El catastro de Sernageomin muestra que más de ocho de cada diez depósitos registrados no reciben relaves. Especialistas piden evaluar cada instalación antes de definir medidas de monitoreo, cierre o recuperación.
Chile registra 654 depósitos de relaves inactivos o abandonados entre las 795 instalaciones incluidas en el catastro difundido por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en enero de 2025. La cifra volvió al debate esta semana, antes del congreso Tailings 2026, por la necesidad de gestionar estas estructuras incluso cuando dejan de recibir residuos de la actividad minera.
Qué muestran las cifras
Del total registrado, 601 depósitos figuran como inactivos y 53 como abandonados. Los otros 141 se distribuyen entre 128 activos, 12 en construcción y uno en revisión. Así, las instalaciones que no están operando representan cerca del 82% del catastro. Se trata de un desglose difundido en 2025, no de 654 depósitos que hayan dejado de operar durante este año.
La diferencia entre inactivo y abandonado es decisiva. Sernageomin define el primero como un depósito que no recibe relaves actualmente, pero tiene un operador responsable. La categoría de abandonado se aplica cuando la instalación no opera y, al momento de catastrarla, no se dispone de un registro de dueños u operadores responsables. Por eso, la cifra conjunta no permite afirmar que los 654 depósitos carezcan de control o de un titular identificado.
La concentración territorial también cuenta. Coquimbo reúne la mayor cantidad de depósitos del país, mientras Antofagasta concentra la mayor masa de relaves autorizada, según los antecedentes presentados junto con la Agenda de Relaves 2025-2026. Contar instalaciones y medir cuánto material almacenan responde a preguntas distintas: un depósito pequeño cercano a viviendas o cursos de agua puede requerir una evaluación diferente de la de una estructura de gran volumen en otro entorno.
El estado del depósito no mide por sí solo el riesgo
Claudio Román, ingeniero geotécnico principal de Ausenco, advirtió que la inactividad no equivale necesariamente a abandono ni a falta de control. A su juicio, la cantidad de instalaciones fuera de operación refleja también la larga historia minera de Chile y los distintos criterios técnicos con que fueron construidas. La respuesta para cada depósito debe considerar sus características, sus condiciones geotécnicas y las consecuencias que tendría una eventual falla.
Esa evaluación exige más que conocer la ubicación y el estado administrativo. Entre los antecedentes relevantes están el volumen almacenado, la altura y construcción de los muros, la presencia de agua, la respuesta ante sismos y la composición del material. Sergio Palma, académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, plantea además que se debe estudiar qué podría ocurrir si el relave llegara a un río, un acuífero o sectores habitados. Algunos materiales pueden generar problemas químicos al entrar en contacto con agua y oxígeno, aunque ese comportamiento no es igual en todos los depósitos.
El monitoreo permite seguir cambios en las condiciones de una instalación y orientar medidas de seguridad. Pero sus resultados requieren interpretación técnica: una lectura aislada de un instrumento no explica por sí sola el comportamiento de un muro o del agua contenida en el depósito. Román propone mantener controles y seguimiento después de la operación, con medidas ajustadas a la situación de cada estructura.
Cierre, remediación y eventual reprocesamiento
El marco chileno regula distintas etapas de estas instalaciones. El Decreto Supremo N.º 248 establece requisitos para los proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de depósitos de relaves. La Ley N.º 20.551, sobre cierre de faenas mineras, exige medidas destinadas a asegurar la estabilidad física y química de las instalaciones conforme a la normativa aplicable. La existencia de esas reglas no elimina el desafío de gestionar depósitos antiguos, construidos bajo condiciones y exigencias de otras épocas.
La Agenda de Relaves 2025-2026 contempla mejorar el catastro y la evaluación de las instalaciones, identificar la titularidad de depósitos abandonados e impulsar programas de reubicación, remediación, reutilización y reprocesamiento. Son líneas de trabajo de la política pública: su formulación no significa que todos los depósitos ya tengan una intervención definida. Para establecer prioridades hacen falta antecedentes técnicos y una evaluación de los posibles efectos sobre las comunidades y el entorno.
El reprocesamiento aparece como una posibilidad para ciertos depósitos que aún podrían contener minerales aprovechables. Román advierte que su viabilidad depende de las características del material y de las condiciones técnicas, ambientales y económicas. Recuperar valor de un relave, por tanto, requiere estudiar cada caso; no puede deducirse únicamente de que una instalación esté inactiva.
