La compañía llevó al 4° Juzgado Civil de Antofagasta al Sindicato Nacional N°2, cinco de sus dirigentes y su asesor legal. La organización cuestiona la competencia de la justicia civil y sostiene que la controversia deriva de una negociación colectiva reglada.
Finning Chile abrió un nuevo frente judicial por la huelga desarrollada en enero de 2026 al presentar una demanda civil por $774,7 millones contra el Sindicato Nacional N°2, cinco integrantes de su dirigencia y el abogado que asesoró a los trabajadores. La compañía atribuye el monto a pérdidas operacionales, menor productividad, gastos extraordinarios y daño reputacional que, sostiene, fueron provocados por bloqueos registrados durante la movilización en Antofagasta.
La acción fue ingresada ante el 4° Juzgado Civil de Antofagasta y está dirigida contra la organización sindical, cinco dirigentes y su asesor jurídico. Finning solicita además los reajustes e intereses que correspondan sobre las indemnizaciones reclamadas.
Las acusaciones planteadas por la compañía forman parte de una causa judicial en desarrollo y no constituyen una determinación de responsabilidad. Corresponderá a los tribunales establecer si los hechos atribuidos a los demandados son acreditados y si existe relación entre esas conductas y los perjuicios económicos reclamados.
Finning atribuye $336,8 millones a efectos sobre contratos vinculados a Escondida
La compañía desglosa el monto reclamado en cuatro componentes.
La mayor partida corresponde a $336,8 millones en pérdidas operacionales relacionadas con servicios para Minera Escondida. A ello se agregan $300,3 millones por merma de productividad, $97,6 millones en gastos extraordinarios y $40 millones por daño reputacional.
En conjunto, estas partidas suman los $774,7 millones solicitados en la demanda.
Finning sostiene que durante la huelga se produjeron bloqueos en los accesos a sus instalaciones del sector La Negra y en la denominada Ruta de la Minería, afectando la continuidad de contratos de servicios y mantenimiento con clientes relevantes de la industria minera.
El tribunal deberá determinar posteriormente si los perjuicios reclamados se encuentran suficientemente acreditados y si pueden ser atribuidos jurídicamente a las personas y organización demandadas.
La huelga comenzó en enero
El conflicto tuvo su origen en el proceso de negociación colectiva entre Finning Chile y el Sindicato Nacional N°2.
La negociación involucró a más de 500 trabajadores y derivó en una huelga después de que las partes no lograran un acuerdo durante las etapas previas del proceso.
Durante la paralización se registraron interrupciones y bloqueos en accesos relacionados con instalaciones de Finning y rutas utilizadas por operaciones mineras de la Región de Antofagasta.
El alcance del conflicto superó las instalaciones de la propia compañía debido al rol que Finning mantiene como proveedor de equipos, repuestos, mantenimiento y soporte técnico para grandes faenas mineras.
En ese período, las restricciones de acceso afectaron actividades vinculadas a clientes de la industria, entre ellos Minera Escondida.
Negociación terminó con acuerdo, pero disputa siguió en tribunales
La paralización concluyó posteriormente mediante un acuerdo entre la empresa y el sindicato, permitiendo retomar las operaciones.
El entendimiento contempló beneficios económicos y modificaciones a determinadas condiciones laborales, cerrando formalmente el proceso de negociación colectiva.
Sin embargo, el acuerdo laboral no puso término a las controversias derivadas de los acontecimientos ocurridos durante la huelga.
Finning inició acciones judiciales relacionadas con los bloqueos y posteriormente presentó la demanda civil mediante la cual busca obtener una indemnización por los perjuicios económicos que afirma haber sufrido.
El litigio mantiene así abierto un conflicto que, en términos laborales, ya había concluido meses antes.
Sindicato cuestiona competencia de la justicia civil
La defensa sindical ha cuestionado que el conflicto sea conocido por un tribunal civil.
Su argumento es que los hechos se produjeron dentro de una negociación colectiva reglada y una huelga legal, por lo que las eventuales controversias derivadas de ese proceso deberían ser analizadas por la justicia laboral.
Este punto podría transformarse en una de las primeras discusiones relevantes dentro del procedimiento, ya que una eventual declaración de incompetencia podría modificar la sede en la que continúe el litigio.
La defensa también cuestiona la atribución individual de responsabilidades y los antecedentes utilizados por Finning para relacionar determinadas conductas con los montos económicos reclamados.
Por ahora, estas posiciones corresponden a los argumentos de las partes y deberán ser resueltas durante el proceso judicial.
Dos frentes judiciales mantienen abierto el conflicto
La controversia se desarrolla actualmente en dos ámbitos.
Por una parte, está la demanda civil de indemnización de perjuicios, cuyo objetivo es obtener el pago de los $774,7 millones que Finning atribuye a los efectos de los bloqueos y la interrupción de sus operaciones.
Paralelamente, existe una acción penal presentada anteriormente y relacionada con los hechos ocurridos durante la huelga.
Ambos procedimientos siguen caminos distintos y no implican por sí mismos que exista responsabilidad acreditada de los demandados.
El caso también muestra la exposición de la industria minera a interrupciones en empresas proveedoras críticas. Finning participa en servicios de mantenimiento, soporte de maquinaria y logística de repuestos utilizados por grandes operaciones, por lo que una paralización de sus instalaciones puede generar efectos que se extiendan hacia distintas faenas.
Qué viene ahora
Uno de los puntos que deberá definirse será si el 4° Juzgado Civil de Antofagasta es competente para continuar conociendo la demanda.
En caso de que el procedimiento siga adelante en esa sede, las partes deberán presentar sus antecedentes respecto de la existencia de los daños, la responsabilidad atribuida y la forma en que fueron calculados los $774,7 millones reclamados.
Hasta que exista una resolución judicial, los montos y responsabilidades expuestos corresponden a alegaciones dentro de un litigio todavía en desarrollo.
La información contenida en esta noticia tiene carácter informativo y no constituye ni representa una opinión de REDIMIN. Los antecedentes pueden estar sujetos a cambios, precisiones o nuevos desarrollos, debido a que se trata de un proceso en actualización constante.
