La revisión en Chuquicamata, Ministro Hales y Radomiro Tomic incluye los registros del mineral, los bonos ligados a metas productivas y el cumplimiento de permisos ambientales.
La Contraloría General de la República comenzó esta semana inspecciones en las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Radomiro Tomic, en la Región de Antofagasta, como parte de una investigación sobre las cifras de producción que Codelco informó para 2025. El despliegue en las faenas se inició el lunes 21 de septiembre y amplía una fiscalización que comenzó a fines de mayo, después de que la minera estatal reconociera errores en la clasificación de parte de su producción anual.
La revisión llega a las faenas
El equipo del Departamento de Investigaciones Especiales está encabezado en terreno por la contralora general, Dorothy Pérez, y el jefe de la División de Fiscalización, Ricardo Provoste. Hasta esta etapa, parte del trabajo se había concentrado en la casa matriz de Codelco en Santiago, mediante la revisión de procesos y antecedentes de la empresa.
En las operaciones del norte, la Contraloría examina los sistemas utilizados para contabilizar el mineral y el funcionamiento de las zonas de acopio. También revisa las medidas de seguridad, las acciones de la administración para cumplir e informar las metas productivas y los permisos ambientales vinculados a las faenas.
La presencia de Radomiro Tomic en el recorrido no significa que allí se haya acreditado el mismo error que Codelco detectó previamente en otras divisiones. El alcance de la fiscalización es más amplio que los hallazgos de la auditoría interna: busca comprobar en terreno si los registros y controles de la compañía respaldan la información entregada sobre 2025.
Qué detectó Codelco en su auditoría interna
El antecedente directo es una denuncia ingresada el 3 de marzo al canal institucional de Codelco. Tras investigarla, la empresa comunicó el 20 de mayo que materiales de Chuquicamata y Ministro Hales habían sido contabilizados como productos terminados, aunque aún requerían procesamiento.
En Chuquicamata, el hallazgo comprendió 20.000 toneladas métricas de cobre fino contenidas en óxidos. En Ministro Hales, otras 6.875 toneladas métricas de cobre fino contenidas en arsenito de calcio. Las 26.875 toneladas equivalían, en conjunto, a cerca del 2% de la producción propia que Codelco había informado para 2025. La objeción de la auditoría se refería al momento y la categoría en que esos materiales fueron reconocidos como producción terminada.
Codelco concluyó que se habían aplicado incorrectamente normas internas de reconocimiento de producción y criterios de excepción, además de detectar fallas en las aprobaciones exigidas. La compañía señaló que el ajuste afectaba los indicadores productivos y el cálculo de incentivos, pero que no había identificado efectos que obligaran a modificar sus estados financieros auditados de 2025. Anunció, en cambio, notas aclaratorias para las cifras difundidas en su memoria y otras comunicaciones oficiales.
La investigación interna atribuyó responsabilidades a siete ejecutivos y un exejecutivo de la casa matriz y de las divisiones involucradas. Codelco desvinculó a uno de ellos, aplicó amonestaciones y entregó antecedentes al Ministerio Público para que evaluara la eventual existencia de delitos. Esa denuncia no constituye una determinación de responsabilidad penal.
Bonos y otras investigaciones
El error en los registros también abrió una controversia por los pagos ligados a metas de producción. El directorio ordenó recalcular los incentivos variables de 2025 y gestionar, conforme a las normas aplicables, la recuperación de los montos que correspondan. En junio, la empresa informó a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara que ya había abordado la devolución con los ejecutivos involucrados y mantenía conversaciones con las organizaciones de trabajadores y supervisores.
La fiscalización de Contraloría se desarrolla junto con otras revisiones de distinto alcance. En julio, el directorio de Codelco encargó a KPMG una auditoría externa de los reportes de producción de 2024 y 2025; la investigación interna concluida en mayo se había concentrado en las 26.875 toneladas observadas. En la Cámara de Diputadas y Diputados también se constituyó una comisión especial investigadora para reunir antecedentes sobre las discrepancias en las cifras de 2025 y la actuación de los organismos públicos encargados de fiscalizar a la estatal.
Al terminar las diligencias en terreno, la Contraloría deberá elaborar un preinforme de Investigación Especial y remitirlo a Codelco para que responda a las observaciones. Después de examinar esos descargos, emitirá un informe final dirigido a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. Ese informe aún no se ha publicado y, por ahora, la inspección no permite anticipar nuevos hallazgos ni atribuir responsabilidades adicionales.
