de cuidadora y cuestionando que pudiera alterar el curso del proceso judicial. La defensa expuso que la exministra cumplía funciones de responsable del cuidado de su madre antes de su ingreso a prisión y que había un perfil de riesgo bajo.
Con esta resolución, Vivanco podrá permanecer en un departamento arrendado por su exesposo mientras continúa la investigación en su contra. Aunque la exministra ha logrado escapar de la prisión preventiva, aún enfrentará las consecuencias del proceso penal que sigue activo y deberá cumplir con la normativa relacionada con su nuevo arresto domiciliario.
La resolución de la Corte de Apelaciones marca un hito en una de las investigaciones más sonadas que involucran a miembros del Poder Judicial en Chile, resultando vital para la persecución de la corrupción y la transparencia judicial en el país. La investigación ha puesto de manifiesto la necesidad de revisión de los protocolos de conducta y regulación en la judicatura, un tema que ha generado repercusiones profundas en la confianza pública en el sistema judicial.
La comunidad jurídica y la ciudadanía estarán atentas a cómo avanza este caso y qué medidas adicionales se tomarán, no solo en el caso de Vivanco, sino respecto a las implicaciones para otros casos que involucran a autoridades judiciales. Los próximos pasos dependerán del desarrollo de las diligencias que realiza el Ministerio Público, el cual aún tiene un rol activo en la evaluación de las pruebas y testimonios recolectados.
A medida que el caso avanza, se torna crucial el debate sobre la responsabilidad judicial y la lucha contra la corrupción en las instituciones del país, reafirmando el rol de la justicia como pilar fundamental del estado de derecho.