Durante el primer semestre, el oro de origen ilegal representó cerca del 54% del volumen exportado por Perú. El fenómeno ya trasciende el problema ambiental y amenaza inversiones mineras, recaudación fiscal, seguridad y trazabilidad de uno de los principales productores auríferos de América Latina.
La minería ilegal de oro alcanzó una dimensión inédita en Perú durante 2026. Por primera vez, el volumen de oro exportado asociado a esta actividad superó al proveniente de la producción legal durante el primer semestre, consolidando un cambio estructural que aumenta la presión sobre la industria minera formal y sobre la capacidad del Estado para controlar la cadena de comercialización del metal.
Las estimaciones disponibles muestran que el oro de origen ilegal representó aproximadamente 54% del volumen total exportado durante los primeros seis meses del año, superando en 8,7 toneladas a los envíos asociados a producción legal. Mientras las exportaciones ilegales crecieron 19,4% interanual, las legales disminuyeron 5,9%.
La trayectoria podría profundizarse durante el resto del ejercicio. Para 2026, las proyecciones sitúan las exportaciones ilegales en al menos 110 toneladas, con la posibilidad de superar las 120 toneladas. Eso equivaldría a entre 52% y 55% de todo el oro enviado al exterior por Perú durante el año.
El valor económico involucrado también marca un cambio de escala. Con los elevados precios internacionales del metal, el oro ilegal exportado podría movilizar al menos US$16.000 millones y eventualmente superar los US$18.000 millones en 2026.
El precio del oro acelera el negocio ilegal
El escenario internacional se convirtió en uno de los principales motores de esta expansión.
Durante 2026, el oro ha registrado precios considerablemente superiores a los observados un año antes, elevando el valor de cada tonelada extraída y aumentando los incentivos económicos para operaciones que funcionan fuera de los estándares ambientales, laborales, tributarios y de seguridad exigidos a la minería formal.
El precio promedio acumulado durante el año se ha situado alrededor de US$4.500 por onza, aproximadamente 44% por encima del promedio registrado en igual período de 2025.
Para la minería formal, una cotización elevada mejora márgenes y puede favorecer nuevas inversiones. Para las operaciones ilegales, sin embargo, el mismo fenómeno multiplica los recursos disponibles para financiar maquinaria, combustible, transporte y expansión territorial.
La magnitud alcanzada queda en evidencia al comparar las cifras con 2025. Ese año, las exportaciones peruanas de oro ilegal superaron las 100 toneladas y movilizaron alrededor de US$11.500 millones. Para 2026, el valor podría crecer cerca de 39% incluso utilizando el extremo inferior de las proyecciones actuales.
Un problema que ya afecta a la inversión minera
La expansión de la minería ilegal dejó de ser exclusivamente un problema vinculado a pequeños yacimientos auríferos o zonas remotas de la Amazonía.
El fenómeno comienza a tener consecuencias directas sobre el desarrollo de la minería formal peruana.
Estimaciones recientes identifican una cartera cercana a US$12.000 millones en proyectos mineros potencialmente afectados por la expansión de actividades ilegales, principalmente por conflictos territoriales, ocupación de concesiones, inseguridad y dificultades para desarrollar exploraciones y proyectos bajo condiciones normales.
El desafío resulta especialmente relevante para Perú debido al peso de la minería dentro de su economía y a su posición internacional como productor de cobre, oro, zinc, plata y otros minerales.
También existen señales de expansión hacia otros commodities. La minería ilegal ha estado históricamente concentrada en el oro, donde las barreras de entrada son menores y el mineral puede comercializarse con relativa facilidad. Sin embargo, ya existen estimaciones que sitúan al cobre ilegal en hasta 5% de las exportaciones peruanas de ese metal durante 2024.
La situación introduce un nuevo riesgo para una industria que requiere inversiones de largo plazo y altos estándares de trazabilidad para abastecer cadenas internacionales cada vez más exigentes.
La brecha entre producción y exportaciones
Uno de los elementos centrales del problema está en la diferencia entre el oro cuya producción puede ser acreditada formalmente y el volumen que finalmente aparece registrado en las exportaciones.
La comparación entre producción declarada y exportaciones permite dimensionar el volumen cuya procedencia no puede asociarse a productores formales.
A ello se suma otro flujo difícil de cuantificar: el oro que abandona Perú mediante contrabando hacia países vecinos. Por esa razón, las estimaciones basadas exclusivamente en exportaciones registradas podrían incluso subestimar la verdadera escala de la actividad.
Bolivia aparece como uno de los puntos relevantes dentro de estas rutas, junto con otros países fronterizos.
Al mismo tiempo, el rápido crecimiento de empresas dedicadas al procesamiento y comercialización aumenta la complejidad de seguir el mineral desde el lugar de extracción hasta su exportación.
La trazabilidad se convierte así en una pieza crítica. Una vez que el oro ilegal ingresa a determinados circuitos de procesamiento o comercialización, identificar su origen puede resultar considerablemente más difícil.
REINFO y el desafío de la formalización
El Registro Integral de Formalización Minera, conocido como REINFO, permanece en el centro de la discusión peruana.
El mecanismo nació para facilitar la transición de pequeños productores hacia la legalidad. Sin embargo, sus sucesivas extensiones y las dificultades para completar efectivamente los procesos de formalización han generado cuestionamientos respecto de su capacidad para separar a los mineros que buscan regularizar sus operaciones de quienes utilizan esa condición para mantenerse operando sin cumplir plenamente las exigencias correspondientes.
El problema es particularmente complejo porque minería informal y minería ilegal no son conceptos equivalentes.
Existen pequeños productores que operan en procesos pendientes de formalización, mientras otras actividades se desarrollan directamente en áreas prohibidas, territorios indígenas, zonas protegidas o mediante métodos que incumplen abiertamente la legislación.
Esa diferencia obliga a combinar fiscalización, trazabilidad, formalización efectiva y presencia territorial del Estado.
Impacto ambiental y crimen organizado
Madre de Dios continúa siendo uno de los principales símbolos de la expansión de la minería aurífera ilegal en Perú.
La extracción mediante dragas y maquinaria pesada ha transformado extensas superficies amazónicas, alterando cursos de agua y dejando terrenos degradados después del procesamiento de sedimentos.
El uso de mercurio constituye otro de los mayores impactos. Se estima que alrededor de 180 toneladas de este metal pueden terminar anualmente contaminando cursos de agua peruanos, generando riesgos para ecosistemas y comunidades que dependen de los recursos fluviales.
La actividad también se ha vinculado progresivamente con organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos, extorsión, contrabando y control territorial.
Entre 2021 y 2025, la minería ilegal representó cerca del 60% del valor involucrado en investigaciones financieras relacionadas con actividades ilícitas en Perú, muy por encima de otras economías criminales tradicionalmente asociadas al país.
La combinación de oro caro, territorios con baja presencia estatal y mecanismos deficientes de trazabilidad ha permitido que la extracción ilegal alcance una escala económica difícil de enfrentar únicamente mediante operativos policiales.
Una presión creciente sobre la minería formal peruana
El avance del oro ilegal plantea finalmente una discusión que supera las toneladas producidas.
Perú dispone de una amplia base geológica y una cartera de proyectos capaz de sostener durante décadas su posición entre las principales jurisdicciones mineras del mundo. Sin embargo, la coexistencia entre grandes inversiones reguladas y una economía minera ilegal de miles de millones de dólares genera una distorsión cada vez mayor.
Las compañías formales deben cumplir permisos ambientales, obligaciones tributarias, estándares laborales, relaciones comunitarias, planes de cierre, controles de seguridad y crecientes exigencias internacionales sobre el origen responsable de los minerales.
Las operaciones ilegales funcionan fuera de buena parte de esos costos y controles.
Con más de la mitad del volumen aurífero exportado potencialmente asociado a producción ilegal durante 2026, el desafío para Perú ya no consiste solamente en recuperar áreas afectadas o perseguir operaciones individuales.
La capacidad para establecer trazabilidad efectiva del oro, completar procesos reales de formalización y recuperar control territorial será determinante para evitar que la economía ilegal continúe desplazando a la producción minera regulada.
Para la industria regional, el caso peruano también representa una advertencia: en un mercado de precios excepcionalmente altos, la falta de control sobre la cadena del oro puede convertir rápidamente una actividad informal localizada en un problema económico, ambiental y de seguridad con dimensiones nacionales.
REDIMIN Responde
¿Qué porcentaje del volumen de oro exportado por Perú en el primer semestre de 2026 provino de fuentes ilegales?
Durante el primer semestre de 2026, el oro de origen ilegal representó cerca del 54% del volumen exportado por Perú.
¿Cuánto crecieron las exportaciones ilegales de oro en Perú en comparación con el año anterior?
Las exportaciones ilegales de oro crecieron un 19,4% interanual durante el primer semestre de 2026.
¿Cuál es la proyección de exportaciones ilegales de oro en Perú para todo 2026?
Para 2026, se proyecta que las exportaciones ilegales de oro en Perú alcancen al menos 110 toneladas, con la posibilidad de superar las 120 toneladas.
¿Cuál es el valor económico estimado del oro ilegal exportado por Perú en 2026?
El oro ilegal exportado por Perú en 2026 podría movilizar al menos US$16.000 millones y eventualmente superar los US$18.000 millones.
¿Qué impacto tiene la minería ilegal en la inversión minera formal en Perú?
La expansión de la minería ilegal afecta el desarrollo de la minería formal en Perú, con una cartera de proyectos potencialmente afectados por conflictos territoriales y ocupación de concesiones, estimada en cerca de US$12.000 millones.
