La minería en aguas profundas llega a un punto de inflexión global: gobiernos y empresas presionan para abrir la explotación comercial del fondo marino en aguas internacionales, mientras crece el bloque que exige una pausa hasta que la ciencia y las reglas alcancen el ritmo de la industria. La discusión se concentra en la próxima ronda de negociaciones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), que sesionará en Kingston, Jamaica, en el marco de su 31ª sesión (9–20 de marzo de 2026).
El choque es institucional y político. Lo que se resuelva en las próximas semanas puede definir si el océano profundo se mantiene bajo un régimen internacional con obligaciones de reparto y control ambiental, o si se abre la puerta a acciones unilaterales con impacto directo en la gobernanza marítima.
Qué se juega en Kingston: el “código minero” que puede habilitar la extracción comercial
El centro de la negociación es el proyecto de “mining code” (reglamento de explotación) que busca establecer condiciones para una eventual minería comercial en áreas más allá de la jurisdicción nacional. En ese marco, el debate no es solo técnico: también es jurídico, porque el fondo marino internacional está amarrado a un régimen multilateral.
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Elección crucial para el futuro de la minería en aguas profundas
En una sesión informativa citada por un reporte de MINING.com, la abogada Samantha Robb (Ocean Vision Legal) advirtió sobre los riesgos legales de operar fuera del sistema ISA y sostuvo que avanzar por vías paralelas tensiona el marco que sostiene el régimen internacional en aguas internacionales.
EEUU acelera una vía doméstica y eleva el riesgo de minería unilateral
El mismo reporte plantea que, en Estados Unidos, una vía regulatoria doméstica impulsada durante la administración de Donald Trump podría habilitar autorizaciones para minería en aguas internacionales. La advertencia central es que ese enfoque choca con el principio que define al fondo marino y sus recursos como “patrimonio común de la humanidad”, lo que implica que cualquier actividad debe contemplar beneficios y resguardos con alcance global, incluyendo a futuras generaciones.
El punto crítico, según lo expuesto en la instancia, es que una explotación unilateral saltaría mecanismos diseñados para asegurar distribución equitativa de beneficios y estándares ambientales, debilitando estructuras de cooperación multilateral.
Moratoria: más apoyo político y evidencia científica con impactos cuantificados
La demanda por contención ganó volumen. El reporte citado señala que a diciembre de 2025, alrededor de 40 países respaldaban una moratoria a la minería en aguas profundas por incertidumbre ambiental y vacíos de gobernanza.
En paralelo, se acumula evidencia experimental. En la Zona Clarion–Clipperton (Pacífico), un estudio reciente midió impactos tras perturbaciones del lecho marino; REDIMIN ya abordó esos resultados en un reporte sobre la caída del 32% en biodiversidad tras un ensayo en Clarion–Clipperton, en una de las señales que hoy alimentan la postura precautoria.
En el plano político, el mismo reporte internacional menciona que Noruega desaceleró sus planes de minería submarina tras oposición interna y presión internacional.
El Tratado de Alta Mar entra en vigor y tensiona el “timing” de la minería
El debate también se cruza con el nuevo marco de biodiversidad en alta mar. La BBNJ (High Seas Treaty) entró en vigor el 17 de enero de 2026, de acuerdo con un comunicado de la Organización Marítima Internacional. El tratado refuerza principios de conservación, evaluaciones de impacto y cooperación, con énfasis en recursos genéticos marinos y en el reparto justo de beneficios.
En el reporte internacional, David Willima (Deep Sea Conservation Coalition) plantea que permitir minería ahora podría debilitar la implementación del acuerdo antes de que despliegue sus herramientas. En esa línea, advirtió: “La minería podría amenazar ecosistemas frágiles, alterar redes alimentarias y dañar hábitats que contienen valiosos recursos genéticos marinos”.
Empresas en movimiento: permisos, defensa y carrera por nódulos en el Pacífico
El interés corporativo volvió a subir en los últimos dos años, en un contexto donde los nódulos polimetálicos (con cobre, níquel, cobalto y manganeso) son presentados como insumos estratégicos para cadenas de baterías y tecnologías.
Movimientos destacados en el radar del sector:
Lockheed Martin reactivó planes vinculados a minería del fondo marino en el Pacífico a través de una subsidiaria en Reino Unido, en medio de la disputa regulatoria; REDIMIN detalló ese regreso en el seguimiento sobre el “renacimiento” de Lockheed Martin en Clarion–Clipperton.
Deep Sea Minerals Corp. se incorporó al Defense Industrial Base Consortium (DIBC), un espacio que conecta gobierno, industria y academia bajo un marco contractual flexible, según el reporte internacional citado.
Impossible Metals solicitó derechos de exploración tanto bajo legislación estadounidense como a través del sistema ISA, apuntando a Clarion–Clipperton; ese cuadro corporativo también fue abordado en el análisis sobre el bloqueo del reparto de beneficios en la ISA.
The Metals Company (TMC) presentó una solicitud de permiso comercial y en junio aseguró una inversión de US$85,2 millones de Korea Zinc; ese movimiento fue reportado en el mismo análisis sobre la ISA y su nudo de beneficios: la ISA y el bloqueo para autorizar minería sin reglas de reparto.
Chile y el efecto mercado: cobre, contratos de exploración y el factor Cochilco
Aunque la discusión ocurre en aguas internacionales, Chile sigue de cerca el debate por su vínculo con metales críticos y por el potencial de que un nuevo suministro altere el equilibrio entre minería terrestre y fuentes alternativas. En esa línea, REDIMIN recopiló estimaciones y contratos vigentes en un informe sobre minería submarina, contratos de exploración y proyecciones de cobre a 2046 citadas por Cochilco.
Asuntos sin cerrar: ambiente, reparto, pueblos originarios y presión por apurar el texto
Pese al calendario apretado, el reporte internacional advierte que el “mining code” sigue incompleto y que quedan definiciones críticas sin resolver. Entre los puntos que siguen abiertos:
Protecciones ambientales y criterios exigibles para operar en ecosistemas de alta fragilidad.
Reglas de reparto de beneficios (quién recibe, cómo se distribuye y bajo qué mecanismo verificable).
Derechos de pueblos indígenas y salvaguardas asociadas a impactos indirectos.
Riesgo de debilitar la gobernanza si el proceso se acelera como respuesta a amenazas de minería unilateral.
En ese marco, el reporte sostiene que una moratoria no detiene la negociación ni la investigación científica, pero sí busca ganar tiempo para cerrar brechas legales y técnicas sin que el texto final quede definido por la presión de corto plazo.
