GEM Mining Consulting advierte que los incentivos para financiar la exploración podrían generar más costos que beneficios si no van acompañados de exigencias técnicas, datos geológicos públicos y reglas que favorezcan el trabajo efectivo en las concesiones.
La propuesta del Gobierno para abrir el mercado de capitales a las mineras junior enfrenta sus primeras objeciones durante su tramitación en el Congreso. GEM Mining Consulting calculó que, si el componente minero del proyecto conocido como MK4 se aplicara de manera aislada, produciría un valor social neto negativo de US$434 millones en valor presente. Es una estimación sobre un escenario posible, no una pérdida fiscal registrada ni una evaluación oficial de Hacienda.
La consultora plantea que el costo de los incentivos tributarios y de su cumplimiento podría superar los beneficios de la exploración adicional que estos consigan estimular. Su advertencia apunta a una pregunta central para la reforma: cuánto del capital atraído financiará trabajos que no se habrían realizado sin el nuevo régimen.
Qué propone el proyecto para las mineras junior
El MK4 contempla un estatuto para empresas de exploración minera que buscan financiamiento en una etapa de alto riesgo, cuando todavía no existe una mina en operación. La propuesta permitiría a las bolsas crear un segmento especial, sujeto a la aprobación de la Comisión para el Mercado Financiero, con exigencias de información ajustadas al desarrollo de estas compañías.
También considera la figura de un agente patrocinador, encargado de acompañar al emisor y verificar el cumplimiento de sus obligaciones. En materia tributaria, el Ejecutivo propone un mecanismo para traspasar a los inversionistas los gastos asociados a la exploración temprana en áreas nuevas o greenfield. Ninguna de estas disposiciones está vigente: el proyecto, ingresado el 9 de septiembre, permanece en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Para las empresas junior, cuyo negocio consiste en reunir capital para buscar y estudiar yacimientos, acceder a una bolsa podría ampliar las fuentes de financiamiento. GEM sostiene, sin embargo, que atraer inversionistas no basta para asegurar nuevos descubrimientos: el resultado dependerá de que los recursos lleguen a campañas adicionales y produzcan información geológica útil, incluso cuando una exploración no encuentre un depósito explotable.
Tres escenarios para medir el efecto
La diferencia entre los escenarios elaborados por GEM es amplia. Con la ley aplicada de forma aislada, la consultora estima un saldo social negativo de US$434 millones en valor presente y un resultado anual negativo de US$68 millones en 2035. Si al régimen se agregan exigencias de reportabilidad técnica, el valor presente estimado pasa a ser positivo en US$309 millones, con un beneficio anual proyectado de US$83 millones para 2035.
En un tercer escenario, que incorpora además datos geológicos públicos, reglas para las concesiones y permisos previsibles para la exploración temprana, GEM calcula un valor social neto positivo de US$2.138 millones. Para 2035, el beneficio anual estimado llegaría a US$441 millones. Las cifras comparan diseños posibles de la política; no son ingresos fiscales comprometidos ni inversiones aprobadas.
El análisis divulgado no desagrega cuánto de cada resultado correspondería específicamente al fisco. Por eso, el saldo negativo de US$434 millones no debe leerse como una proyección de menor recaudación por ese mismo monto: el indicador presentado por la consultora reúne costos y beneficios sociales más amplios.
Por qué importa la exploración temprana
Chile presupuestó US$874,7 millones para exploración minera en 2025, US$80,7 millones más que en 2024, de acuerdo con Cochilco. El total no se distribuyó de manera uniforme: US$449,3 millones correspondieron a exploración en minas existentes y US$206,5 millones a exploración inicial. Las grandes compañías concentraron el 78,9% del presupuesto, mientras que las junior representaron el 14,8%. Se trata de presupuestos de exploración, no de una medición de gasto ejecutado.
Esa composición ayuda a entender el objetivo del MK4. La exploración cerca de operaciones conocidas permite extender su vida útil o identificar recursos próximos; la búsqueda inicial asume mayor incertidumbre y puede abrir oportunidades en zonas nuevas. El proyecto intenta atraer capital privado hacia esa etapa, donde una campaña puede terminar sin un hallazgo comercial.
GEM propone vincular los beneficios tributarios a gastos exploratorios comprobables, exigir informes técnicos comparables y facilitar que los datos geológicos generados puedan reutilizarse. También plantea revisar la relación entre incentivos y concesiones para favorecer el trabajo efectivo, además de dar plazos más previsibles a los permisos de campañas tempranas de bajo impacto. Son propuestas de la consultora para complementar el MK4, no disposiciones aprobadas de la ley.
La Comisión de Hacienda de la Cámara mantuvo el proyecto en discusión esta semana. Para el 23 de septiembre convocó nuevas exposiciones sobre la reforma, identificada como boletín 18.643-05 y tramitada con urgencia suma.
