El Ministerio Público expuso una cadena de transferencias que, según su tesis, conectaría pagos asociados al consorcio con presuntas retribuciones a la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Gabriel Silber fue formalizado por soborno y lavado de activos y quedó con arresto domiciliario total.
La investigación por la denominada trama bielorrusa incorporó nuevos detalles sobre la ruta seguida por los recursos que la Fiscalía Regional de Los Lagos vincula con presuntos pagos destinados a favorecer judicialmente al Consorcio Belaz Movitec en su disputa con Codelco. Los antecedentes, publicados este 24 de septiembre, corresponden a la formalización y reformalización realizadas dos días antes ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y profundizan la trazabilidad financiera presentada por el Ministerio Público.
Durante la audiencia, el fiscal Andreas Kusch formalizó al exdiputado y abogado Gabriel Silber por los delitos de soborno y lavado de activos y reformalizó a otros imputados, entre ellos la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Silber quedó sujeto a arresto domiciliario total y arraigo nacional. Su defensa no se opuso a esas medidas cautelares en el marco de un acuerdo con el Ministerio Público y los querellantes. La formalización comunica los delitos atribuidos por la Fiscalía y permite continuar la investigación bajo control judicial, pero no constituye una sentencia condenatoria ni determina culpabilidad.
Fiscalía reconstruye una cadena de transferencias
El elemento que adquiere mayor relevancia con los nuevos antecedentes es la reconstrucción financiera de los pagos.
La Fiscalía sostiene que el estudio integrado por Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber recibió recursos asociados a la representación de Belaz Movitec durante su conflicto judicial con Codelco y que parte de esos fondos habría sido posteriormente utilizada para retribuir a Vivanco mediante operaciones en las que habría intervenido su entonces pareja, Gonzalo Migueles.
De acuerdo con la exposición del Ministerio Público, existirían al menos seis episodios de pagos vinculados a Migueles. La Fiscalía sitúa en al menos $85 millones las presuntas retribuciones relacionadas con Vivanco dentro de esta arista, mientras que un peritaje financiero incorporado a la investigación ha identificado cerca de $95 millones en pagos asociados a Silber por las asesorías realizadas en el contexto del litigio.
Esas cifras responden a categorías distintas dentro de la investigación y no deben sumarse como si correspondieran a un mismo flujo financiero.
Un informe anterior de la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera Patrimonial de la Fiscalía había establecido que Belaz Movitec transfirió alrededor de $1.087 millones a los abogados Lagos, Vargas y Silber y a sociedades vinculadas entre julio de 2023 y junio de 2024. El Ministerio Público investiga qué parte de esos recursos correspondió a honorarios legítimos y cuáles movimientos posteriores podrían estar relacionados con los delitos imputados.
Una operación habría utilizado una casa de cambios
Entre las maniobras expuestas por la Fiscalía figura una operación realizada a fines de 2023.
Según el relato del fiscal Kusch, un cheque emitido por Lagos fue depositado o girado hacia una cuenta relacionada con Miguel Ángel Obieta, trabajador de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada. Posteriormente, el propietario de esa empresa habría entregado el dinero en efectivo.
La tesis fiscal es que esa operación habría tenido como propósito dificultar la trazabilidad de los recursos antes de concretar una presunta retribución económica. Los participantes de esa cadena y otras personas vinculadas a operaciones financieras han sido formalizados en diferentes etapas de la causa por delitos que incluyen lavado de activos.
Vivanco ha rechazado haber recibido esos recursos. Tras la audiencia del 22 de septiembre sostuvo que la propia trazabilidad expuesta por la Fiscalía demostraría, desde su perspectiva, que los fondos no llegaron a ella. Esa afirmación forma parte de su posición frente a la investigación y deberá ser contrastada con la evidencia durante el proceso.
El origen está en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec
La causa penal se remonta al conflicto contractual entre Codelco y el Consorcio Belaz Movitec, que prestaba servicios para la estatal en la División Salvador.
Codelco puso término anticipado al contrato en 2023 argumentando incumplimientos y mantuvo retenidos fondos y maquinaria. El consorcio recurrió a tribunales y obtuvo posteriormente decisiones favorables en la Tercera Sala de la Corte Suprema.
Entre las consecuencias de esas resoluciones estuvieron la liberación de fondos retenidos y la devolución de equipos y maquinaria al consorcio. Distintas decisiones judiciales terminaron generando pagos de Codelco a Belaz Movitec por más de $17.000 millones.
La investigación del Ministerio Público busca determinar si algunas de esas resoluciones estuvieron asociadas a pagos ilícitos.
La Fiscalía imputa que Vivanco, entonces integrante de la Corte Suprema, habría intervenido en decisiones favorables al consorcio y que los abogados vinculados a Belaz Movitec habrían canalizado recursos para retribuir esas actuaciones. Estas afirmaciones corresponden a la tesis acusatoria y continúan sometidas a investigación y eventual debate judicial.
Silber entra formalmente a la causa
La audiencia del 22 de septiembre marcó también el ingreso formal de Gabriel Silber como imputado por soborno y lavado de activos.
Antes de la diligencia, el exparlamentario afirmó que continuaría colaborando con la investigación. Los antecedentes difundidos previamente indican que entregó acceso a información bancaria y participó en diligencias solicitadas por la Fiscalía.
La Fiscalía sostiene que, como socio del estudio jurídico, Silber recibió recursos asociados a las asesorías a Belaz Movitec y le atribuye responsabilidad dentro del esquema investigado. La defensa deberá controvertir esa imputación durante las siguientes etapas del proceso.
La reformalización permitió además al Ministerio Público actualizar y precisar los hechos atribuidos a otros imputados a partir de antecedentes financieros incorporados durante los últimos meses.
Investigación continúa abierta
El avance de la trazabilidad no cierra la causa. El tribunal amplió el período de investigación después de la audiencia, mientras el Ministerio Público continúa examinando transferencias, pagos en efectivo, cuentas bancarias y movimientos relacionados con los principales imputados.
La publicación del 24 de septiembre aporta así mayor detalle sobre el mecanismo financiero que la Fiscalía sostiene haber reconstruido, pero no modifica el carácter procesal de las imputaciones.
La existencia de transferencias, honorarios y movimientos bancarios deberá ser evaluada junto con la evidencia destinada a establecer su origen, destino y eventual relación con decisiones judiciales. Hasta que exista una sentencia firme, las responsabilidades penales atribuidas a Silber, Vivanco y los demás imputados permanecen como acusaciones del Ministerio Público y no como hechos judicialmente establecidos.
