Los antecedentes fueron entregados al gobernador Ricardo Díaz tras reuniones con Ferronor y FCAB. La autoridad pidió reforzar la persecución penal, la fiscalización de la cadena de comercialización y la coordinación para proteger trenes y faenas mineras.
Más de 40 eventos asociados al robo de cobre y cerca de 200 toneladas de material sustraído fueron registrados en la Región de Antofagasta entre enero y agosto de 2026, según antecedentes conocidos por el gobernador regional Ricardo Díaz después de reuniones con las empresas ferroviarias Ferronor y FCAB. Las cifras fueron presentadas al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ante la preocupación por ataques que afectan el transporte ferroviario y operaciones vinculadas a la principal actividad productiva de la zona.
Los datos requieren una precisión: no corresponden a una estadística nacional consolidada de delitos de robo de cobre, sino a antecedentes reportados por operadores ferroviarios al Gobierno Regional respecto de hechos ocurridos en Antofagasta. Por lo tanto, no permiten extrapolar directamente la magnitud del fenómeno al resto del país.
La reunión entre Díaz y Arrau se realizó en Valparaíso y tuvo como objetivo trasladar los antecedentes disponibles al Ministerio de Seguridad Pública y solicitar una mayor coordinación de los organismos encargados de prevenir, investigar y perseguir este tipo de delitos. El ministro comprometió además una visita a la Región de Antofagasta para continuar abordando el problema.
Ataques afectan una cadena logística estratégica
El problema adquiere especial relevancia debido al papel del sistema ferroviario en el transporte de productos e insumos asociados a la minería del norte de Chile.
Ferronor y FCAB operan infraestructura ferroviaria que conecta faenas, instalaciones industriales y terminales logísticos dentro de una región responsable de una parte sustancial de la producción nacional de cobre.
Los robos no representan únicamente una pérdida directa del mineral. La interrupción o intervención de trenes puede generar retrasos operacionales, riesgos para trabajadores y terceros y mayores costos asociados a vigilancia, reparaciones y medidas adicionales de seguridad.
Díaz sostuvo después de la reunión que el fenómeno se encuentra lejos de estar controlado y planteó que la situación también expone vulnerabilidades dentro de la cadena utilizada para transportar y exportar cobre desde el norte del país.
Las empresas ferroviarias han advertido además sobre la evolución de los métodos empleados para sustraer el material, en un escenario donde la protección de las cargas ha requerido nuevas inversiones en sistemas de vigilancia y tecnologías de seguridad.
Gobierno focalizará estudios y servicios
El ministro Martín Arrau señaló que su cartera ya había identificado un aumento de robos asociados a trenes que prestan servicios a faenas mineras y anunció la focalización de estudios y servicios vinculados al fenómeno.
La respuesta que solicita el Gobierno Regional no se limita a incrementar la protección física de las vías ferroviarias.
Díaz planteó la necesidad de profundizar la coordinación entre Ministerio Público, Carabineros y Policía de Investigaciones, especialmente para determinar quiénes participan en los ataques, cómo se organiza la posterior comercialización del cobre sustraído y qué redes permiten reincorporar el material a circuitos económicos.
Ese componente resulta determinante para abordar un delito en el que sustraer el cobre constituye únicamente una parte de la cadena. El material posteriormente debe ser almacenado, transportado, transformado o comercializado para generar ingresos.
Fiscalización de chatarreras y exportaciones entra en el debate
Una de las líneas planteadas por el gobernador apunta precisamente a fortalecer la trazabilidad del cobre y la fiscalización de quienes comercializan o exportan chatarra.
La autoridad pidió reforzar la coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, con el objetivo de verificar el origen del material comercializado y detectar posibles irregularidades antes de que cobre de procedencia ilícita pueda ingresar a circuitos formales o abandonar el país.
Antofagasta ya ha desarrollado durante 2026 operativos interinstitucionales de fiscalización a empresas comercializadoras de metales. En junio, una inspección conjunta a chatarreras de la ciudad detectó incumplimientos sanitarios, laborales, tributarios y de trazabilidad, además de cobre y otros materiales almacenados en los recintos.
Estos controles constituyen una línea distinta de las investigaciones de robos específicos, pero buscan cerrar espacios para la reducción y comercialización irregular de metales.
Cerca de cinco toneladas por evento si se compara el total reportado
Tomando únicamente como referencia las cifras acumuladas comunicadas —casi 200 toneladas en más de 40 eventos—, el volumen involucrado equivale a un orden de magnitud cercano a cinco toneladas por episodio si ambos totales se comparan de manera simple.
Sin embargo, esa relación no implica que todos los robos hayan tenido dimensiones similares. Los antecedentes divulgados no entregan un desglose individual por evento ni permiten determinar cuánto cobre fue sustraído en cada ataque.
Tampoco se ha informado públicamente qué proporción corresponde a cargas ferroviarias, instalaciones mineras u otras modalidades de robo.
Por esa razón, las casi 200 toneladas deben entenderse como un volumen acumulado reportado por los operadores que entregaron información al gobernador y no como una caracterización completa de todos los delitos relacionados con cobre ocurridos en la región durante 2026.
Próxima visita del ministro a Antofagasta
El siguiente paso será la visita comprometida por Arrau a Antofagasta, instancia en la que se espera revisar los antecedentes con autoridades regionales y organismos vinculados a la seguridad y protección de infraestructura productiva.
El Ministerio de Seguridad deberá definir cómo se traducirá la focalización anunciada en medidas operativas y qué coordinación se establecerá con policías, Ministerio Público, empresas ferroviarias y organismos fiscalizadores.
Con más de 40 hechos reportados y cerca de 200 toneladas sustraídas hasta agosto, la preocupación regional se concentra ahora tanto en proteger las cargas durante su transporte como en seguir el cobre después del robo. La trazabilidad, la investigación patrimonial de las redes involucradas y la fiscalización de los canales de comercialización aparecen como elementos centrales para determinar si el material robado puede ser recuperado y si las estructuras que sostienen estos delitos pueden ser identificadas y desarticuladas.
